A partir de la reforma constitucional de 1994, donde se logra el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios por parte de la Carta Magna Nacional, la situación de los pueblos mejoró parcialmente con respecto al conocimiento en general por parte de la sociedad nacional de su existencia y derechos que los asiste. Este reconocimiento no impidió que las diferentes comunidades de los Pueblos Originarios que habitan nuestro país, vean atropellados sus derechos, desde diferentes puntos de vista, por diferentes intereses.
