Jesús Osorio: “estamos ante una política sistemática de asedio a los campesinos”

En el marco de esta protesta, entrevistamos al dirigente campesino y vocero de la Plataforma de la Lucha Campesina, Jesus Osorio, con quien discutimos a profundidad algunos aspectos fundamentales para comprender el estado actual de la lucha por las tierras en Venezuela y la denuncia que hacen sobre el retorno del latifundio en el país.

¿Cuál es la situación actual de las tierras en Venezuela? ¿Tierras y hombres libres?

Si hay que hablar de la situación actual de las tierras en el país, Jesús Osorio propone un antes y un después en el proceso bolivariano. En primer lugar, la que considera una muy significativa ‘avanzada revolucionaria’ hacia un país libre de latifundio y potencialmente agroproductivo, impulsada por el Presidente Chávez y contando con instituciones del Estado como el Ministerio de Agricultura y Tierras y el INTI como principales operadores de esta política.

Osorio insiste en que el marco legal venezolano contempla que la tierra es de quien la trabaja. Y más allá de una mera consigna, “la ley dice claramente que todas las tierras improductivas y ociosas se deben devolver al campesino, y así lo cumplió Chávez”.

Los críticos más adversos de esta política, y quienes se vieron afectados por ella, principalmente latifundistas, la señalaron como populista, diciendo que “de manera desmedida el Presidente había entregado la tierra a los campesinos”.

A decir de Osorio, este proceso toma un giro, “la muerte del Presidente Chávez arrecia una acción que contrarrestó toda esa avanzada revolucionaria”.

“Hemos denunciado cómo en la administración de José Ávila Bello, frente al INTi, de manera alegre, inconsciente e indolente, se generaron una serie de cadenas titulativas que identificaban a la propiedad de la tierra como propiedad privada”, afirmó.

La cadena titulativa es una disposición para poder garantizar la permanencia sobre la tierra que obliga a demostrar dicha cadena sin interrupciones a partir del año 1848, y que ha sido calificada como un instrumento que vulnera el derecho a la propiedad privada de grandes terratenientes, en favor del movimiento campesino.

Eliezer Otaiza,  siendo Presidente del INTi en el año 2005, explicaba que Ley de Ejidos y Baldíos de 1848 marca la fecha a partir de la cual “se hizo el censo y registro de todas las tierras, con toda la documentación y toda la certificación, que venían de las colonias para registrarlo ante la República” [1]. Por ello las cadenas titulativas remiten a ese censo y registro.

De acuerdo con Osorio, la administración de Ávila Bello marca un incremento notorio en la adjudicación de cadenas titulativas, lo que trajo como consecuencia una política sistemática de asedio a los campesinos para despojarlos de las tierras entregadas en la gestión del Presidente Chávez, amparándose en un vacío administrativo jurídico.

“Se trata de actores que tratan de revertir beneficios logrados en el marco de la Revolución Bolivariana”.

Osorio señala que el movimiento campesino reclama que las instituciones del Estado den continuidad a la política de adjudicación de tierras a quienes las trabajan y las producen, normalizando y regularizando la tenencia real de la tierra.

El surgimiento de la Marcha Campesina Admirable

Como contexto de la #MarchaCampesinaAdmirable del año 2018, Jesús Osorio comenta que el movimiento campesino “había identificado con preocupación cómo se venía recuperándole las tierras a los latifundistas, sin ningún pudor”.

La Marcha admirable buscaba advertir el riesgo en la seguridad alimentaria que implica el retorno del latifundio para el pueblo venezolano. Para ello se informó al Presidente que las políticas de Estado del Ministerio de Agricultura y Tierras no estaban acordes con las necesidades de la realidad del país, porque estas políticas pretendían hacer ver ante el jefe de Estado que el financiamiento a los pequeños productores era un gasto público.

Osorio argumenta que existe un reconocimiento internacional, respaldado por la FAO, de que Venezuela llegó a ser, bajo la gestión del gobierno revolucionario, uno de los países con mayor seguridad agroalimentaria, hecho que atribuye justamente a la participación masiva de distintos actores en la producción y el trabajo de la tierra, incluyendo a pequeños y medianos productores, que se beneficiaron de una inversión significativa por parte del Estado en la producción agropecuaria.

“La política de inversión en el campo continúa, sin embargo, los beneficiarios de las grandes inversiones son ahora los grandes grupos económicos, a quienes incluso se les está devolviendo las tierras, adjudicadas a los campesinos previamente”, dice.

