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El Proyecto corresponde a la “Regularización de Piscicultura Chesque Alto” del titular Sociedad Comercial, Agrícola y Forestal Nalcahue Ltda, con una inversión de U$ 4 millones de dólares, que busca aumentar estratosféricamente su producción a 300.569 kilogramos anuales de biomasa, en las fases de incubación, alevinaje, esmoltificación, mantención y desove de reproductores salmoneros. Dicho proyecto de concretarse afectaría la vida y el territorio de las comunidades que habitan allí.

"En este día, los movimientos sociales en Chile se expresaron masivamente, con delegaciones provenientes desde diversas regiones quienes han convergido en Santiago por las aguas, DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL CON RESPECTO A LO QUE OCURRE EN LOS TERRITORIOS, ante la crisis que se vive y la mercantilización de este vital elemento, apropiado indebidamente por corporaciones privadas que la controlan, depredan y contaminan."

La mayor parte de los derechos de aguas en Chile está en manos de privados de forma gratuita y a perpetuidad. El Código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución consagra al agua como un bien privado, condición que demuestra su absoluta perversidad.

La empresa, que tiene cerca de 700 mil hectáreas de tierras de plantaciones forestales y que ocupa una considerable superficie de tierras ancestrales reclamadas por comunidades y a su vez, mantiene en su propiedad, importantes y milenarios espacios sagrados y ceremoniales Mapuche, es emplazada a que restituya derechos de comunidades y termine con el desplazamiento de comunidades a causa de su expansión.

"Hay cuatro senadores que tienen intereses accionarios en empresas que se van a ver beneficiadas por esta ley y no se consultó a los pueblos originarios en el marco del 169 de la OIT”, indicó Cárdenas, quien llamó a manifestarse el lunes en el Congreso en Valparaíso.

El caso de Chile es presentado en América Latina como un modelo exitoso en materia forestal, a pesar de que numerosas organizaciones chilenas y en particular de comunidades Mapuche vienen denunciando desde hace años los impactos de las grandes plantaciones de pinos y eucalipto instaladas en el sur del país.

"Rechazamos la proyección política y económica del gobierno regional, ya que este apunta a aumentar los polos de desarrollo urbanos en desmedro de las tierras mapuche, instalando plantas de aguas servidas en las comunidades, trayendo inversionistas para sus proyectos capitalistas, modificando los planes reguladores sin consulta a las comunidades, entre otras medidas."

En un acto lleno de conciencia, determinación y defensa de su territorio, unas trescientas personas de comunidades y organizaciones indígenas cerraron minas de oro explotadas por particulares y anunciaron que no permitirán este tipo de actividades dañinas y que asumirán permanentemente su protección rechazando el ingreso de particulares y de empresas transnacionales.