"Denunciamos las políticas de criminalización de las luchas campesinas, indígenas por parte del Estado. Bajo el pretexto de la seguridad ciudadana se ha sometido a procesos judiciales a más de un millar de líderes y autoridades, cuya única responsabilidad es haber cumplido el mandato de los pueblos y comunidades para defender nuestros derechos ante las políticas que nos afectan y contra el saqueo de los recursos naturales".
