En los años 90, en América Latina, el Banco Mundial impulsó la minería como parte de una política para los Estado. En esa década, el BM conjuntamente con Gran Bretaña y Suecia otorgan un crédito para el proyecto minero PRODEMINCA para convertir al Ecuador en un gran centro de explotación. Para ello se creó un marco jurídico que dio apertura y facilitó el trabajo de las mineras extranjeras: la Ley Trole II