Los campesinos que producen a pequeña escala, señala, en cambio apenas si logran recibir pequeñas cuotas de este financiamiento público, que generalmente llegan a destiempo, pues la mayoría de las y los conuqueros tienen un lapso para la siembra entre la 2da semana del mes de abril y la 2da semana del mes de mayo. Cualquier retraso en ese plazo los hará incumplir con los niveles de producción programados.

En el marco del Plan de Siembra nacional, se había logrado un acuerdo de 12mil hectáreas para la producción a pequeña escala, “lo que fue reducido a 4.315 hectáreas”, señala Osorio, y aún no han logrado concretar la entrega del abono necesario para la producción de las mismas.

El vocero campesino resalta que esto seguramente dé como resultado el fracaso de las proyecciones que se había previsto en el rendimiento del maíz, y pudiese ser interpretado como una estrategia de algunos actores dentro de las instituciones del Estado para hacer quedar mal a las y los campesinos, como improductivos, lo que serviría como argumento para respaldar la devolución de tierras a latifundistas.

La Ley de Tierras y la Ley de Semillas, dos escudos que han sido vulnerados por el propio Estado

De acuerdo con Osorio, no hubo nunca una prevención para evitar que se llegara a la actual situación de amenaza al acceso de alimentos en Venezuela. La Ley de Semillas garantizaba el acceso a la semilla para la producción agropecuaria. Sin embargo, este instrumento legal ha sido ignorado sistemáticamente y la actual situación demuestra que ha aumentado la importación de semillas, por ejemplo desde Colombia.

“Estamos enfrentando las consecuencias de malas políticas operativas para la productividad del campo”, señala.

La Ley de Tierras, por otra parte fue un ataque frontal del Presidente Chávez en contra los grandes poderes económicos, y en palabras de Osorio es lo que “termina sacrificando a Chávez”.

Osorio argumenta que este instrumento iba a permitir lograr un equilibrio demográfico y productivo de los centros urbanos y rurales, favoreciendo una distribución más justa y equitativa de los recursos públicos entre la población, así como la transformación de la situación de la tenencia de grandes cantidades de tierra por parte de una sola persona, con índices muy bajos de productividad.

Según el dirigente campesino, ese grupo económico que estaba siendo afectado por la Ley de Tierras, junto a actores al interior del Estado ganados a cooperar con una estrategia reformista, crearon una estrategia que fue implementada rápidamente luego de la muerte de Chávez para desarticular los avances que se habían logrado en la Revolución Bolivariana, y entregar a manos de latifundistas cantidades significativas de tierras que habían sido adjudicadas a campesinos y campesinas. Es la “restauración del paecismo”, a decir de Osorio.

“Esto es parte de la responsabilidad de actores que hacen parte del poder constituido” y lo que según él, más allá de las agresiones externas que sufre la nación, contribuye a la gravedad de la situación que se vive en el país en el acceso a los alimentos y en general en la economía y productividad nacional”, señaló.

La creciente importación de semillas, que de acuerdo con Osorio, ha sido una consecuencia directa de la no aplicación de la Ley de Semillas, es otro aspecto clave de la restauración del latifundio.

También señala que el campo no ha sido atendido por el gobierno de la misma forma que las zonas urbanas, mediante la implementación de programas de atención social, que parecen estar sirviendo como estrategias electoreras para manipular los votos de los grandes poblados urbanos, mientras las y los campesinos se encuentran desasistidos en las zonas rurales.

La Plataforma de Lucha Campesina y la situación de Los Tramojos

El 18 de junio, un grupo de 42 campesinos y campesinas pertenecientes a la  Plataforma de Luchas Campesinas emprendieron  el rescate del Predio Los Tramojos (Guárico), del cual más de 50 familias habían sido desalojadas arbitrariamente, a pesar de haber sido adjudicadas legítimamente en ese predio en el 2010 por el Presidente Hugo Chávez  [2].

Dicha acción terminó siendo reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado, siendo desalojadas nuevamente las familias por medio del amedrentamiento, los comunicadores populares fueron despojados de sus equipos y Osorio fuese retenido irregularmente (y posteriormente liberado).

“Cuando están utilizadas las armas en contra del pueblo, por el mando de una persona que impone, ahí hay dictadura…”, dice Osorio respecto a la actuación del FAES, presuntamente siguiendo instrucciones del gobernador del estado Portuguesa, en el desalojo arbitrario de las familias campesinas de Los Tramojos.

