Huachicoleo científico
El 15 de enero pasado, la nueva directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla, alertó que esa institución había entregado en el sexenio anterior alrededor de 50 mil millones de pesos en subsidios, beneficios fiscales y otras prebendas a empresas privadas, muchas de ellas enormes trasnacionales.
Varias de las mayores compañías globales, como Monsanto y otras de transgénicos; enormes farmacéuticas, como Bayer y Sanofi-Aventis; trasnacionales químicas, como Dow Chemicals; automotrices, como Ford y General Motors, y empresas mundiales de electrónica, como Intel, IBM y Samsung, han estado chupando recursos públicos mediante proyectos de investigación.
A ese inexplicable subsidio directo se agrega que, en muchos casos, los proyectos son con participación de universidades e instituciones públicas de investigación, lo cual lejos de ser un beneficio para éstas, facilita la influencia indebida de las trasnacionales en los programas de investigación y es un aporte adicional para las empresas, que aprovechan la infraestructura y la formación pública y trabajo de investigadores, docentes y estudiantes.
El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Conacyt entregó entre 2009 y 2017 unos 24 mil 448 millones de pesos a fondo perdido, de los cuales 7 mil 367 millones fueron para 512 grandes empresas (Arturo Sánchez y Laura Poy, La Jornada, 18/01/19). De éstos, la mayoría son solamente de interés para las propias empresas. Incluso, les pagan costos de actividades que necesariamente debían hacer para entrar al mercado, como análisis clínicos de medicamentos o evaluación de eventos transgénicos.
El caso de las trasnacionales de agronegocios y de alimentación industrial es particularmente indignante, porque son subsidios a las más grandes semilleras globales, sobre todo para trabajar con maíz. Así, México, centro de origen de ese grano, subsidió con dinero público a trasnacionales semilleras y de veneno, mismas que se han apropiado del mercado y contaminan maíces nativos y campos.
De 2009 a 2017, Monsanto, PHI México (propiedad de DuPont), Dow Agrosciences, la división agrícola de Bayer y la semillera Harris Moran recibieron juntas 50 millones 526 mil 107 pesos. Los proyectos incluyeron principalmente desarrollar nuevos eventos de maíz, herbicidas para malezas resistentes en maíz y trabajos en sorgo y otros cultivos. Dow recibió más de un millón de pesos a fondo perdido para evaluar sus primeros eventos biotecnológicos. En resumen, fondos públicos para lucrar produciendo transgénicos, híbridos y agrotóxicos para maíz, todas actividades contrarias a los intereses de los campesinos que crearon ese grano y en desmedro de las actividades que deberían hacer instituciones públicas, como el Inifap, para promover mejor producción con semillas nacionales, etcétera.
En el mismo periodo, el PEI entregó también 5 millones 268 mil 500 pesos a Barcel/Bimbo; 42 millones 702 mil 635 pesos a Gamesa, y 5 millones 779 mil 508 pesos a Sabritas. Las dos últimas, propiedad de PepsiCo.
Además, se entregaron directamente a PepsiCo 4 millones 228 mil 240 pesos. Es decir, más de 57 millones de pesos a PepsiCo, una de las mayores productoras globales de bebidas y comida chatarra. Igualmente, se dieron 50 millones 379 mil 947 pesos a Conagra, otra trasnacional de matriz estadunidense, gigante de la comida industrializada.
También se entregaron subsidios a trasnacionales de origen mexicano. Entre otras, a Bachoco y Minsa, que recibieron juntas 9 millones 142 mil 374 pesos; Agroindustrias Unidas de México (codueña de Granjas Carroll) recibió 15 millones 215 mil 751 pesos, y Agromod, empresa de Alfonso Romo, obtuvo 31 millones 969 mil 906 pesos.
Es también absurdo el caso de las trasnacionales farmacéuticas. El PEI entregó decenas de millones de pesos a las mayores trasnacionales farmacéuticas del mundo, como Merck, Novartis, Sanofi, Bayer, Boheringer Ingelheim. La industria farmacéutica trasnacional tiene el mayor porcentaje de retorno de ganancias de todos los rubros industriales y es conocida por su falta de innovación, que remplaza con supuestos nuevos productos que son apenas copias modificadas de los anteriores para prolongar la vida de sus patentes e impedir el acceso a medicamentos a bajo costo.
Al contrario del difundido mito de que la innovación tecnológica proviene del sector privado y por eso es necesario apoyarlo, la historia muestra lo contrario. Todas las grandes innovaciones de las últimas décadas han sido desarrolladas por instituciones públicas. Por ejemplo, Internet, el GPS, las pantallas táctiles, el sistema HTLM y los asistentes de computación dirigidos por voz, sin los cuales no tendríamos teléfonos inteligentes ni muchos otros aparatos que hoy son la base de las grandes plataformas digitales y de comunicación. Igual sucede con otros rubros, incluyendo la biotecnología y la nanotecnología (Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State, 2011).
Las trasnacionales han tomado estas innovaciones y las han privatizado para su lucro, con patentes y en mercados oligopólicos, creando dependencia. Al contrario del mito, inhibiendo la innovación. Por todo ello es esencial que el Conacyt elimine ese programa y se replantee, en su lugar, qué acciones e investigaciones apoyar, que sean de necesidad y beneficio para la mayoría de la población del país.
Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC
Fuente: La Jornada