Salva la Selva

El Banco Mundial ha concedido un préstamo de 27‘5 millones de dólares al gobierno de Papua Nueva Guinea para continuar la expansión de la palma aceitera. El representante del Banco Mundial en PNG ha dicho que esto es “un elemento central” de la nueva Estrategia de Asistencia a este país, que contribuirá al alivio de la pobreza.

Empresas europeas, principalmente españolas y vascas, han llegado a México con las promesas de generar energía limpia y de inversiones millonarias, empleo y progreso. Pero la realidad se presenta de modo muy diferente.

"Haciendo uso de su legítimo derecho a decidir, los pueblos indígenas, negros y mestizos de Urada – Jiguamiandó, Chocó, se pronunciarán acerca de la implementación del Proyecto Mandé Norte que implementa la empresa Goldplata Mining Corporation..."

"Alemania se presenta internacionalmente como un modelo a seguir en materia de protección ambiental y del clima, y que presta servicios de cooperación técnica para la protección forestal en todo el mundo. Pero antes de marzo, la empresa Fraport habrá destruido el bosque de Kelsterbach..."

"Exija al presidente peruano que sean respetados los derechos de los grupos indígenas aislados y que prohíba toda actividad petrolera, maderera y agrícola en las áreas de bosque tropical."

La urgencia viene nuevamente de Colombia. Esta vez, una militarización sin precedentes está teniendo lugar en estos momentos en los territorios de Jiguamiandó donde habitan indígenas Embera. La operación militar pretende controlar el territorio y apoyar la exploración del cerro Cara de Perro por parte de la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation

Apoyen esta nueva acción urgente, y pidan hoy mismo al gobernador de la provincia de Salta en el noroeste argentino, que vete la nueva Ley de Ordenamiento Territorial antes de que esta conduzca a más destrucción de bosques y poblaciones en la provincia. El proyecto ha sido arreglado a conveniencia del empresariado y politiqueo local, que se beneficia de la expansión de los agronegocios...

En Guatemala, la expansión de la caña de azúcar y la palma aceitera para la producción de agrocombustibles, está conduciendo a graves violaciones de los derechos humanos, al desplazamiento de comunidades indígenas y a la destrucción ambiental, como la deforestación. En enero de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, aprobó una financiación al gobierno guatemalteco, para el desarrollo de una estrategia nacional de biocombustibles, que incrementará las inversiones privadas en etanol y biodiesel.