Los desalojos arbitrarios, el despojo de la tierra, son precisamente consecuencias de la avanzada sistemática de restauración del latifundio

Osorio admite que la acción de recuperación del predio Los Tramojos tuvo también la intención de visibilizar la grave situación del retorno del latifundio en Venezuela. “…Era la manera de desentramar a Los Tramojos, desentramaitos pues, dos coñazos pa’ Osorio y obligatoriamente el título tenía que llegar y partirse aunque sea por la mitad…”.

El vocero de esta plataforma indicó que “…un predio de más de 4 mil hectáreas, que estaban siendo trabajadas por 43 familias, produciendo un número aproximado de 4800 reses, y que ahora la misma cantidad de tierra produce escasamente 300 reses al ser restaurada la propiedad privada en manos de un latifundista.

Osorio alerta a la Plataforma que algunos funcionarios de instituciones públicas intentan comprar consciencias de voceros del movimiento campesino. Al parecer la suya habría sido tasada por funcionarixs del INTI en 70mil $; eso le ofrecieron a cambio de desistir en el reclamo por Los Tramojos.

El gobierno venezolano y la lógica del latifundio

En medio de nuestra conversación con Osorio, se acerca a conversar también con él la Directora de la Fundación Tierra Fértil del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Gilda Rebeca Díaz de Castro, esposa del actual Ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien a su vez es tío del Presidente del INTi, Luis Fernando Soteldo. Una relación familiar que salta a la vista, y que no es un detalle menor cuando se discute un tema como el latifundio y las relaciones de poder y lucha de clases que éste expresa en la realidad venezolana, así como el rol del Estado como actor que, según denuncias del movimiento campesino, ha venido favoreciendo los intereses de grupos de poder en detrimento de los campesinos y campesinas.

La Fundación Tierra Fértil tiene justamente como objetivo central prestar asistencia y apoyo al campesino venezolano y a sus familias mediante programas de asistencia social en centros de educación inicial, entre otros, y desde septiembre de 2018 tiene su sede en las instalaciones del INTi.

Su Directora, Gilda Rebeca Díaz de Castro, conversó con Osorio, manifestando su preocupación por la ocupación de las áreas del INTi por parte de las familias campesinas, y argumentando que si las demandas que manifestaban lxs campesinxs implicaban tierras de propiedad privada no procedía la actuación de las instituciones del Estado.

Osorio le explica en esta conversación a Díaz de Castro, como ejemplo de sus denuncias, la situación actual de financiamiento de grandes construcciones de silos en Portuguesa –entidad que fue gobernada entre el 2008 y el 2016 por su esposo–, una política de Estado que está beneficiando a grandes inversores y empresas, en detrimento de las y los pequeños campesinos que venden su producción a bajos precios, mientras que quienes pueden almacenarla en condiciones óptimas, venden el producto intermedio a un precio mucho mayor, logrando márgenes de ganancia considerables gracias al rol de intermediarios que alcanzaron aprovechando el financiamiento público. Una relación ventajosa y desigual que pareciera estar siendo facilitada por lógicas internas del Estado y alianzas con el sector privado.

La Directora de Tierra Fértil responde a este señalamiento de Osorio alegando que no puede responder ante una situación que desconoce.

La lucha por la tierra y las implicaciones ambientales

Conversamos también con Jesús Osorio sobre las implicaciones ambientales y eco-políticas de la lucha campesina por la tierra en Venezuela, y al listar algunos casos en los que el conflicto por la propiedad de la tierra remite también a impactos ambientales, aparece la lógica extractivista como elemento común en todos los casos.

Explica que la cadena titulativa también sirvió para favorecer grandes empresas o corporaciones como parte de una economía de puertos con agendas extractivistas o, como él dice haber oído llamarla, una economía de puerto seco, como la tala de árboles a la orilla de quebradas que genera altos impactos negativos en el ambiente.

“El aserradero El Arca, agroforestales El Arca, El Bucal, La Ceiba, Suruguapo, en el estado Portuguesa, desarrolló una siembra de teca que acabó con el curso de la quebrada Ajate y Corozal, sin que esto fuese atendido por las instituciones pertinentes, ni se presentara un informe del impacto ambiental. Allí se dio un ecocidio por más de 1.436 hectáreas, en los suelos tipo I y II, después de haber extraído la madera procedieron a sembrar teca a escasos 4 metros de los bordes de las quebradas”, relata Osorio.

