Luego de hacer el control constitucional de la ley 1518 de abril de 2012, aprobatoria del “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales”, de 1991, comúnmente conocido como UPOV 91, la Corte Constitucional de Colombia declaró que esta ley es inexequible, por no haber sido consultada previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas.