La "guerra fría" peruana contra los Pueblos Indígenas

La propaganda del Gobierno tiene como finalidad promover el modelo de desarrollo de libre mercado, con especial énfasis en el comercio y la explotación de los recursos naturales. García ha emitido una serie de decretos encaminados a implementar el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Perú (TLC) con el propósito de abrir el Amazonas a la explotación y exploración de sus recursos naturales. Un estudio reciente muestra que García tiene proyectadas concesiones en favor de compañías petroleras y gasíferas que afectan a más del 72% de la Amazonía peruana.

En este proceso, la administración de García ha colocado su ideología de libre mercado en senda de colisión contra los derechos colectivos de los grupos indígenas a sus tierras y recursos naturales, derechos protegidos por el derecho internacional. No obstante, su plan sufrió un gran revés por la respuesta del Gobierno a la oposición y la represión brutal contra los indígenas que participaban de la protesta. Una encuesta reciente arrojó como resultado que el 92 por ciento de los peruanos apoyan la causa indígena en contra de los decretos de la Amazonía.

Los decretos más despreciables de García fueron revocados. Pero el Gobierno aún continúa el conflicto de baja intensidad contra los grupos indígenas. Una de las tácticas principales a las que García ha recurrido es la de asociar a los grupos indígenas con Hugo Chávez y Evo Morales. En una reciente declaración, claramente aludiendo a sus rivales de tendencia izquierdista, García dijo: "Perú afronta una guerra fría, en la que participan gobernantes extranjeros".

Pero ya antes de la violencia ocurrida en el Amazonas, la guerra fría real fue la lanzada por García contra los Pueblos Indígenas del Perú. La batalla en el Amazonas fue la culminación violenta de meses de hostigamiento y conflicto de baja intensidad. A pesar de la ferviente oposición, parece ser que García sigue intentando sacar adelante su impopular agenda.

La Guerra de Propaganda

Incluso antes de la implementación formal del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos el pasado mes de febrero, García ya había sentado los cimientos de su guerra fría. En octubre de 2007, el Presidente escribió un artículo en el diario El Comercio titulado "El síndrome del perro del hortelano". El artículo compara a los defensores de los recursos naturales con el perro que no come ni deja comer. Además de insinuar la comparación racista entre indígenas y perros, García culpó a sus oponentes - señalando a los indígenas - de obstaculizar el desarrollo del Perú gracias al capital extranjero.

Desde que el Congreso Peruano ratificara el Tratado de Libre Comercio, García se ha enfrentado dos veces con los grupos indígenas a causa de los recursos naturales de sus territorios. En ambas ocasiones -en agosto de 2008 y la reciente protesta de junio- los decretos de García dieron lugar a amplias protestas públicas, lideradas principalmente por la Asociación Interétnica de Desarrrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que es la mayor organización nacional de las Comunidades Indígenas de la Amazonía. El Presidente respondió a ambas protestas suspendiendo las garantías constitucionales en las respectivas provincias y con el despliegue masivo de las fuerzas policiales en esas regiones.

García también efectuó declaraciones con la intención de amedrentar a los peruanos, quienes tan sólo ahora han comenzado a recuperarse de los veinte años de violencia política. Evocó las imágenes de insurgentes armados y peligrosos con la intención de presentar las protestas indígenas como parte de un complot más amplio dirigido a desestabilizar el país. Recurrió al lenguaje de la brutal guerra civil peruana, en la cual 75,000 personas perdieron sus vidas de manera absurda culpando al "Comunismo Internacional" de las protestas.

Incluso un General de la Policía Nacional del Perú llegó a culpar a los manifestantes indígenas de haber disparado contra un helicóptero, hecho que realmente ocurrió a cientos de millas de distancia en un incidente con el grupo guerrillero, financiado con dinero del narcotráfico, Sendero Luminoso, de acuerdo con la Revista Ideele. La deliberada mezcla de ambos eventos fue un claro intento de establecer una correlación entre los indígenas participantes en las protestas y el grupo armado que aterrorizó Perú durante muchos años.

La amenaza comunista

La administración de García hizo descabelladas acusaciones en el sentido de que detrás de las protestas estaban el principal partido de oposición y los gobiernos de Bolivia y Venezuela. Asimismo, en un aparente intento de debilitar a la oposición política, una dirigente del Gobierno y miembro del Comité de Ética del Congreso declaró su intención de investigar si había suficientes pruebas para actuar contra los legisladores de la oposición que tuvieran lazos con Alberto Pizango, Presidente de Aidesep. El líder indígena fue recientemente forzado a abandonar Perú después de que el Gobierno presentara cargos de rebelión y sedición en su contra por la violencia en Bagua, lugar que fue el epicentro de las recientes movilizaciones.

