Aplicación de Ordenanza 010 afectará 100 mil ha de bosques en Ucayali

Las acciones de un Comité Multisectorial dedicado a aplicar la cuestionada Ordenanza Regional 010-2018-GRU-CR cuya afectación se calcula en más de 100 mil ha de tierras forestales, en un contexto marcado por la corrupción, el trafico de tierras y los asesinatos.

Así lo denunció la asociación Kené al reportar el acuerdo celebrado el viernes 28 de junio por autoridades del Gobierno Regional de Ucayali (Goreu) y los alcaldes de los distritos de Curimaná, Irazola y Nueva Requena.

El comité se dedicará a la aplicación de la ordenanza firmada por Manuel Gambini, ex Gobernador Regional de Ucayali poco antes de culminar su mandato.

La citada ordenanza declara de interés público regional “el procedimiento de exclusión y formalización de predios superpuestos por Bosques de Producción Permanente, áreas de conservación regional y concesiones forestales con fines maderables, concesiones de conservación y concesiones de ecoturismo en la Región Ucayali”.

Ello, con la finalidad de otorgar certificados de posesión a los invasores, y formalizar la ilegitima ocupación dentro del BBP de Ucayali.

Cabe destacar que el ex Director Regional de Agricultura del Goreu Isaac Huamán Pérez cumple una orden de prisión preventiva  por presuntamente liderar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras.

La Ordenanza 010 fue masivamente rechazada por las comunidades y organizaciones indígenas que realizaron un paro indefinido en la provincia de Atalaya durante 2018 por fomentar la invasión y el tráfico de tierras dentro de los Bosques de Producción Permanente (BPP) de Ucayali.

Las organizaciones alertaron que dicha norma vulnera los derechos territoriales indígenas y favorece la entrega de concesiones forestales a terceros sobre tierras y territorios ancestrales indígenas.

Kené indica que la Ordenanza 010 trasgrede la Constitución Política del Perú y contraviene la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763.

Declaración de emergencia

Kené demanda a las autoridades nacionales declarar en Emergencia los Bosques de Producción Permanente, las Áreas de Conservación Regional, las Concesiones Forestales, las Concesiones de Conservación y las Concesiones de Ecoturismo de la Región Ucayali, ante una eventual aplicación de la OR N° 010-2018-GRU-CR.

El pedido se dirige expresamente a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Agricultura y Riego, al Ministerio del Ambiente, y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

De igual modo pide al Ministerio del Interior y al Ministerio Público "garantizar la seguridad y cumplimiento de la legalidad" por las autoridades regionales de Ucayali e iniciar las investigaciones que correspondan respecto a los actos ilegales denunciados y los que se deriven de las inspecciones.

Finalmente pide a la Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo supervisar la legalidad de los actos administrativos del Gobierno Regional de Ucayali en relación con el Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, como a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la región Ucayali.

A continuación compartimos el texto completo difundido por la Asociación Kené: 

Antecedentes

Mediante Resolución Ministerial Nº 026-2002-AG de fecha 07 de enero de 2002, el Ministerio de Agricultura creó el Bosque de Producción Permanente (BPP) del departamento de Ucayali, los cuales son bosques naturales primarios y secundarios, sobre tierras de aptitud forestal y de protección, “con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas” (1). El 31 de marzo de 2015, la RM Nº 147-2015-MINAGRI estableció que la superficie actual del BPP Ucayali es de 3´461,469.93 hectáreas.

Por otro lado, desde el año 2012 la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. (Ahora Ocho Sur P S.A.C.) adquirió diversos predios con bosques naturales primarios en las zonas de Caserío Naranjal y Unión Progreso, distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, Ucayali; llegando a acaparar un área de cerca de 6,845.43 hectáreas, con la finalidad de dedicar ilegalmente dichos bosques a actividades agroindustriales (2). Desde el 2013, la citada empresa realizó actividades intensivas de deforestación de los bosques naturales ubicados en dichos predios, sin contar con autorización y/o certificación ambiental previa de autoridad alguna. Para dicho fin se usó maquinaria pesada, ocasionando un considerable impacto negativo y daños irreversibles al ambiente debido a la tala rasa completa, remoción de tierras, destrucción de quebradas y cursos de agua, pérdida de fauna y de ecosistemas, inadecuada disposición de residuos sólidos, entre otros daños incalculables; sin perjuicio de que dichas actividades generaron el tráfico ilegal de los productos forestales maderables que se obtuvieron como producto de la deforestación (3) (4).

