Servindi

"La Ordenanza 010 fue masivamente rechazada por las comunidades y organizaciones indígenas que realizaron un paro indefinido en la provincia de Atalaya durante 2018 por fomentar la invasión y el tráfico de tierras dentro de los Bosques de Producción Permanente (BPP) de Ucayali. Las organizaciones alertaron que dicha norma vulnera los derechos territoriales indígenas y favorece la entrega de concesiones forestales a terceros sobre tierras y territorios ancestrales indígenas".

400 policías se trasladan al valle de Tambo, informa el diario La República. Un primer grupo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía y otras comisarías se trasladan a la provincia de Islay (Arequipa) luego que el Gobierno otorgó la licencia a Southern para ejecutar el proyecto Tía María.

Más de la mitad de las muestras de sedimento de los ríos que serán dragados por el proyecto Hidrovía Amazónica contienen un alto grado de arsénico, sustancia potencialmente tóxica y agente cancerígeno.

Con motivo de los recientes derrames petroleros, el Gobierno declaró en emergencia sanitaria a las comunidades nativas de la provincia loretana del Datem de Marañón. 

El 27 de junio a las 3 p. m., el pueblo Achuar del Pastaza y la nación Wampís realizarán un plantón en la sede de Geopark, empresa petrolera que aún pretende operar en el Lote 64

Al cumplirse los 30 años de aprobación del Convecio N° 169 de la OIT, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a todas las instancias gubernamentales implementar acciones coordinadas a favor de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

Al cumplirse los 30 años de aprobación del Convenio N° 169 de la OIT, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a todas las instancias gubernamentales implementar acciones coordinadas a favor de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

Ante la intensificación de los asesinatos, secuestros y amenazas a través de panfletos en contra de los líderes sociales, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), denunció que el Estado colombiano es incapaz de proteger a los líderes sociales.