"El aparato jurídico del Estado, que ha sido servil a los intereses económicos y políticos de los sectores que nos han excluido, desplazado de nuestros territorios, avasallados nuestros derechos y preexistencia como pueblo originario, se empeña una vez más en negarnos como poseedores de derechos y para ello montan un escenario, enmarcado en la supuesta legalidad. Sentando en el banquillo de los acusados, como el peor de los delincuentes, a una autoridad mapuce que ha ejercido y representa la reafirmación de un pueblo"