La comida en la mesa de los municipios del cambio

En la larguísima lista de imputados por prevaricación administrativa y urbanística de los últimos años hay un nombre que no cuadra. Las razones que lo llevaron a esa situación son diametralmente opuestas a las del resto.

Es el caso de Alberto Cañedo, exalcalde de Carcaboso, una localidad extremeña de mil habitantes. Cañedo fue elegido en 2005 al frente de una plataforma vecinal convertida en partido. Diez años después fue inhabilitado y multado con 37.000 euros, acusado de no responder en tiempo y forma las nada menos que 700 peticiones de información lanzadas por la oposición en solo dos años.

Según las organizaciones que denunciaron este acoso, mucho tenía que ver su empeño por intentar una política social, ambiental y alimentaria diferente. Durante su mandato, este pueblo se negó a privatizar el agua, se declaró contrario al TTIP y a los transgénicos —con un programa de sensibilización sobre “los peligros que tiene perder la propiedad de las semillas”—, y creó empleo en huertos sociales convirtiéndolos en productivos.

Tras los resultados de las elecciones de mayo de 2015, donde plataformas ciudadanas llegaron a las alcaldías de cientos de municipios, iniciativas transformadoras como las de Carcaboso se han replicado a lo largo de toda la geografía española.

Este fue precisamente el tema sobre el que versó el último foro de Plataforma Rural, la principal red estatal de organizaciones ecologistas, campesinas y de soberanía alimentaria, bajo el nombre “Municipalismo transformador por un mundo rural vivo”.

“La ciudad nos necesita, nuestros campos producen los alimentos, nuestras gentes guardan la tierra, los paisajes y la salud del planeta”, afirmaba el manifiesto final del encuentro, donde el tejido rural y agrario se posicionó como pieza imprescindible en los procesos que se impulsan en pueblos y ciudades para transformar el sistema alimentario.

Laura Arroyo, alcaldesa de Talaveruela de la Vera (Cáceres), afirma que las ciudades tienen la capacidad de devolver al mundo rural su potencial económico, aunque admite que le da “un poco de miedo” que el campo se vuelque a producir en exclusiva para las grandes urbes.

“En realidad habría que construir canales cortos de comercialización, y el primer paso sería hacerlo dentro de la propia comarca. Si luego, además, sobra y se puede llevar a la ciudad, pues fenomenal”, agrega Arroyo. Para esta alcaldesa, que también estuvo presente en el foro, la producción local y el consumo de cercanía son clave para las políticas alimentarias, ya que es más fácil reconocerse en “territorios con características naturales, geográficas e históricas comunes”, donde las necesidades son similares y puede haber entendimiento más allá del partido que gobierne cada municipio.

La falta de población que caracteriza el medio rural limita la puesta en marcha de muchas iniciativas. “Para atraer nuevos pobladores, impulsamos un banco de tierras y también incentivamos el alquiler de casas, pero nos encontramos con un obstáculo grande: los miedos de los propietarios a ceder tierras en desuso o a alquilar las casas cerradas. Existe mucha desconfianza y esto implica trabajar en transformar prejuicios y actitudes que vienen de muy atrás. Cambiar esto lleva su tiempo”, señala Arroyo.

En las ciudades:

Los proyectos más frecuentes y visibles han sido los grupos de consumo responsable, los huertos urbanos o los mercados agroecológicos. “En Zaragoza, el mercado agroecológico supuso un antes y un después”, cuenta Mónica Herrera, de Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria. “Empezó en 2009, y, con su proceso, los colectivos de base que lo impulsaron se fortalecieron y estrecharon su relación con el Ayuntamiento, sobre todo gracias a los obstáculos que hubo que superar, con la oposición, con el comercio minorista…”.

En este contexto, en 2013 el Ayuntamiento de Zaragoza recibió fondos de la UE para el proyecto Huertas Life km 0. Esta iniciativa, llevada a cabo con esas mismas organizaciones, “permitió invertir en la promoción de la huerta creando una marca para el producto local, montar una escuela de agroecología, facilitar la incorporación al sector agrario o el acceso a la tierra”, expone Mónica, que formó parte del equipo de trabajo.

Iniciativas como estas se multiplican por todo el territorio. Más de 80 organizaciones del Estado español han suscrito la Carta por una soberanía alimentaria desde nuestros municipios, lanzada en el I Congreso de Economía Social y Solidaria de 2014. Un año después, una preocupación similar parecía llegar a las instituciones con la firma del llamado Pacto de Milán, en el que ciudades de todo el mundo se comprometen a promover sistemas alimentarios sostenibles.

