"Pero ¿por qué hablar de legitimidad y legalidad para entender las consultas populares contra actividades extractivas? En efecto las consultas populares son un mecanismo legal consignado en la constitución y en varias leyes del estado colombiano, en su condición de legalidad son un derecho y además la garantía de su desarrollo es un deber del estado. Sin embargo, la fuerza de su legalidad no ha sido infalible, por el contrario, la realidad ha mostrado que la legalidad ha sido redefinida constantemente sobre la base de intereses disímiles y que también los valores que dan sustento a esa legalidad pueden cambiar".