García ha retratado las protestas como parte de un complot iniciado por Venezuela y Bolivia, pero ha admitido públicamente que no existen pruebas de tales acusaciones. El Primer Ministro Yehude Simon, quien ha sido una figura clave de la campaña propagandista del Gobierno, se hizo eco de que éstas carecían de fundamento. (En medio de la presión pública, Simon ha sido reemplazado). Para Simon, todo esto fue parte de una vasta conspiración mediante la cual los gobiernos Boliviano y Venezolano trataron de debilitar la industria de Hidrocarburos del Perú en un intento de estimular sus propias industrias.

García ha respaldado estas acusaciones con acciones. Su administración ha lanzado recientemente una investigación contra Aidesep por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El Presidente modificó el alcance de la APCI a través de una ley de 2006 que fue duramente criticada, dado que aumentaba notablemente el control del Gobierno sobre las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Ésta es la segunda vez que Aidesep está siendo investigada por la APCI.

Las maquinaciones legales

El mandato de la APCI incluye el monitoreo de los proyectos y actividades de las ONGs para garantizar que los mismos sean conformes a los objetivos de desarrollo del Gobierno: en el caso de la administración de García, libre mercado y explotación de los recursos naturales. Como parte de este proceso, la agencia requiere que las ONGs que reciben financiación internacional y ciertos beneficios del Estado se registren ante ella. La norma también introduce nuevos mecanismos de ejecución que permiten a la agencia imponer sanciones pecuniarias a las ONGs -e incluso revocarles su personalidad jurídica, impidiendo así que se beneficien de fondos exteriores- por incumplimiento de la obligación de registro ante la ACPI y de las directivas de desarrollo del Gobierno. En septiembre de 2007 una decisión emitida por el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta ley parcialmente, pero muchas de las disposiciones introducidas por García siguen vigentes.

Mapa de las comunidades afiliadas a Aidesep

La coincidencia de las investigaciones y declaraciones realizadas por representantes de la APCI pone de relieve la existencia de fuertes motivaciones políticas. La primera investigación de la APCI fue lanzada en agosto de 2008, al tiempo que se estaban llevando a cabo intensas negociaciones entre los indígenas participantes en las protestas y el Gobierno. En aquel momento, el Director Ejecutivo de la APCI, Carlos Pando, advirtió a las ONGs que se abstuvieran de involucrarse en conflictos sociales porque esto iba en contra de la naturaleza de su trabajo. Expresó su preocupación acerca de la influencia que ciertas ONGs tenían sobre las comunidades indígenas al alimentarles con falsa información que a menudo terminaba con protestas contra las acciones del Gobierno. Asimismo advirtió que este tipo de actividades podrían conducir a la revocación de la personalidad jurídica de las ONGs. A finales de agosto, sin embargo, el Congreso rechazó los controvertidos decretos y la investigación iniciada por la APCI concluyó sin resultados.

La segunda investigación fue anunciada en mayo de 2009, justo en medio de los 60 días de paralización en el Amazonas. El anuncio de la misma provocó amplio rechazo e indignación entre los grupos de derechos humanos por sus manifiesta arbitrariedad. Los críticos de esta medida subrayaron que a la APCI le estaba rigurosamente prohibido emplear su autoridad fiscal para amenazar el trabajo diario de las ONGs. De igual manera, afirmaron que la segunda investigación de la APCI violaba las promesas de objetividad realizadas por el Gobierno en octubre de 2008 en el transcurso de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C.

Simultáneamente, la administración intentó presentar a los indígenas como una amenaza a la seguridad nacional del país; una vez más García tildó a los indígenas que realizaban las protestas como gente simple que no entendía el verdadero propósito de los decretos que abren la selva a la extracción de los recursos naturales. García afirmó que en lugar de dañar las tierras indígenas, los decretos se concibieron para proteger el Amazonas de los cocaleros, de la contaminación originada por la minería ilegal y de la deforestación ilegal. Estas afirmaciones fueron repetidas en proclamas publicadas por las embajadas peruanas en el exterior, seguramente con la intención de acallar la gran recriminación global que estaban provocando las acciones del Gobierno peruano.

La complicidad de los medios de comunicación peruanos.

Los medios de comunicación nacional, a menudo acusados de representar los intereses del poder político y económico, apoyaron el estereotipo racista contra los comunidades indígenas. Los indígenas fueron rutinariamente mostrados como analfabetos o mal preparados y, por lo tanto, no cualificados para participar en ningún debate nacional sobre el futuro del país.

Un ejemplo concreto y deplorable fue la publicación en portada de la foto de la congresista indígena Hilaria Supa, representante por Cuzco, que apareció en el diario El Correo de 17 de abril de 2009. La foto, publicada en medio de las protestas de los meses de abril y mayo, muestra de cerca las notas tomadas por ella a mano y que obviamente fueron publicadas para ridiculizar a la congresista indígena quechua hablante por su ortografía en castellano.

