Vemos con mucha preocupación este artículo por sus implicaciones, que van más allá de lo teórico, en la medida en la que plantea una serie de sospechas sobre los pueblos indígenas del país y el sentido de la lucha por sus derechos y territorios, asomando subrepticiamente una eventual criminalización de los mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de políticas progresivas de flexibilización económica, relanzamiento e impulso de numerosos proyectos extractivistas, crecientes presiones del capital transnacional y cambios constitucionales en puerta.
