El oficialismo ha retomado el trámite del proyecto de Ley Orgánica de Agrobiodiversidad y Semillas con un giro importante respecto a la propuesta original debatida hace cuatro años. Ahora busca reforzar el control estatal, imponiendo el uso generalizado de semillas certificadas, lo que implica cumplir requisitos inalcanzables para los pequeños agricultores que proveen más del 60% de la canasta básica que se consume en el Ecuador.