Raúl Zibechi

Con la llegada de Michel Temer al Gobierno la privatización y la extranjerización de la Amazonia crecen de forma exponencial. Desde las más diversas posturas ideológicas, se consolida la convicción de que el control del pulmón del planeta está siendo perdido por el Estado brasileño.

Se trata de una nueva generación que ha comenzado a tallar en las luchas, que ya no espera las decisiones de las organizaciones, que se junta por abajo y enfrenta la creciente militarización del mal llamado “posconflicto”.

Es inédito en América Latina que decenas de pueblos y naciones indígenas decidan dotarse de un gobierno propio. La reciente decisión del quinto Congreso Nacional Indígena (CNI) de crear un Concejo Indígena de Gobierno, luego de la consulta y aprobación por 43 pueblos, que se propone gobernar este país, tendrá hondas repercusiones en el país y el mundo.

La destitución fulminante del presidente Fernando Lugo, en 2012, representó un paso atrás para los campesinos y lubricó un avance exponencial de los negocios de la soja y la carne. Ese avance profundiza la desigualdad y se produce con los métodos mafiosos que caracterizan al narcotráfico. Lo peculiar del caso paraguayo es el ferviente apoyo estatal a las ilegalidades empresariales.

La minería es una guerra de baja intensidad contra los pueblos y un gigantesco negocio para estados y empresas. En los territorios, la megaminería dispara la prostitución, la deserción escolar, la emigración y los conflictos intracomunitarios. Desde todo punto de vista, el tránsito de la coca al oro es un desafío para los pueblos y un palo en la rueda del proceso de paz.

“O capitalismo não é uma economia, é um sistema que inclui uma economia capitalista. Em sua etapa atual, o modelo extrativo ou de acumulação por roubo não se reduz a uma economia, mas a um sistema que funciona como uma guerra contra os povos, como um modo de extermínio ou de acumulação por extermínio.”

La formación del primer gobierno autónomo indígena del Perú, el domingo 29 de noviembre en la comunidad Soledad del distrito de Río Santiago, en la amazónica provincia Condorcanqui, es el fruto de una larga historia de frustraciones y luchas. Ese día 300 representantes de 85 comunidades wampis instalaron su autogobierno como forma de defender 1,3 millones de hectáreas de bosques de las multinacionales extractivas.

Una década de boom minero deja un rosario de complicaciones: pasivos ambientales, polarización social, pérdida de legitimidad de los gobiernos y ningún problema de fondo resuelto.