Nadie consultó a los vecinos del municipio de Juana Díaz, ni siquiera al alcalde Ramón Hernández, si las semilleras multinacionales podían adueñarse de una tercera parte de sus mejores tierras agrícolas, convertirlas en laboratorio transgénico y recibir exenciones contributivas a costa de ingresar menos a las arcas del pueblo. “Aquí un carrito de hot dog paga más patentes que Monsanto, que gana millones”, denunció Hernández.