Aunque la nueva normativa de la Unión Europea debía entrar en vigencia a finales de 2024, América Latina ha avanzado muy poco para adaptarse a la regulación. La ley, que se aplazó un año, prohíbe a Europa importar productos que hayan implicado deforestación a 2020 y todavía es desconocida para pequeños productores que exportan a Europa.
