Silvia Ribeiro

"Las y los representantes de comunidades y ejidos compartieron la situación en que viven, las amenazas, las formas de organización para defenderse y en todos los casos, la firme decisión de continuar con la defensa del agua, los territorios, las asambleas".

Ya son más de 13 mil juicios iniciados contra Monsanto (ahora propiedad de Bayer) por haber causado cáncer a los demandantes o a sus familiares con el uso del herbicida glifosato, a sabiendas de los peligros que implicaba y sin informar de los riesgos a las personas expuestas. Son, en su mayoría, personas que aplicaban el agrotóxico sea en su trabajo agrícola, de jardinería o parques. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el glifosato es cancerígeno para animales y probable cancerígeno en humanos.

Porque nos afecta a todos y hay mucho en juego. La disputa es entre los intereses de las megaempresas (trasnacionales y nacionales), que se han beneficiado en grande con la ley y programas actuales, y la necesidad de reformar el sistema de ciencia y tecnología para que sirva a las necesidades de la mayoría del pueblo mexicano. Son paradigmas opuestos: una ciencia elitista para producir tecnologías al servicio del lucro (tecnociencia) o la posibilidad de desarrollar una ciencia digna, comprometida con la sociedad que la sostiene, que reconozca e integre distintas formas de conocimiento, que desarrolle tecnologías para el bien común, en lugar de venderse al mejor postor.

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), marcó un hito en el año 2000 cuando estableció una moratoria contra la experimentación y la comercialización de la tecnología Terminator para hacer semillas suicidas. Ahora, en su 14a. sesión en noviembre de 2018, consideró otra tecnología aún más peligrosa: los impulsores genéticos o genes “exterminadores”. 

La propuesta de una nueva ley de ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera ha causado revuelo mediático, la cual, sin embargo, está lejos de tocar el verdadero fondo de la controversia: durante casi dos décadas el sistema público de ciencia y tecnología en México ha sido modelado para convertirse en una fuente de jugosos subsidios para enormes empresas trasnacionales y nacionales, que sólo ha abonado a sus ganancias privadas sin dejar nada al país.

"El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) subsidia a la industria farmacéutica trasnacional, que no son empresas que necesiten apoyo y tampoco sirven al interés público. La gran farmacéutica trasnacional es una industria altamente lucrativa. Las 15 mayores empresas farmacéuticas controlan aproximadamente 50 por ciento del mercado global y están entre las que tienen mayor porcentaje de ganancias a escala global".

La industria de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) ha estado siempre en la vanguardia de la negación del cambio climático: son sus principales culpables e intentan así desviar la atención sobre su responsabilidad. 

El 15 de enero pasado, la nueva directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla, alertó que esa institución había entregado en el sexenio anterior alrededor de 50 mil millones de pesos en subsidios, beneficios fiscales y otras prebendas a empresas privadas, muchas de ellas enormes trasnacionales.