Acción Ecológica

Sobre las amnistías dadas por la Asamblea Nacional del Ecuador a Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza.

El 22 de febrero de este año, el gobierno ecuatoriano anunció la creación del “Centro Nacional de Recursos Genéticos Corea – Ecuador” (1), que se oficializó mediante la firma de un convenio con la cooperación internacional con el gobierno coreano KOICA. La firma de este convenio posiblemente estuvo pensada como parte de la delegación de los “recursos estratégicos del país” a agentes externos, que luego se recogiera en la llamada Ley de Inversiones, archivada por la Asamblea Nacional.

"Varias organizaciones sociales han empezado a construir propuestas de articulado de lo que sería una nueva ley de aguas; que resulte del análisis y consensos con la plena participación y decisión de las organizaciones campesinas, indígenas, negras montubias, comunales, y los aportes técnicos de sectores comprometidos con la defensa del agua y el buen vivir. El desafío es contar con una norma acorde con los derechos establecidos en la Constitución y que enfrente las graves amenazas que representan el extractivismo minero y petrolero, los agronegocios, las represas e hidroeléctricas, la financiarización del agua".

Un grupo de organizaciones ecologistas y ambientalistas presentaron una Acción Pública de Inconstitucionalidad de varias normas del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, que tienen relación con los manglares, monocultivos, los derechos de la naturaleza y sobre la regulación del derecho a la consulta previa y a la consulta ambiental. La Corte Constitucional, aceptó parcialmente la demanda y el 8 de septiembre de 2021 declaró que los manglares tienen derechos. La Decisión de la Corte fue de suma importancia al reconocer que los ecosistemas del manglar son titulares de los derechos reconocidos a la naturaleza y tienen derecho a “que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

La catástrofe ocurrida este 31 de enero en La Gasca y La Comuna, en Quito, se suma a otros desastres provocados en el país; uno de los más recientes, la erosión regresiva del río Coca y las constantes roturas de oleoductos que han provocado derrames petroleros con impactos de magnitud en el propio río y en muchas comunidades afectadas por la contaminación.

"Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos, bancos de desarrollo y otras entidades, para recaudar capital entre inversionistas. Los bonos azules se relacionan especialmente con inversiones en proyectos en zonas marino-costeros y ecosistemas oceánicos. Azulando los negocios, los bonos azules pueden incluir inversiones que van desde la construcción de puertos, el masivo transporte marítimo de mercancías, el establecimiento de grandes cadenas turísticas, explotación minera y petrolera en los fondos marinos, expansión de energía eólica offshore o, el control de ecosistemas marino-costeros y, en menor medida, pero no menos grave, la compraventa de servicios ambientales amparados en el discurso de la conservación y el desarrollo sostenible".

El 20 de enero 2021, después de varios años de espera, la Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Semillas, Agrobiodiversidad y Agricultura Sustentable (desde ahora Ley de Semillas). 

Entre los ejes del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 está el Eje de Transición Ecológica, que incorpora políticas relativas al sector eléctrico, de hidrocarburos, minería y sus consideraciones relacionadas con la conservación de ecosistemas, cambio climático y prácticas ambientales. Para el Gobierno, la transición ecológica se enmarca en propuestas liberales como el desarrollo sostenible o las libertades individuales. El Plan, además, parte de una nueva territorialidad que no toma en cuenta que somos un país plurinacional, con territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades, y tierras comunitarias.