Mientras el Gobierno de Milei avanza en una nueva privatización del río hasta 2055, con un dragado más profundo, en la ciudad entrerriana de Victoria no hay agua para sus habitantes. El pliego de licitación favorece a las multinacionales occidentales y se eliminó por decreto el ente de control. Las organizaciones socioambientales denuncian la falta de participación y un estudio de impacto ambiental serio.
