En todos los continentes, las empresas de semillas imponen la libre circulación de sus semillas, la protección intelectual de sus derechos y la prohibición de las semillas campesinas. El catálogo prohíbe la difusión de las variedades locales que no tienen el derecho a ser inscritas. Además, el certificado de obtención vegetal (COV) y las patentes prohíben el intercambio de semillas entre campesinos y limitan drásticamente su derecho a volver a resembrar su cosecha, todo ello junto a la contaminación genética que acaba con la destrucción de la biodiversidad cultivada