“Cacho e’ Venao, a las orillas del río Portuguesa, Municipio Santa Rosalía, sector La Florida,  es un caso en el que las y los campesinos son acusados de daños ambientales, pero quienes tumban los samanes son los dueños de la finca, quienes sacan la permisología, y el poder constituido se los permite, son los dueños”, dice Osorio.

En Yaracuy, señala Osorio, la extracción de materiales para las obras civiles, está ocasionando un daño ambiental tan significativo que se está convirtiendo en un proceso irreversible, en el pie de montaña, y es algo que debe ser alertado, señala.

Tal parece que el negocio no es la tierra sino lo que está sobre la tierra, denuncia Osorio, y con ello vincula el tema ambiental con las lógicas de corrupción que enmarcan el extractivismo en Venezuela y que enlazan a actores del sector público, privado, civil y militar, nacionales e internacionales.

Cuando Osorio denuncia que ciertos funcionarios, actuando de forma corrupta y depravada, se reparten el territorio nacional en trozos, sus palabras nos remiten a una lógica profunda de feudalismo que trabaja en alianza con el latifundismo para lograr el control de los recursos y el territorio.

¿Hacia dónde marcha el movimiento campesino?

Osorio alerta que la avanzada del latifundio en Venezuela es como el movimiento de una serpiente venenosa, “que uno no la ve, pero su mordedura, cuando la haga, es letal”

“Si la avanzada (del latifundio) sigue, como nosotros la estamos viendo, la dirigencia campesina está llevando palo, pero si esto sigue así va a llevar es plomo. Es necesario alertar esto.”

Entre los principales obstáculos que enfrenta el movimiento campesino en Venezuela Osorio destaca en primer lugar, la demarcación y recuperación del territorio campesino, que así como se trata la demarcación del territorio indígena, se agrupe a aquellos productores por debajo de 10 hectáreas, pues “de allí en adelante nos convertimos en monocultivadores”, y se vigile por la restitución de las tierras a quienes la trabajan.

Luego hace mención de la necesidad de un soporte adecuado para la producción, mediante el financiamiento de una política de Estado acertada para la producción del campo.

También es necesario alcanzar un desarrollo del campo con seguridad para la producción y traslado de la siembra, y que cese la criminalización de las y los campesinos. En este sentido denuncia que los organismos de seguridad del Estado favorecen a los grandes productores tanto en la prestación de seguridad, como en la atención de denuncias, algunas veces en contra de los propios campesinos.

Para Osorio, en esta crisis económica actual se ha evidenciado que el pueblo conuquero es quien ha producido para abastecer al pueblo venezolano, que se ve amenazado en el acceso a los alimentos. Si se sigue atacando a las y los conuqueros se verá más afectado el acceso a los alimentos, lo que pudiera ser una estrategia para generar una implosión social en el país, señaló.

El dirigente señala que la Plataforma de Lucha Campesina está llamando a la unidad nacional del movimiento campesino, sin distinción política. La unidad de los pueblos de Latinoamérica es el norte de este movimiento, para lograr una gran masa campesina productora que mediante alianzas con el Estado pueda abastecer el país, “del campo a la olla”, eliminando la cadena de intermediarios que se quedan con la mayor parte de las ganancias en el proceso de distribución de los alimentos.

“Consideramos que somos un movimiento diferente. Eso lo tiene que decir es el pueblo campesino. Y sé que en su momento ellos van a llegar a salir a defender este proyecto porque tenemos consciencia nacionalista y revolucionaria.”

Notas:

[1] Los Tramojos son tierras del estado venezolano las cuales fueron entregadas por el comandante Hugo Chávez a varias familias campesinas en el año 2010. Durante la gestión de José Ávila como presidente del INTi, en el 2016, un empresario de nombre José Elías Chirimelli, recibe la titularidad y junto a las fuerzas de seguridad del estado ejecutó un fuerte desahucio.

[2] Luego de que el presidente de la República, Hugo Chávez, dictara el Decreto Nº 3.408 , el 10 de enero de 2005, para la Reorganización de la Tenencia y Uso de las Tierras con Vocación Agrícola, el Directorio del INTI acordó reconocer los derechos de los beneficiarios y de sus generaciones, sobre las tierras comuneras como consecuencia de la afectación de uso de todas las tierras públicas o privadas con vocación para la producción agroalimentaria y por la necesidad de solventar y eliminar los factores adversos a los elementos sociales, ambientales y culturales propios de los lotes baldío.

Fuente: Observatorio de Ecología Política de Venezuela