Deterioro de la salud socio-ambiental y deuda externa: las dos caras de la moneda

El fraude de la Deuda

Uno de los discursos más frecuentes de la dirigencia política y de los autollamados “especialistas económicos” en nuestro país, es el que se repite como una letanía: “tenemos que honrar nuestras deudas para así integrarnos al mundo y acceder a las inversiones que vendrán a motorizar nuestro desarrollo”.

Esta aseveración encierra una verdadera falacia. En primer lugar porque la supuesta deuda que tendríamos que “honrar” deriva de un monumental fraude que se realimenta año a año en nuevos compromisos de “deudas” para renovar los anteriores. Así quedó demostrado, por la investigación llevada a cabo por Dr. Alejandro Olmos durante 18 años, ratificada por el dictamen del Juez Jorge Ballestero en el año 2000, dando por probados 477 ilícitos cometidos por la dictadura genocida, cívico-militar-empresarial-eclesiástica, entre los años 1976/83, en la generación de los supuestos pasivos,

En segundo lugar porque las tan mentadas inversiones nunca contribuyeron a nuestro desarrollo sino que, -como quedo históricamente demostrado- siempre se llevaron mucho más de lo que (presumiblemente)  invirtieron y tan sólo profundizaron nuestra dependencia económica y política de los centros mundiales del poder financiero.

En tercer lugar, porque para “cumplir” con los cuantiosos intereses de la deuda, se dispone cada año, en el presupuesto nacional, el equivalente a entre 10 y 20 mil millones de dólares, montos que superan con creces las partidas destinados a educación y salud. Como además, el capital de las acreencias nunca se paga y se renegocia sistemáticamente, alargando los plazos de “pago”, se incrementa consecuentemente la cuenta de los intereses, pasando así a engrosar el espiral creciente de deudas, en un jugoso y pingue negocio para los acreedores, sin solución de continuidad.

Dichos pagos se realizan con los saldos positivos del comercio exterior, (diferencia entre divisas ingresadas por exportación y las que salen por importaciones). Las divisas que ingresan provienen de producciones extractivas destinadas a exportación (las “commodities”) entre las que predomina por su volumen, la soja, cuyo destino principal es alimentar los pollos y los cerdos de China.

Como dichos saldos fueron generalmente insuficientes (y a veces negativos), se llega cíclicamente, en intervalos de aproximadamente 10 años, a situaciones de crisis con déficit en la balanza de pagos, al borde del “default”. La “solución” a dichas “crisis” fue, sistemáticamente, contraer más deudas y consecuentemente más imposiciones restrictivas al bienestar social, a través de los sucesivos canjes, megacanjes y acuerdos de “refinanciamiento”, negociados por todos los gobiernos democráticos desde 1983 a la fecha. La premisa de que los “saldos del mercado de importación/exportación”  basado en el fomento a la exportación de commodities  (granos y semielaborados de la agroindustria y la minería en gran escala)  nos permitirían “saldar” la deuda, nunca se cumplió. La deuda siguió aumentando en más de 10000  millones de dólares anuales, desde 1983 a la fecha y en montos groseramente más abultados durante el último período gubernamental de Macri (2015 -2019).

El “mito” de la soja cómo “solución salvadora”

El cultivo de la soja en nuestro país data de los años 60´s, pero tomó un acelerado impulso en la segunda mitad  de los años 90´s, cuando fue autorizada en nuestro país la soja transgénica,  por una resolución del entonces ministro de agricultura del Gobierno menemista ( y actual canciller)  el Ing. Felipe Solá. Es así que la producción de soja pasó de 4 millones de toneladas en 1980 a 11 millones en los 90 y a 35 millones en 2002 y se prevén entre 80 y más de 100 millones en 2021.

¿Qué es la soja transgénica? Básicamente, es una semilla a la que se le ha incorporado, mediante ingeniería genética, un “gen” extraño, proveniente de otra especie vegetal (o incluso animal) que le da alguna propiedad que no tendría  sin este “injerto” artificialmente incorporado.  Dicho “gen”,  la hace resistente a determinados agroquímicos  que son letales para cualquier otra especie vegetal. De esta forma “rociando” los cultivos con estos “venenos químicos”  (el más comúnmente usado es el Glifosato) mueren todas las especies consideradas “malezas” quedando “viva” solamente la soja.  

En la actualidad los 14 millones de hectáreas ocupadas por la producción sojera constituyen más de la mitad de la superficie destinada a la producción de granos en el país, esto es el 52% de la cosecha total de granos. Casi la totalidad de esta producción sojera se dedica a la exportación.       

Como la tierra cultivable no es infinita, esto trajo como consecuencia que de los 30.000 tambos que había en el 88 desaparecieron 17000. Lo mismo pasó con miles de hectáreas dedicadas a la horticultura y quintas. Las frutas y hortalizas que antes se producían  en los entornos de las ciudades y pueblos, tienen ahora que trasladarse largas distancias, incluso como productos de importación, para llegar al consumidor. Esto contribuye al calentamiento global y a la contaminación ambiental, por el uso indiscriminado para su transporte, de buques de ultramar y de camiones movidos con combustibles fósiles; cuyos fletes inciden además, en el alza de los precios de los alimentos básicos de consumo popular.