Para Daniel López, de la Fundación Entretantos, muchas ciudades se han sumado porque consideran importante diferenciarse del gobierno anterior y un compromiso así se lo permite. Sin embargo, se encuentran con una dificultad general y es que ninguna de ellas tiene un departamento dedicado específicamente a las políticas alimentarias, y muy a menudo los medios para ponerlo en marcha son insuficientes. Entonces, explica López, “se trata de una política sin presupuesto, sin personal, que sale de la nada”.

Sea como sea, como en tantos otros aspectos, “los resultados siempre van a depender de los recursos que se pongan, y hasta ahora están siendo muy pocos”, afirma. “Van a ser procesos de largo recorrido y va a depender mucho del trabajo, de la presión y del apoyo que haya desde las organizaciones sociales y el sector agrario”, concluye Daniel.

La clave, los movimientos:

Desde la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba prefieren hablar en términos de transición. “En Córdoba, la firma del Pacto fue impulsada por la sociedad civil y los productores, que exigieron que en la declaración del pleno se explicitara la dotación de presupuesto y la obligatoriedad de la participación ciudadana”, explica David Gallar, integrante de este movimiento.

“No queremos vincular este proceso solo a quienes consumen ecológico, queremos trabajar el derecho a la alimentación y abrir nuevas vías con el pequeño comercio vecinal, con el consumo social, la ayuda alimentaria y los comedores populares y autogestionados”, dice.

Mónica identifica avances en los últimos años. Según ella, la población de Zaragoza se ha acercado a la huerta y hay mucha más sensibilidad sobre la procedencia de los alimentos. “Sin embargo, no se ha hecho nada que haya restado poder a las grandes empresas. Al revés, llegan a aprovecharse de este auge. Tratamos de verle la parte positiva: las grandes superficies pueden ser la puerta de entrada a este mundillo para gente que luego puede ir mirando otras cosas, como favorecer al productor local”, añade.

Quim Muntané, que desde la plataforma Llaurant Barcelona participa en el proceso que se lleva adelante en esta ciudad, coincide en la necesidad de enfrentarse con la raíz del problema: “No se trata solo de hacer huertos o introducir criterios de proximidad en la compra pública de alimentos, es necesaria valentía política y cuestionarse el sistema alimentario existente, identificar las piezas clave que posibilitan que haya alimentos kilométricos o agricultura intensiva sin campesinos. Por ejemplo, el papel de las grandes centrales de compra municipales, ‘los mercas'”.

Para Muntané, no comprometerse de forma clara con un sistema alternativo supone mantener el modelo alimentario actual. Porque, finalmente, de lo que se trata, continúa, “no es de pequeñas reformas, sino de transformar la alimentación, no solo por nuestra salud, sino para conseguir economías relocalizadas, para cambiar las relaciones entre las personas y con el territorio”.

Todas las iniciativas de base que acompañan estos procesos coinciden en la importancia de que se les reconozca como actores con capacidad de interlocución. En este sentido, Mónica insiste en el papel fundamental de los movimientos sociales: “Por mucho que el gobierno municipal esté por la labor, se necesita gente que esté interpelando, vigilando, denunciando y proponiendo”.

El consejo alimentario municipal:

Los consejos alimentarios, donde convergen la Administración local, organizaciones de consumidores, sindicatos agrarios, colectivos de base y empresas de distribución, se perfilan como una pieza clave para definir las políticas alimentarias. Valencia ha sido la primera ciudad en ponerlos en marcha, centrándose en cambiar los hábitos de la ciudadanía, potenciar los productos de proximidad en los mercados municipales o crear menús con productos de la huerta en escuelas.

Compra pública:

Los ayuntamientos pueden dar ejemplo en la construcción de un nuevo sistema alimentario aplicando criterios de proximidad y origen ecológico a los alimentos que compran para espacios de gestión pública. Esta herramienta permite fortalecer el tejido agrario y ya se está utilizando en Iruña, donde se han incorporado estos criterios en la gestión de los comedores del organismo autónomo de las Escuelas Infantiles Municipales.

Estrategias alimentarias municipales:

La ‘Carta por una soberanía alimentaria desde nuestros municipios’, definida en Zaragoza en 2014, es una propuesta de los movimientos que ha sido fundamental para estimular y orientar los primeros pasos de muchos ayuntamientos en la necesidad de incidir de una manera determinante en los circuitos agroalimentarios. Los colectivos sociales demandan que las ciudades elaboren estrategias claras en este sentido, que coordinen y den coherencia a la organización de un sistema alimentario propio, como ha hecho recientemente Barcelona.

- Reportaje realizado por la revista Soberanía Alimentaria en colaboración con la Fundación Mundubat. Desde 1988, Mundubat coopera con asociaciones y comunidades del Sur desde tres ejes de trabajo: género, derechos humanos y soberanía alimentaria. Este reportaje inaugura la colaboración entre Revista Soberanía Alimentaria y El Salto.

- Ilustración por Pau Valls.

Fuente: Saltamos.net