Estas modificaciones al SEIA implican un retroceso alarmante en los estándares de protección ambiental, debilitando la fiscalización, flexibilizando requisitos para proyectos en áreas protegidas y priorizando criterios económicos por sobre los ambientales. Esto pone en jaque el objetivo central del sistema: promover un desarrollo armonioso que equilibre crecimiento económico, conservación de la biodiversidad y bienestar comunitario.
