A la vista de todos, el agronegocio arrasa aceleradamente con las tierras de pueblos indígenas, en un proceso iniciado al menos, hace más de cien años. El saqueo territorial para el fomento de actividades extractivistas ya podemos encontrarlo en el período de la post Guerra del 70, con la conocida ley del 2 de octubre de 1883, donde el Congreso Nacional autoriza al Poder Ejecutivo, presidido por Bernardino Caballero, a vender tierras del Estado, inaugurando el fenómeno de privatización de tierras públicas para el extractivismo de exportación, generándose grandes enclaves de producción agrícola y forestal.