Silvia Ribeiro

Por todo el mundo siguen aumentando los precios de los alimentos y en los países más vulnerables resultan en situaciones intolerables como hambrunas, a menudo combinadas con sequías o inundaciones, efectos perversos del cambio climático. Ante la gravedad de la crisis, caen máscaras y se vacían discursos, como la receta de los agrocombustibles y los supuestos beneficios del libre comercio y la agricultura de exportación.

En los meses recientes, a la gran cantidad de voces de la sociedad civil que alertan sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de la nueva ola de agrocombustibles, se han unido los informes críticos de instituciones internacionales que han sido cruciales para el desarrollo del neoliberalismo, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional. Una de las explicaciones de la súbita “toma de conciencia” de ese tipo de instituciones es que, cobijados en esas críticas, promueven como una de las soluciones nuevas tecnologías de alto riesgo para el ambiente y la sociedad, pero con grandes ganancias para quienes las controlan.

Desde hace algo más de una década, los tratados de libre comercio o TLC se han expandido como plaga por todo el mundo, condicionando gran parte de nuestra vida cotidiana. Más allá de solamente regular el comercio de mercancías entre países, se han convertido en verdaderos factores de transformación de paradigmas (y realidades) dentro de cada país, haciendo posible la privatización de aspectos y recursos vitales para las sociedades, que si se hubieran planteado separadamente, probablemente nunca se hubieran podido concretar.

No es novedad que la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados se redactó a favor de las empresas trasnacionales de los transgénicos. Por eso se le conoce como Ley Monsanto. El 24 de marzo entró en vigor el reglamento de dicha ley, elaborado a puertas cerradas, que retoma y empeora todos los aspectos negativos de la ley, para facilitarle a las trasnacionales los trámites para vender sus semillas transgénicas en el país, legalizando así la contaminación.

El 4 de marzo de 2008, más de 800 mujeres de Vía Campesina Brasil invadieron la Fazenda Tarumã, en Río Grande do Sul, Brasil, una hacienda de 2 mil 100 hectáreas dedicada al monocultivo de árboles para la empresa papelera sueco-finlandesa Stora Enso, la segunda más grande del rubro a escala mundial. Desde la mañana comenzaron a arrancar eucaliptos y a plantar árboles nativos, en protesta por el avance vertiginoso de estos "desiertos verdes" en el país. La gobernadora del estado, Yeda Crusius, rápida en defender los intereses de la empresa, envió a la Brigada Militar, que con lujo de violencia y disparando balas de goma contra las ocupantes hirió a más de 50 personas y detuvo a la mayoría, que fueron encerradas en un estadio deportivo.

Mientras que los cultivos transgénicos siguen siendo objeto de arduas polémicas y resistencias en todo el mundo, al tiempo que se acumulan cada vez más datos sobre contaminación, fallas de rendimiento, aumento de uso de agrotóxicos e impactos a la salud y el ambiente, nuevas amenazas se abren en el horizonte, con la presión creciente de las empresas para introducir árboles transgénicos. El motor principal de la industria es producir materia prima más barata para papel y celulosa para etanol, a costa de aumentar los fuertes impactos que ya tienen los monocultivos forestales en el ambiente, los bosques, las comunidades indígenas, negras y campesinas.

En la cop-9 y en la mop 4, está en juego el ataque generalizado, a nivel global y nacional y local, para controlar las semillas. Que los que plantan necesitan semillas y los que viven su vida plantando usan su propia semilla para volverla a plantar son cosas tan obvias que es casi como respirar, es como si uno describiera lo que hace una persona o un animal y agregara: y además respira. La semilla es imprescindible. Pero no solamente para la vida de los que plantan, de los campesinos, de los agricultores, sino para todos. Controlar las semillas es controlar la reproducción de la vida. Las empresas lograron imaginar un sitio desde donde ponerse en uno de los nodos de todo el sistema de la vida en el planeta.

El 13 de febrero pasado murió Miguel Ángel López Rocha, de ocho años, luego de estar 19 días en estado de coma tras haber caído, jugando, al río Santiago en Jalisco, uno de los peores casos de contaminación industrial y orgánica a nivel mundial. El contacto con el agua del río le provocó intoxicación con arsénico, septicemia (infección) generalizada e inflamación cerebral, debido a los altos niveles de sustancias tóxicas, metales pesados y bacterias nocivas que contiene.