Democratización de la energía y transición justa en América Latina y el Caribe
A medida que la crisis climática y sus consecuencias y amenazas se hacen más evidentes y aumenta la conciencia social y política de su gravedad extrema, existe un claro sentido de la urgencia de avanzar en la transición justa hacia un nuevo sistema energético que deje atrás a los combustibles fósiles. Si bien en 2015 el Acuerdo de París incorporó la necesidad de una transición justa en su preámbulo, lamentablemente se ha ido consolidando un proceso de cooptación empresarial del concepto de transición, que privilegia los intereses de las grandes empresas transnacionales y sirve de plataforma para la introducción e imposición de falsas soluciones.
Frente a la gravedad de las crisis socio-ecológicas sistémicas y la ofensiva que representan las políticas neoliberales y los proyectos impulsados por las empresas transnacionales, es más importante que nunca avanzar en procesos de construcción de propuestas, protagonizados por los movimientos y organizaciones sociales, hacia un sistema energético basado en la justicia climática, ambiental, social, económica y de género, en el que la energía sea un derecho y no una mercancía, y los derechos de los/as trabajadores/as y las comunidades estén garantizados.
En este contexto, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) y REDES Amigos de la Tierra Uruguay, concibieron y llevaron adelante un proceso colectivo regional que dio origen a estosdocumentos, con el propósito de desempeñar un papel clave en analizar y visibilizar los obstáculos existentes y potenciales a una profunda transformación del sistema energético, así como delinear los lineamientos políticos y las propuestas de políticas públicas necesarias para caminar hacia la democratización de la energía y la transición justa en América Latina y el Caribe. Este proceso ha contado con el valiosísimo aporte del Fondo SAGE.
Partiendo de investigaciones nacionales en Honduras, Brasil y Chile, sobre los obstáculos políticos existentes que atentan contra la transición justa y la democratización de la energía, se logró identificar las tendencias existentes en la región como resultado del modelo neoliberal y de gobiernos autoritarios.
En base a esa comprensión en profundidad de los obstáculos, fue posible avanzar en la definición a nivel regional de principios y lineamientos de políticas públicas que permitan caminar hacia la transformación urgente y necesaria, entendiendo que no se trata tan solo de un cambio de fuentes y tecnológico en la matriz energética, sino de rediseñar el sistema energético en función de las necesidades de la población y la realización de derechos, así como disputar la propiedad y el control del mismo para que sea de carácter público, lo cual incluye la toma de decisiones democráticas en torno a cómo, cuánto, para qué y para quién se debe producir energía.
Los lineamientos regionales fueron foco de análisis y debates a nivel nacional involucrando organizaciones aliadas, para dar lugar a un proceso de elaboración de propuestas de políticas públicas necesarias para la transición justa y la democratización de la energía que se ajusten a las coyunturas nacionales. A su vez, las propuestas nacionales contribuyeron a profundizar los lineamientos regionales iniciales.
De este modo, llevamos adelante un proceso colectivo que comenzó a nivel nacional, dio lugar a una síntesis regional y, posteriormente, enriqueció los debates y propuestas nacionales, que a su vez retroalimentaron el análisis y los ejes clave en el ámbito regional.
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Fuente: Amigos de la Tierra