Golpes mortales al poder corporativo
"Hay señales que indican un creciente agotamiento de la población en relación a los abusos del poder corporativo, su impunidad y la desfachatez con que se han apropiado de los gobiernos nacionales y de la gobernanza global. El desafío de esta segunda ola de altermundismo está en organizarse para asestar estos, al menos, cinco golpes mortales contra el poder de las corporaciones, y convertir nuestras resistencias en la práctica de alternativas. Lo interesante es que el camino hacia el primero de ellos ya está abierto y es la mejor oportunidad que tenemos para dar un paso hacia la utopía de un mundo justo y sustentable."
En 2016 los efectos del capitalismo en su fase contemporánea comenzaron a cobrar sus víctimas políticas. Lamentablemente esas víctimas han optado por beneficiar a figuras o posiciones políticas contrarias a aquellas que por mucho tiempo pregonaron y elaboraron el conjunto de las izquierdas altermundistas. En parte esto se debe a que la primera ronda de contestación al neoliberalismo – en nuestra región el llamado “progresismo” –, por debilidad o decisión, fue vencida a la hora de desarmar los principales mecanismos que, a la postre, contribuyeron con la consolidación de este “capitalismo extremo” triunfante en el mundo, es decir, un capitalismo que, además de sus contradicciones clásicas, presenta una “extrema concentración de riquezas y la tendencia a la extrema concentración de propiedad de las empresas”[1].
Lo interesante de 2016 es que las izquierdas altermundistas, al mismo tiempo, no son las derrotadas, pues sus mejores expresiones se han transformado en verdaderas fuerzas políticas en ascenso: Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Podemos, y traccionan o trabajan como faros de esperanzas. El verdadero derrotado es, sin duda, lo que podemos llamar el “neoliberalismo socialdemócrata”, como dijo Naomi Klein: “fue el abrazo de los Demócratas al neoliberalismo lo que condujo a la victoria de Trump” (traducción mía)[2].
Esta nueva coyuntura internacional debería alentar a la recreación de un nueva onda de altermundismo, nutrida de las lecciones del pasado reciente de las experiencias derrotadas, y de las expectativas que encienden las fuerzas emergentes de la oposición de izquierdas a las tendencias fascistoides que han emergido en países tanto del Norte como del Sur global. Como lo advirtiera prematuramente William Robinson en 2011, “(e)l contrapeso al fascismo del siglo XXI debe ser un contragolpe coordinado de la clase trabajadora global. La única solución real a la crisis del capitalismo global es una redistribución masiva de las riquezas y el poder – hacia la mayoría pobre de la humanidad. Y la única forma para que tal redistribución suceda es a través de la lucha internacional de masas desde abajo”[3].
El debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la creación de un tratado sobre derechos humanos y empresas ofrece una gran oportunidad para enfrentar al actor central de la economía capitalista mundial, lo que nosotros denominamos corrientemente “el poder corporativo”, y contribuir para la irrupción de esta nueva onda de activismo antineoliberal. Esta oportunidad fue abierta en parte debido a la lucha de la que hablamos, y que tiene como uno de sus actores centrales a la “Campaña Global para Desmantelar el poder Corporativo y poner fin a su impunidad”, que reúne a comunidades afectadas, movimientos y organizaciones sociales de todos los continentes y, junto con la Alianza por el Tratado, se movilizaron en sus países, y dentro y fuera del Consejo, para que éste vote la apertura de un proceso formal de discusión sobre el tema, en junio de 2014.
1- Poner fin a la impunidad jurídica de las corporaciones
El poder corporativo inició, desde comienzos de los años 1980, un proceso de avance ininterrumpido sobre los derechos humanos. El gradual desmantelamiento del Estado de bienestar, la privatización de los servicios públicos, la desregulación económica, la apertura comercial de los Estados y la primacía de los derechos de los inversionistas sobre los de las personas son la cara visible de esta ofensiva. En el ámbito internacional, los acuerdos de libre comercio y de inversión en sus varias ondas (incluyendo las políticas de instituciones como la OMC, FMI y Banco Mundial), ofrecen la garantía última al capital, que pasa, en el marco de estos acuerdos, a tener más derechos incluso que los Estados, a través de lo que ahora se conoce por su sigla en inglés ISDS (investor to state dispute settlement) y que en las Américas conocemos desde inicios de los noventa, por el Capítulo 11 del TLCAN. El resultado de esto ha sido la construcción de una verdadera arquitectura de la impunidad, que ha puesto en primer lugar los derechos de los inversionistas por sobre los derechos humanos, o sea, de los pueblos. Esta ventaja inaudita, la garantía de que sus derechos serán respetados sin importar cuál es el resultado de sus operaciones, es uno de los pilares sobre los que se apoya el capitalismo extremo, el poder corporativo hipertrófico que manda hoy en el mundo. Y es contra este principio de arbitrariedad empresarial que un tratado como el que está siendo discutido en la ONU se opone, pues al proponer que los derechos humanos sean puestos en su lugar, es decir, por encima de cualquier otra norma del derecho internacional, las arbitrariedades que la trama de acuerdos internacionales permiten pasarán a ser ilegales, es decir crímenes internacionales.
