El 2 de junio del 2016 las autoridades ancestrales de los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo y las organizaciones que forman parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala “REDSAG” presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad contra el decreto 6-14 que le dio vida al protocolo de Nagoya.