Darío Aranda

La comunicación interna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la mayor institución “técnica” del agro argentino, es clara: prohíbe a sus trabajadores utilizar el término “agrotóxico” en escritos y publicaciones institucionales. Insta a llamarlos, como proponen las empresas que los venden, “agroquímicos” o “plaguicidas”.

Las continuas inundaciones en Argentina alertan sobre el cambio climático, pero sus efectos indican causas locales: desmontes, avance del agronegocio y pérdida de la capacidad de absorción de las napas. Las consecuencias de un modelo que desborda.

Es la primera provincia en sancionar una ley que prohíbe la extracción de hidrocarburos por fracking. Diputados le dio sanción a un proyecto que tenía media sanción del Senado desde 2016. La ley prohíbe el fracking y todos los métodos no convencionales.

El referente wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, fue detenido luego de reclamar por los derechos de su pueblo. Según la familia, los jueces y fiscales son presionados para procesar y condenar al dirigente indígena.

Una investigación de la ONG señaló que al menos treinta funcionarios y legisladores y empresas de transgénicos, que dominan el 60 por ciento del mercado mundial de semillas, están detrás del impulso a la nueva ley.

Siete días de caminata, 300 kilómetros y decenas de comunidades originarias que reclamaron al gobierno de Jujuy que respete los derechos indígenas y rechazaron la megaminería en sus territorios. Organizada por comunidades nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, cuestionaron la avanzada de actividades extractivas y denunciaron la represión sobre quienes defienden las tierras indígenas.

Un informe de la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Hilal Elver, responsabiliza a los agrotóxicos por la muerte de 200 mil personas al año y cuestiona la idea de que sin ellos no es posible alimentar.

Representantes de siete comunidades originarias del norte salteño están desde hace quince días en el centro porteño. Denuncian que sus reclamos sobre tierras, salud, vivienda y educación no fueron atendidos por ningún funcionario.