2- Cortar el vínculo entre poder económico y democracia
La creciente asimetría económica entre empresas y Estados, y entre empresarios y el resto de los ciudadanos, elevada como nunca antes en la historia reciente, es una de las características centrales del capitalismo contemporáneo. Esa asimetría es causa y efecto de su expresión política que llamamos “privatización de la democracia”. Mecanismos de captura corporativa como los lobbies, las puertas giratorias, el financiamiento de campañas electorales y otras prebendas legales e ilegales – como la corrupción –, que operan a nivel del poder ejecutivo, legislativo y judicial de nuestras democracias, acaban transformando el bien más común de la sociedad en un mecanismo para beneficiar a algunos. La privatización de la democracia hace que sus instituciones creadas para el interés común se transformen en dispositivos que garantizan – y aumentan – los intereses particulares de quienes se apoderan de ella. Una plutocracia directa o indirecta, cada día más escandalosa, excluye a las mayorías y produce en ellas la creciente apatía electoral o decepción ante la democracia que estamos viendo en el mundo hoy día, donde, por increíble que parezca, han comenzado a surgir voces fascistas y autoritarias que encuentran eco en el debate público y ya poseen representación en varias instancias parlamentarias. Cortar este vínculo entre poder económico e instituciones democráticas[4] es unos de los objetivos que, como movimientos populares, debemos tener si queremos realmente recuperar la soberanía de los pueblos, o como lo expresara W. Robinson, avanzar hacia la redistribución del poder. Esta captura de las principales instituciones democráticas a nivel nacional e internacional no es ad hoc, sino que se articula como una de las principales estrategias de las elites económicas globales, la llamada Clase de Davos.
3- Acabar con la fiesta financiera
Uno de los motores actuales del capitalismo son las finanzas, que a su vez, son la dimensión más globalizada de la economía internacional. Ya todos sabemos que son ellas las que dominan el capital productivo y que hay bancos y fondos de inversión mucho más poderosos que muchos de los Estados miembros de la ONU. Las finanzas imponen una lógica de lucro inmediato, que “selecciona naturalmente” los negocios mas rentables, generando estandarizaciones de todo tipo, la anulación de la diversidad – cultural, gastronómica – y la despersonalización de sus decisiones impide un vínculo con aquellos que se ven impactados por tales decisiones. Los elementos que dan base de este poder no son muchos: la desregulación extrema que les posibilitó inventar infinitos “productos” financieros que multiplicaron sus posibilidades de lucro, al mismo tiempo que aumentó el riesgo general para el sistema – como vimos en el crack de 2008 –; y su capacidad para no pagar impuestos o para facilitar el no pago de impuestos a los terceros a quienes sirven (hasta prácticas criminales como el lavado de dinero, o la evasión de divisas). En muchos países no se cobran impuestos a operaciones financieras o bursátiles, o se perciben alícuotas mínimas a las ganancias generadas por la especulación. Los paraísos fiscales y los acuerdos para “evitar” la doble tributación han servido como mecanismo central, junto con las soluciones tecnológicas, para facilitar la movilidad de los capitales por el planeta de un lugar a otro con casi plena libertad para no pagar impuestos, para ocultar riquezas, para evadir el pago de salarios justos[5] a sus trabajadores o para especular con oportunidades de negocios honorarios ofrecidas por países vulnerables al financiamiento internacional (vía el pago de intereses exorbitantes y del endeudamiento extorsivo). Promover una regulación financiera estricta, el fin de los paraísos fiscales y los acuerdos de doble tributación, y limitar el tamaño de bancos y fondos, entre otras soluciones que pueden ser construidas por la sociedad para que las entidades financieras trabajen en beneficio de toda la población, son las medidas más urgentes para menguar el poder inusitado que ostentan las finanzas en el entramado del poder corporativo global.
