Fernando Camacho Servín

Después de 13 años de permanecer encarcelado injustamente y de una prolongada espera en la que siempre reivindicó su inocencia, el profesor Alberto Patishtán Gómez finalmente obtuvo ayer su libertad, tras recibir de manera oficial el indulto otorgado por el presidente Enrique Peña Nieto.

El aumento de la conflictividad social en el país está directamente relacionado con la puesta en marcha de los diversos tratados de libre comercio (TLC) que ha firmado México, pues la devastación económica y ambiental que ellos producen quita a la gente sus medios de subsistencia tradicional y la arrojan a las actividades criminales y la economía informal, señalaron académicos universitarios.

El asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola –ocurrido el 27 de abril de 2010, mientras participaban en una caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala– podría haberse resuelto en dos o tres semanas, pero si ello no ha ocurrido todavía es porque las autoridades no han demostrado en la práctica su declarada voluntad política para hacerlo.

Mientras no haya certeza absoluta de la inocuidad de las semillas transgénicas, el gobierno de México debe prohibir su siembra y comercialización, ya que hay evidencias de que estos productos buscan una ganancia económica por encima de las necesidades reales de alimentación de la gente, señalaron especialistas en temas ecológicos.

La minería en todas sus formas es una actividad insustentable, depredadora del medio ambiente y de las culturas locales, y está siendo impuesta de forma violenta por las compañías trasnacionales que se dedican a esta actividad

En el contexto de la grave crisis que vive el campo mexicano, acentuada durante los gobiernos neoliberales, la eventual entrada de maíz transgénico sería un "atentado" contra la autosuficiencia alimentaria del país, advirtieron especialistas participantes en el 30 Seminario de Economía Agrícola.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) ha identificado al menos 47 casos en los que diversos megaproyectos económicos, sobre todo de minería, industria y urbanización, han generado conflictos graves en 15 estados de la República, muchos de los cuales han desembocado en amenazas, hostigamiento e incluso asesinatos contra activistas