Entre los censos de 1988 y 2002 desaparecieron 87.000 explotaciones agropecuarias, esto es, 6.000 por año. Y las que desaparecieron fueron fundamentalmente las de menos de 200 hectáreas. Aumentaron en cambio las de más de 500 hectáreas. Como además la producción con transgénicos necesita muy poca mano de obra (un operario cada 500 hectáreas) el agro argentino se transformó en una agricultura sin agricultores. También se arrasó  con los bosques y montes nativos, corriendo la frontera agropecuaria con topadoras y -a veces-  “detrás” del fuego intencional. 

Nos encontramos así frente a la paradoja de que nuestro país con una producción creciente en forma de monocultivo,  que ascenderá en la presente campaña a más de 100 millones de toneladas de granos, tiene, no menos de 20 millones de personas bajo el nivel de pobreza, 6 millones de indigentes, 5 millones de desempleados y 80 niños que siguen muriendo por día por causas vinculadas al hambre. Y esto no es más que  el resultado de un colosal  desplazamiento de miles de familias de agricultores, campesinos, y peones rurales.

Esta inmigración interna, despojada de sus fuentes de sustento derivados del laboreo racional de la tierra, de la cría de sus animales de granja, de sus tambos y de sus huertas;  pasó a integrar, en su gran mayoría,  los cordones de barrios marginados de las grandes ciudades, con viviendas precarias sin instalaciones básicas (agua potable, luz, cloacas) y donde sus hijos y nietos, sin trabajo y sin educación básica adecuada, se convierten en clientes apetecibles de los circuitos de la droga y del crimen organizado.

No menos nefastos son los efectos de este modelo de producción sobre la salud de los pobladores cercanos a los campos fumigados con agrotóxicos, parte esencial de dicho modelo. Entre 300 y 400 millones de litros de glifosato y otros venenos se fumigan por año en nuestro país, cantidades que van en aumento porque las “malezas” se hacen resistentes a los efectos letales de estos -mal llamados-  “fitosanitarios”.

Esto significaría que alrededor de 10 litros de venenos se tiran al ambiente por habitante, considerando la población total de la argentina (40 millones). Pero como esos 400 millones de litros son esparcidos casi en su totalidad en la pampa húmeda  ‘(Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires ) donde habita un 60 % de la población total del país, esta relación de litros por habitante prácticamente se duplica.

Las consecuencias  de esta macro contaminación ambiental se manifiesta  en los efectos letales en zonas y poblaciones cercanas a los campos fumigados, las que han sido repetidamente documentadas por investigaciones de campo realizadas por equipos de médicos e investigadores en biodiversidad de nuestras universidades y ratificados por estudios científicos en nuestro país y en  diversas de laboratorio del mundo.

En este sentido resultan pertinentes las investigaciones realizadas por el recordado Dr. Carrasco, investigador superior del Conicet, quien, investigando con larvas de ranas y embriones de pollo demostró fehacientemente que, concentraciones mil veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones en los campos, el glifosato es teratogénico, esto es, activa mecanismos que producen serias malformaciones en los embriones.

 A similares conclusiones arrivaron el Dr. Rafael Lajmanovich y la Dra. Mónica Muñoz de Toro, en la UNL, estudiando los efectos de los agrotoxicos sobre anfibios y yacarés, respectivamente. Si tenemos en cuenta que las etapas de desarrollo embrionario de los seres humanos (sobre todo las primeras) es común al de todos los animales, de estas investigaciones (y de muchas otras existentes en la literatura científica) se puede inferir con bastante certeza que un embrión humano que se desarrolle en la placenta de una mujer que respire aire contaminado con Glifosato, tiene serios riesgos de sufrir malformaciones.

Así lo demuestran los campamentos sanitarios llevados a cabo por docentes del Ciclo de Práctica Final de la Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, y coordinados por el docente investigador Daniel Verseñassi, como parte de los requisitos para la graduación de sus estudiantes. y similares investigaciones realizadas por equipos de la Universidad Nacional de Córdoba dirigidos por el médico Medardo Ávila Vázquez. Dichos campamentos se instalan durante varios días en pueblos inmersos en las zonas sojeras de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y Córdoba realizando encuestas, casa por casa, indagando a los vecinos acerca de las enfermedades que más comúnmente se manifiestan y las causas de fallecimiento en el pueblo.

De sus informes surge que se duplicaron o triplicaron en las localidades investigadas, los porcentajes medios nacionales de malformaciones en los nacimientos y los abortos espontáneos, así como de enfermedades como el cáncer, insuficiencia de tiroides, diabetes, alergias de la piel y respiratorias,. Estos mismos indicadores habían sido ya detectados por numerosos médicos rurales en sus consultorios.

Ante este panorama podemos preguntarnos: qué “beneficios” trae la soja  para ser tan promovida su producción por este sistema económico devastador que rige en la Argentina, además de las substanciales ganancias de productores, exportadores y monopolios proveedores de semillas transgénicas y de insumos químicos?