4- Interrumpir el proceso de mercantilización del saber
Las patentes industriales – y farmacéuticas especialmente – son una de las formas predilectas del capitalismo global para ejercer la apropiación salvaje de enormes porciones de las riquezas producidas por la humanidad. Las empresas se han encargado, sobre todo a lo largo de los últimos 40 años, de montar un entramado de leyes nacionales e internacionales que garantizan patentes sobre gran parte de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Aquellos que detentan tales derechos generalmente gozan de muchos años para utilizarlos de forma exclusiva, es decir, de producirlos y venderlos de forma exclusiva, al precio que consideren justo, o sea, el que les permitirá ganar la mayor cantidad de dinero posible. Esto sin importar si los precios de medicamentos, por ejemplo, hacen que pacientes de baja renta no puedan acceder a tratamientos contra la hepatitis C que les permitirían sobrevivir; o que campesinos no puedan reproducir su propia semilla; o que tecnologías que podrían contribuir a solucionar problemas tales como el cambio climático y el hambre, no puedan estar en manos de los que más lo necesitan. Las patentes, o sea, la mercantilización del saber, del conocimiento, están en la base de la acumulación del capital en gran parte de la actividad económica actual: las comunicaciones, la energía, la salud y los medicamentos, los alimentos, los transportes y otros. Interrumpir esta mercantilización del saber, del conocimiento como actividad humana común, no solo sería una forma de contribuir con el desmantelamiento del poder corporativo en muchos sectores, sino que también contribuiría de varias formas a aumentar el bienestar humano. Está comprobado que, si en algún momento de la historia, las patentes contribuyeron a aumentar la velocidad e importancia de los conocimientos e invenciones tecnológicas, hoy esa no es más la regla; la regla es que el Estado, es decir, las instituciones públicas, de todos, es quien más invierte y genera las condiciones que posibilitan el avance científico y tecnológico del mundo. No hay razones fuertes para que el esfuerzo público se transforme de forma tan absurda en lucro privado.
5- Cortar de una vez el acceso corporativo a los bienes comunes de la naturaleza
Consagrar el carácter público de la naturaleza y administrar su utilización en beneficio común, cortando el acceso y explotación irrestrictos por parte de las grandes corporaciones de la minería, la energía y la agricultura es una tarea que parece obvia, pero que en la práctica los artificios de la propaganda y un sentido común cooptado por los intereses económicos transforman en algo no evidente, algo por lo que debemos luchar. Un mundo en riesgo inminente de crisis climática y ambiental demanda decisiones urgentes que corten con el extractivismo salvaje que está detrás de muchos de los problemas ambientales actuales (mares y ríos, bosques, suelos, biodiversidad, etc.), al mismo tiempo que la solución a los mismos no puede estar en manos de los que, en lugar de la lógica del bien común, estén actuando con la lógica del lucro, las soluciones ambientales no son soluciones de mercado. Solo una administración enteramente pública y participativa de la naturaleza podrá revertir el camino de colapso por el que la humanidad transita, y solo esto le pondrá un límite real a, por ejemplo, las petroleras, tradings de alimentos y mineras internacionales que acumulan poder suficiente como para bloquear avances civilizatorios indispensables para la supervivencia de nuestra especie. Este es el quinto golpe fatal al poder corporativo.
Al menos 5 golpes, táctica y estrategia para una segunda ronda de antiglobalización
Hay señales que indican un creciente agotamiento de la población en relación a los abusos del poder corporativo, su impunidad y la desfachatez con que se han apropiado de los gobiernos nacionales y de la gobernanza global. El desafío de esta segunda ola de altermundismo está en organizarse para asestar estos, al menos, cinco golpes mortales contra el poder de las corporaciones, y convertir nuestras resistencias en la práctica de alternativas. Lo interesante es que el camino hacia el primero de ellos ya está abierto y es la mejor oportunidad que tenemos para dar un paso hacia la utopía de un mundo justo y sustentable.
Por Brid Bennan y Gonzalo Berrón, integrantes del Proyecto Poder Corporativo, Transnational Institute.
Artículo introductorio de la edición 520 (diciembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI, titulada Transnacionales y Derechos Humanos. Una coedición con el Transnational Institute (TNI).
Notas
[1] Berrón, Gonzalo y González, Luz org. “A privatização da Democracia. Um catálogo da captura corporativa no Brasil”, Vigência!, São Paulo, 2016 Pg. 10; aquí
[2] Naomi Klein, aquí , The Guardian, 9 de noviembre de 2016.
[3] Aquí
[4] Esta captura se reproduce a nivel internacional en la instituciones de la llamada “gobernanza global” -un eufemismo que oculta la naturaleza no democrática del sistema internacional– totalmente capturadas por los intereses económicos que en la actualidad comandan agendas enteras de las instituciones internacionales via finaciamiento de programas, quizás el caso más relevante sea el de la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, la Clase de Davos, via el Foro Economico Mundial, lleva adelante una iniciativa denominada Iniciativa para el Rediseño Global (Global Re-design Initiative) que consagra el gobierno “multistakeholder”, el gobierno en el que participant todas las partes, especialmente los sectores empresariales. Ver el análisis de Harris Gleckman “La gobernanza de las múltiples partes interesadas: la ofensiva corporativa hacia una nueva forma de gobierno global” 2016; aquí
[5] El informe “The Bermuda Connection: profit shifting, inequality, unaffordability at Lonmin 1999-2012” (Forslund, Dick AIDC, 2015) expone el rol de la minera Lonmin en la evasión salarial (wage evasion), es decir cómo la empresa dejó de responder a demandas salariales de los mineros alegando problemas económicos que en realidad ocultaban transferencias irregulares de ganancias al exterior; aquí en PDF
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Transnacionales y Derechos Humanos 08/12/2016
Fuente: ALAI