"La avaricia con los necesitados y la generosidad con los poderosos, incluidos consorcios, financieros y rentistas, bien nacionales o foráneos, así como con quienes, al amparo del Estatuto, puedan legalizar muchísimas hectáreas venidas del despojo, introduce no sólo un ordenamiento del uso del suelo, según “las potencialidades” que el gobierno neoliberal y autoritario de Uribe defina como derivación del TLC y del mandato imperial, sino que con él se genera un nuevo “arreglo” social en el campo colombiano. ¿Cuál es el futuro de los casi 25 millones de jornales anuales, involucrados en la producción de algodón, cereales y fríjol dejados a su suerte? ¿Cómo se modificará en el nuevo marco el inicuo régimen de propiedad rural imperante donde el 0,4% de los propietarios tienen cerca del 65% de la tierra?"