Lester Chavez Campbell

La actividad extractiva pesquera artesanal en Chile tiene un punto de inflexión con la aparición de la Ley General de Pesca y Acuicultura del año 1991. Esta Ley inicia la consolidación del proceso de “modernización” y ajuste al contexto neoliberal impulsado desde la dictadura liderada por Pinochet. Aquel proceso se caracteriza esencialmente por una abertura hacia los mercados internacionales a partir de la exportación de materias primas y/o elaboración básica o de primer orden, la desindustrialización nacional y privatización de los principales recursos naturales.

Es menester recuperar el control de nuestros recursos naturales alimentarios, por el futuro de las generaciones, que tienen el derecho a alimentarse de alimentos sanos. Rompamos la inercia y con ello recuperemos nuestra dignidad y el control de nuestro futuro.

Como es conocido por la comunidad chilena e internacional el pasado 20 de diciembre “nuestros representantes en las estadísticas y de los grandes grupos económicos en lo concreto”, terminaron de aprobar la futura regulación de nuestros recursos alimentarios marinos, es decir, la perjudicial y nefasta Ley de Pesca.

Para nadie es un cuento de fantasía que nuestros recursos naturales y patrimonio natural latinoamericano se encuentra en un estado crítico. No obstante de aquello y sin su perjuicio, es menester comprender que es fundamental optar por una opción de manejo que posibilite asegurar nuestras fuentes de alimento tanto terrestres como acuícolas para las futuras generaciones de nuestro continente.

El nuevo Proyecto de Ley de Pesca que impulsa el Gobierno, que según las palabras del Propio Sebastián Piñera “viene a cambiar el paradigma sobre el cual se ha basado la explotación de los recursos pesqueros chilenos durante los últimos 15 años”, al igual que las leyes anteriores tiene por objetivo garantizar el Uso Sustentable de los Recursos Pesqueros. Sin embargo, es menester analizarlo un poco.