La Vanguardia

El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) emitió este fin de semana un comunicado público alertando sobre el aumento en el ingreso de proyectos extractivistas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, durante la pandemia del Covid-19.

Alejados de los hospitales y a menudo con infraestructuras básicas muy escasas, los pueblos indígenas de Brasil están muriendo por coronavirus a un ritmo alarmante. La actitud pasiva del Gobierno de Jair Bolsonaro para combatir la pandemia está pasando factura a los más débiles. Brasil ya es el segundo país del mundo con más casos confirmados de Covid-19, con casi 350.000 positivos, y el 6.º con más fallecidos, por encima de los 22.000 muertos.

El actual gobierno brasileño está retirando competencias a los organismos de defensa de la naturaleza mientras apoya la ocupación de tierras en la Amazonia.

Representantes de organizaciones campesinas reclamaron hoy que se cumplan las normas que reconocen sus derechos en el decenio de la agricultura familiar estipulado por la ONU entre 2019 y 2028.

El movimiento internacional Vía Campesina ha hecho este miércoles una parada en su ruta hacia Ginebra para reivindicar la Declaración de la ONU de los derechos de los campesinos y ha explicado su ideario a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y al alcalde de València, Joan Ribó, así como miembros de la organización agraria COAG.

Agricultores de Argentina, Indonesia, Senegal y Francia expresaron hoy su deseo de que, a más tardar en junio, esté lista la declaración sobre sus derechos y los de otras personas que trabajan en las zonas rurales para que pueda ser aprobada en la ONU, tras varios años de trabajo.

Denuncian la falta de vigilancia sobre los adyuvantes, compuestos que se añaden para incrementar la acción de los pesticidas. ”La exposición a los niveles ambientales de algunas de estas mezclas de adyuvantes puede afectar a los organismos no objetivo [los insectos o las hierbas que afectan a los cultivos], e incluso puede causar enfermedad crónica en seres humanos.”

La Unión Europea acorrala a los plaguicidas neonicotinoides acusados del declive de los polinizadores, mientras arrecia la campaña promovida por 80 entidades cívicas para eliminarlos.