Invasión,corrupción y asesinatos en el BPP Ucayali

Frente a esta situación de abierta impunidad, el Gobierno Regional de Ucayali – GOREU, no solo no realizó actividad alguna de fiscalización, control o sanción, sino que abiertamente ha promovido que desde el 2012 hasta la actualidad presuntos traficantes de tierras hayan invadido las zonas contiguas a las deforestadas por las empresas Ocho Sur P S.A.C. y Ocho Sur U S.A.C., incluyendo el BPP de Ucayali. Un estudio de monitoreo de la deforestación en el distrito de Nueva Requena determinó que la deforestación acumulada al 2016 fue de 48,869.65 hectáreas (5).

El 10 de julio de 2015, el GOREU emitió la Ordenanza Regional Nº 012-2015-GRU/CR, mediante la cual aprueba la Directiva “Procedimientos para la venta directa de predios revertidos y de dominio privado del Gobierno Regional de Ucayali de libre disponibilidad”, la cual, contraviniendo los principios de publicidad y transparencia de la Administración Pública, nunca fue publicada por la autoridad regional. Sin embargo, dicha norma se ha venido utilizando de manera irresponsable con el objetivo de transferir y otorgar áreas dentro del BPP Ucayali a favor de presuntos traficantes de tierras a precios irrisorios, quienes a su vez fraudulentamente venden dichas tierras a terceros que vienen deforestando y traficando maderas impunemente (6). Ello ha generado a su vez numerosos conflictos entre invasores, lo cual también afecta la seguridad de las comunidades nativas aledañas.

Esta situación de caos, violencia e ilegalidad en la zona, ha sido promovida irresponsablemente por los propios funcionarios del GOREU, ya que en agosto de 2017 el Director Regional de Agricultura de Ucayali, Isaac Huamán Pérez -en una reunión realizada presuntamente con funcionarios y un grupo de agricultores de la región-, propuso que los invasores al interior del Bosque de Producción Permanente de Ucayali que quieran desarrollar actividades agrícolas (o continuar dichas actividades), formen “comunidades campesinas ficticias” para que se les otorguen concesiones por 40 años para que durante dicho plazo puedan trabajar en actividades agrícolas, o hacer lo que quieran (7) (8). Actualmente el ex funcionario del GOREU, quien es investigado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo por presuntamente liderar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras (Carpeta Fiscal N° 2303-2018), viene cumpliendo una orden de prisión preventiva de 18 meses.

En este contexto se ha generado también una ola de violencia desenfrenada entre grupos de invasores y sicarios, lo que ha provocado que el 01 de setiembre de 2017, seis agricultores de la Asociación de Agricultores Bello Paraíso fueran torturados y posteriormente asesinados con disparos en el cuerpo con proyectiles de armas de fuego presuntamente por personas contratadas por traficantes de tierras; hechos ocurridos en la Quebrada Juantía del Caserío de Bajo Rayal, distrito de Nueva Requena, Ucayali, como producto de la disputa entre miembros de dos asociaciones por la posesión y tráfico de terrenos ubicados en el BPP Ucayali – zona del Biabo Cordillera Azul (9),(10).

El 21 de noviembre del 2018 se produjo el violento asesinato de dos agricultores más en el distrito de Curimaná, en un contexto donde el tráfico ilegal de tierras que azota los bosques de la región de Ucayali es promovido por traficantes con el fin de deforestar, acaparar y vender tierras forestales para la instalación de cultivos agroindustriales, como palma aceitera, cacao o arroz, en algunos casos vinculados a los cultivos ilícitos de hojas de coca (11),(12).

Con fecha 27 de junio de 2018 el Gobierno Regional de Ucayali emitió la Ordenanza Regional Nº 10-2018-GRU-CR (13) que declara de interés público regional “el procedimiento de exclusión y formalización de predios superpuestos por Bosques de Producción Permanente, áreas de conservación regional y concesiones forestales con fines maderables, concesiones de conservación y concesiones de ecoturismo en la Región Ucayali” con la finalidad de otorgar certificados de posesión a los invasores, y formalizar la ilegitima ocupación dentro del BBP de Ucayali. Para ello dispone la creación de un Régimen Temporal de exclusión de los predios superpuestos por los Bosques de Producción Permanente; así como de un procedimiento de redimensionamiento de los Bosques de Producción Permanente y de un procedimiento para emitir constancias de ocupación, posesión y/o de explotación económica en los Bosques de Producción Permanente a favor de que quienes soliciten su redimensionamiento.

