"La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado Ecuatoriano por la violación en contra del Pueblo de Sarayaku, de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de nuestro pueblo."