Como lo señalamos anteriormente y lo reiteramos: generar divisas para pagar deuda externa. Esto es, su producción no es necesaria para el pueblo argentino sino para los acreedores externos de la fraudulenta deuda  sistemáticamente reconocida (aunque nunca legitimada)  por el actual gobierno nacional y por todos sus antecesores, y los que aparecen en perspectiva de sucederlos.

Y como cerrando este círculo vicioso de acreedores y “generadores de divisas”, para “honrar deudas”, gran parte de los “fondos de inversión” (Black Rock entre los más destacados) que se presentan reclamando “acreencias”, son a su vez titulares de acciones en las empresas monopólicas que venden el “paquete tecnológico” (semillas y agrotóxicos) asociado a la producción del  monocultivo de soja, (Bayer-Monsanto, BASF, Syngenta). Y son también accionistas de las mineras (Barrick Gold Co., La Alumbrera, Agua Rica, Xstrata, entre otras) que destruyen  nuestra cordillera y nuestros glaciares  con su minería a cielo abierto, extrayendo y exportando (generando divisas) ingentes cantidades (contabilizadas sólo a declaración jurada) de oro y plata y otros muchos minerales  de gran valor estratégico (no declarados) .

La deuda en el banquillo de los acusados

Este mecanismo de saqueo quedó bien al desnudo en el “Juicio Popular a la Deuda Externa” llevado a cabo en el 2020, en plena pandemia. En el mismo se realizaron, 15 foros virtuales semanales, más de un centenar de denuncias en torno al nefasto impacto de la deuda pública  sobre la salud y el ambiente, el hambre y la soberanía alimentaria, sobre jubilados, sobre poblaciones sometidas al extractivismo; sobre (falta de) trabajo, educación, cultura, mujeres y disidencias, pueblos originarios, hábitat, niños y niñas, jóvenes, energía, y violencias institucionales, entre otras. Se receptaron además numerosos informes y  peritaje de reconocidos estudiosos sobre los temas de denuncia.  

Los jueces del tribunal: Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, dieron lectura a su Sentencia frente al Congreso de la Nación Argentina -luego de seis meses de escuchar los testimonios y los alegatos de los fiscales y de la defensa-  en un acto popular dando cierre al Juicio y exigiendo  el cumplimiento a la misma.

Su dictamen final fue contundente:  “declaramos la nulidad absoluta de las deudas públicas y los acuerdos con al FMI, no obstante su reiterada restructuración y afirmamos el derecho del pueblo y de la Nación a rechazar su pago, más aún en situaciones de extrema necesidad como la que actualmente se viven en el contexto de la pandemia del Covid-19”. Por esa razón, se solicita “poder llevar adelante una auditoría integral, con participación ciudadana, de la deuda pública y de los acuerdos firmados con el FMI, a fin de establecer la legalidad y legitimidad de los mismos, se peticiona con firmeza al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional que tomen las medidas necesarias, para su implementación.

¿Existen caminos alternativos?

¿Es posible imaginar alguna alternativa a este modelo que solo enriquece a grandes empresarios exportadores y grandes pulpos financieros internacionales?  Un modelo basado en la producción de 100 millones de toneladas de granos y oleaginosas transgénicos y minería contaminante, cuyo principal objetivo es ser “fuente de divisas” destinadas a pagar deuda externa, al costo de la pérdida de nuestra soberanía alimentaria y nacional, arrasando además  con los bosques nativos, degradando las tierras, contaminando las aguas, y enfermando a las poblaciones con agrotóxicos y otros venenos químicos.

La respuesta es simple, aunque no fácil de llevar a cabo. Los poderes económicos y político-mediáticos a enfrentar son poderosos y dispuestos a defender sus intereses a como dé lugar. Se hace necesario pensar colectivamente en un proyecto de país soberano que, en primer lugar, cuestione, investigue y deje de pagar  la deuda ilegítima e ilegal. Que promueva al mismo tiempo un modelo de producción agroecológico, sin venenos, basado en la agricultura familiar, con mercados de cercanía  y en la explotación racional de nuestros bienes comunes, respetando los derechos de la naturaleza. 

Su implementación  permitiría alimentar a los millones de hambrientos en nuestro país, cultivando las tierras productivas respetando la biodiversidad y denunciando el terricidio en curso. Terminaría con los monocultivos transgénicos contaminantes, se detendría la tala de bosques y se reiniciaría  un proceso de reforestación con especies nativas fomentando además la práctica de una minería respetuosa, de nuestros glaciares y fuentes de agua.  Así podríamos volver a ser un país multifacético en el campo y en el desarrollo industrial. Tarea inmensa y que parece utópica.  Pero posible, si sumamos en forma organizada y plural los esfuerzos de cientos de organizaciones y voluntades que venimos bregando por reivindicar los derechos de la Pacha Mama a lo largo y ancho de nuestro país.

Roberto Pozzo, militante de la ONG «Multisectorial Paren de Fumigarnos» de Santa Fe. y de la Campaña por el NO pago de la Deuda Publica

Fuente: Resumen Latinoamericano