El artículo que acompañaba a esta foto venía a insinuar que el limitado conocimiento del castellano por parte de la Congresista probaba su falta de preparación para el cargo, puesto que sólo logró, según el diario, por política racial. Los ataques de los medios de comunicación contra la credibilidad de Supa no se detuvieron ahí. También hicieron referencia a sus posiciones previas contra la administración de García, por su política agresiva de libre mercado, como ejemplo de su "pobre" trabajo como congresista. García se hizo eco de esos sentimientos cuando se refirió a los indígenas de las protestas como "ciudadanos de segunda clase" que se atreven a bloquear el progreso peruano.

El fracaso total de García.

A pesar de sus esfuerzos, García parece haber perdido otra batalla en su larga guerra fría contra los grupos indígenas. Una vez más, el Congreso peruano ha decidido rechazar los controvertidos decretos del Amazonas - acción que ahora García afirma apoyar en nombre de la unidad nacional. Pero la guerra fría continúa y podría intensificarse en una batalla abierta, como ocurrió la última vez que el Gobierno provocó a los indígenas para que protestaran.

A finales de junio, un comité del Congreso aprobó una modificación a la ley sobre la APCI que nuevamente permite un amplio control del Gobierno sobre las ONGs. La nueva enmienda permite a la agencia regular la financiación privada de origen extranjero. La ley también prohíbe expresamente a las ONGs hacer cualquier tipo de declaración que incite a la violencia, un parámetro increíblemente amplio que podría ser usado para criminalizar a las ONGs, así como para imponer límites a su derecho a la libertad de expresión y asociación.

Rolando Souza, aliado en el congreso del deshonrado y encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, usó la violencia de Bagua como ejemplo de por qué el Gobierno debería monitorear el financimiento exterior de los grupos locales. Souza señaló a Aidesep como la razón principal de esta iniciativa legislativa. No obstante, quienes vienen haciendo estas acusaciones no han presentado aún evidencia alguna que apoye tales declaraciones sobre la participación extranjera.

Mientras tanto, una encuesta de junio indicaba que el apoyo a la gestión de García había caído a 21 por ciento. Amplios sectores de la sociedad peruana continúan tomando las calles en protesta por la política de la administración García. En Cuzco, recientemente los campesinos declararon una huelga general en protesta contra el otorgamiento de concesiones mineras por un total del 70 por ciento de su provincia. Los manifestantes reclamaban también la promulgación de una nueva ley de recursos hídricos que declare los recursos hídricos de interés nacional y que su uso esté regulado por el Estado. Nuevamente el Gobierno envió tropas para disolver las protestas, acción que ocasionó la muerte de un campesino.

El Gobierno continúa también afrontando las repercusiones de los eventos ocurridos en Bagua. El 10 de julio, la Defensoría del Pueblo anunció una investigación sobre la desaparición de Lewis Wassum, un miembro de una comunidad indígena del Amazonas. La última vez que lo vieron fue en una fotografía publicada el 8 de junio, donde aparece esposado mientras lo trasladaban a una estación policial. El Gobierno y algunos líderes indígenas también han llegado a un acuerdo para iniciar una investigación sobre los hechos de Bagua.

Aún queda la interrogante de si el Presidente continuará o no con su guerra fría contra los pueblos indígenas del Perú . Pero una cosa parece cierta: su administración se ha negado a dar marcha atrás en su objetivo de extraer los recursos naturales del Amazonas, sin importar las consecuencias. A menos de dos semanas de la violencia en Bagua, hechos que algunos grupos de derechos humanos han llamado el Tianamen del Amazonas, el Gobierno ha dado luz verde a una empresa petrolera francesa para que inicie la perforación de pozos en un aérea del Amazonas habitada por grupos indígenas jamás antes contactados.

Stephen Corry, el director de "Survival International", que defiende los derechos indígenas a nivel internacional, dijo: "quien hubiera esperado que la violencia espantosa de las últimas semanas fuera a hacer que el Gobierno peruano fuera algo más sensible hacia los pueblos indígenas del Amazonas, estará realmente consternado ante esta noticia".

Corry continuó, "Las circunstancias no podrían ser peores - el Gobierno está tratando de presentar una imagen pública más amigable, pero en lo que concierne a las empresas petroleras, todo sigue como de costumbre".

15 de julio de 2009
Kristina Aiello

Kristina Aiello es investigadora asociada del Congreso Norteamericano sobre América Latina (NACLA por sus siglas en inglés) y activista de derechos humanos. Este artículo fue publicado originalmente el 15 de julio de 2009 en inglés en el sitio web de NACLA bajo el título "Peru's 'Cold War' Against Indigenous Peoples": https://nacla.org/node/5995

Fuente: Derechos