El ACTA, cuyo objetivo era mejorar la aplicación de las normas internacionales contra la piratería, definía ahora a los productos falsificados, no como aquellos que infrinjan una marca, sino en un sentido más general, como productos que infringen derechos de propiedad intelectual. Esto podría ser interpretado para incluir los derechos de obtentor de plantas y los derechos de patente.
