Hidroeléctricas insaciables en Guatemala

OMAL-Paz con Dignidad, Amigos de la Tierra, Asociación de Mujeres de Guatemala-AMG, Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca, Diakonia y Protection International

7 de octubre de 2016

Una investigación muestra el conflicto ambiental y social, así como la vulneración múltiple y sistemática de derechos humanos, generados por la industria hidroeléctrica en Guatemala. Llevada a cabo por los investigadores Antonio Rodríguez Carmona y Elena de Luis Romero, se lanzó ayer públicamente en Guatemala. Este documento cuenta con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de Multinacionales en América Latina-Paz con Dignidad, Amigos de la Tierra, Asociación de Mujeres de Guatemala-AMG, Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca, Diakonia y Protection International.

El estudio “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala” analiza en profundidad la coyuntura política y económica que ha inducido la apertura del país a la inversión extranjera sin garantías para los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Así, se exponen todas las aristas de dos casos paradigmáticos de los proyectos hidroeléctricos en las cuencas de ríos de alto valor ambiental y que proporcionan sustento a un gran número de comunidades indígenas y locales: los casos de Ecoener-Hidralia y Renace.

Los investigadores, apoyados en el terreno por organizaciones locales, han recogido los hechos acontecidos, reflejando el asentamiento de las empresas españolas Ecoener-Hidralia y Grupo Cobra-ACS para la construcción de presas hidroeléctricas en territorio indígena. La llegada de estas empresas ha supuesto la violación del derecho a una consulta previa e informada, tal y como recoge la legislación internacional, pero también han vulnerado los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, derechos Civiles y Políticos, y derechos como el acceso al agua y saneamiento. Estas vulneraciones se producen a la vez que se criminaliza y se persigue a los líderes y defensores de derechos humanos, y se establecen estrategias para desarticular a la sociedad civil.

“Estos casos evidencian las violaciones de derechos humanos vinculadas a la actividad de empresas transnacionales que cuentan con la connivencia del antiguo Gobierno de Guatemala de Otto Pérez Molina, ejerciendo violencia y desprotegiendo a la población indígena”, sostienen los autores. Afirman también que “estos casos han provocado una fractura social muy profunda, no solo entre las comunidades urbanas y rurales, sino dentro de las propias familias que se han opuesto a los proyectos en los ríos Cahabón y Canbalam”. Y en relación a la criminalización explican que “las detenciones y procesos judiciales contra líderes de la defensa del territorio y algunos episodios de asesinatos, lejos de ser experiencias aisladas, son patrones que se repiten en muchos proyectos relacionados con la extracción de recursos naturales. Es necesario introducir en el debate internacional la responsabilidad real de las empresas en la garantía y respeto de los derechos humanos. Los programas de responsabilidad social de las empresas pueden llegar a encubrir violaciones de derechos humanos”.

Las organizaciones que respaldan el estudio recuerdan la necesidad de reforzar de forma urgente el marco legal para ejercer un control efectivo sobre las empresas nacionales y transnacionales y garantizar el cumplimiento de las garantías de los derechos humanos, el acceso a la tierra y a los recursos naturales. En ese sentido, reclaman actuaciones por parte de los organismos internacionales y de la cooperación para reforzar las garantías en el país.

Fuente: OMAL

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