La agenda de la mesa incluye la formalización de las invasiones dentro del BPP, la búsqueda de financiamiento en programas nacionales, la apertura de trochas y carreteras, así como el involucramiento del Consejo Regional durante su proceso.

Según el actual Director Regional de Agricultura del GOREU, al asumir el cargo encontró diversas propuestas de formalización de las áreas invadidas que datan de hace 02 años y medio. Tras 05 documentos presentados y 04 reuniones sin llegar a un acuerdo definitivo, solicitó la inmediata conformación de una mesa técnica especializada para este fin. La agenda de la mesa incluye la formalización de las invasiones dentro del BPP, la búsqueda de financiamiento en programas nacionales, la apertura de trochas y carreteras, así como el involucramiento del Consejo Regional durante su proceso.

La cuestionada OR N° 010-2018-GRU-CR fue firmada por el ex Gobernador Regional Manuel Gambini Rupay pocos meses antes de culminar su mandato, por lo que miles de manifestantes indígenas realizaron un paro indefinido en la provincia de Atalaya, quienes alertaron la vulneración de sus derechos territoriales al favorecer la entrega de concesiones forestales a terceros sobre tierras y territorios indígenas.

Frente a la grave situación de colusión de actos de corrupción, invasiones, tráfico de tierras y violencia dentro del BPP Ucayali, que ponen en riesgo la seguridad de la región Ucayali, así como más de 100 mil hectáreas de bosques, 

SOLICITAMOS:

A la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Agricultura y Riego, al Ministerio del Ambiente, y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre declarar en Emergencia los Bosques de Producción Permanente, Áreas de Conservación Regional, Concesiones Forestales, Concesiones de Conservación y Concesiones de Ecoturismo de la Región Ucayali, ante una eventual aplicación de la OR N° 010-2018-GRU-CR.

Al Ministerio del Interior y al Ministerio Público garantizar la seguridad y cumplimiento de la legalidad por parte de las autoridades regionales en el departamento de Ucayali. Asimismo, iniciar las investigaciones que correspondan respecto a los actos ilegales denunciados y los que se deriven de las inspecciones.

A la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo supervisar la legalidad de los actos administrativos del Gobierno Regional de Ucayali en relación con el Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, como a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en la región Ucayali.

Notas:

(1)  Art. 29° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763.

(2)  http://www.keneamazon.net/Documents/Press-Release/Nota-de-Prensa-001-2013-SPDE-DE.pdf

(3)  http://www.keneamazon.net/Documents/Press-Release/Nota-de-Prensa-002-2013-SPDE.pdf

(4)  http://keneamazon.net/nota-de-prensa-004-2016.html

(5)  http://www.keneamazon.net/Documents/Deforestation-alert/Monitoreo-de-la-deforestacion-al-2017.pdf

(6) “La mafia que hace posible el tráfico de madera de origen ilegal en Perú no se compone solo de delincuentes del gremio maderero, sino de una red de funcionarios públicos corruptos”. BARGENT, James. 2019. Blanqueo de madera en Perú: la mafia en el interior. Publicado en InSight Crime, el 10 de mayo de 2019. En:  https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/blanqueo-de-madera-en-peru-la-mafia-en-el-interior/

(7)  http://www.keneamazon.net/Documents/Press-Release/Nota-de-Prensa-005-2017-KENE/Anexo-I.mp3

(8)  http://www.keneamazon.net/Documents/Press-Release/Nota-de-Prensa-007-2016-KENE.pdf

(9)  http://www.keneamazon.net/Documents/Press-Release/Nota-de-Prensa-004-2017-KENE.pdf

(10) Atendiendo a lo ocurrido, con fecha 18 de abril de 2018 la Fiscalía Provincial Penal de Curimaná realizó la diligencia de inspección fiscal y de reconstrucción de los hechos respecto al asesinato de los seis agricultores, diligencia la cual se dificultó porque personal de la empresa Ocho Sur P S.A.C. (Ex - Plantaciones de Pucallpa S.A.C.) bloqueó el paso de la Fiscalía y del equipo que la acompañaba tanto por el Río Aguaytía como por la zona adyacente al lugar de los hechos. En el camino la Fiscalía constató la presencia de varias parcelas con plantaciones ilegales de coca dentro de los bosques invadidos.

(11)  http://www.keneamazon.net/nota-de-prensa-idl-kene-2018.html

(12)  http://www.keneamazon.net/Documents/Press-Release/Nota-de-Prensa-004-2018-KENE.pdf

(13) Publicada con fecha 15 de agosto de 2018 en el Diario Oficial El Peruano.

Fuente: Servindi