Escenarios de la resistencia, hoy

Se trata, advierten las organizaciones, de un proyecto de saqueo y privatización “de los invaluables bienes naturales de los territorios indígenas y campesinos, de 80 municipios oaxaqueños y veracruzanos, ubicados en la zona más biodiversa de México, por un corredor industrial y agroindustrial de empresas maquiladoras, armadoras y extractivistas (minas, extracción petrolera, parques eólicos, represas y turismo)”. Nada nuevo, es cierto, pero, como el resto de los megaproyectos que se impulsan en este sexenio, ahora llega con un discurso “legitimador” del desarrollo impulsado por el gobierno federal.

El pasado 8 de junio se reunieron en Salinas Cruz, Oaxaca, representantes de decenas de organizaciones sociales, 350 autoridades comunitarias, profesores de la sección 22 de la CNTE y colectivos de derechos humanos, en el Encuentro Regional “El Istmo es Nuestro”, en el que deshilvanaron las diversas afectaciones al territorio de un proyecto que, denunciaron, se quiere imponer bajo la simulación de una consulta.

Al foro acudieron comunidades de 21 municipios de Oaxaca y Veracruz que conforman la zona más angosta del país entre los océanos Pacífico y Atlántico, región privilegiada y estratégica que concentra la mayor diversidad biológica de México, resguardada por once pueblos indígenas, ocho con posesión ancestral: zapotecos, mixes, ikoots, zoques/chimalapas, zoque popolucas, chontales, chochocos y nahuas; y tres pueblos migrantes, por desplazamiento y reubicación forzada: chinantecos, mixtecos y tsotsiles.

En el comunicado conjunto signado por todos los participantes, se advierte que el megaproyecto del Istmo, “no es otra cosa que un monstruoso canal seco multimodal, alternativo al de Panamá, para beneficio del comercio corporativo global entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que tiene como eje un tren bala de carga, la ampliación y modernización de la carretera transístmica y los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos”, concebidos para “el lucro multimillonario de las empresas multinacionales y los gobiernos más poderosos del mundo”.

La multimillonaria inversión anunciada, alertan, implicará “la total militarización del Istmo, poniendo en riesgo la región geoestratégica más importante de nuestra nación”, razón por la que lo consideraron un atentado contra la madre naturaleza, los derechos de los pueblos del Istmo, los derechos de todo el pueblo mexicano, y la soberanía nacional.

Entre las organizaciones convocantes al foro y firmantes del pronunciamiento se encuentran Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO); Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Café Zapata Vive; Centro de Derechos Humanos Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Colectivo Defensoras de Derechos Humanos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI); Concejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Congregación Comunal, La Libertad (Sta. María Chimalapas); Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), entre muchas otras que convocan a que:

- A partir de este momento —retomando la experiencia vivida por el movimiento nacional “El Istmo es Nuestro”, en el periodo 1995-1998 y en alianza con todos aquellos movimientos y organizaciones que de forma congruente luchen por los mismos objetivos, iniciemos la reconstrucción de un amplio y plural movimiento y de una intensa campaña global, denominada: “el Istmo es nuestro”, de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano, no de las empresas, ni de los gobiernos.

Un movimiento y campaña que sea un combativo instrumento, para informar, reflexionar, analizar y dialogar profundamente, acerca de los riesgos y peligros que conlleva realmente este monstruoso megaproyecto de muerte, para el Istmo de Tehuantepec —la cintura geopolítica de nuestra Nación— y movilizarnos masiva y pluralmente, no sólo para detener y revertir su instrumentación, sino para construir colectivamente, una propuesta alternativa de desarrollo sustentable, comunitario y popular, para el Istmo de Tehuantepec.

POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA

Ante el recrudecimiento de la violencia contra los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena —Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Comité Organizador de las “Jornadas por la Vida y contra la Guerra”, convocó a colectivos, organizaciones y activistas a que a través de foros, actividades culturales y artísticas, mesas de debate y concentraciones denuncien los ataques y el despojo que han incrementado en las comunidades del país. El Comité señaló que la violencia contra los integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero —Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera requiere “particular seguimiento y atención”, pues cuatro de los integrantes de la organización fueron asesinados y grupos narcoparamilitares cercaron 20 comunidades indígenas.

Para ello, llamó a que el próximo 27 de junio se organice una entrega masiva de cartas que denuncien la situación de violencia contra el CIPOG-EZ ante embajadas y consulados en el exterior y organismos de derechos humanos en México, así como a iniciar un acopio de víveres y recaudación de fondos para los integrantes de la organización y las comunidades afectadas por los grupos narcoparamilitares.

En la convocatoria se advierte que los ataques paramilitares en el municipio de Comala, Colima; la destrucción de localidades de la comunidad binizzá en Oaxaca, y la represión y el despojo contra la comunidad otomí que reside en la Ciudad de México, son otras de las agresiones hacia los pueblos indígenas, por lo que se continuará con las Jornadas por la Vida con el fin de “romper el cerco informativo y mediático” sobre la violencia contra los pueblos.

Fuente: Ojarasca, La Jornada