Tierra, territorio y bienes comunes

Las familias de Cerro Morenita denunciaron cortes de alambrado, amenazas con disparos de arma de fuego e intimidaciones de los inversores brasileros acompañados por el comisario de Wanda para que desalojen los lotes fiscales.

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, exigió la derogación de las “Disposiciones Especiales y Transitorias para el Fomento de la Producción de Granos Básicos” que, a partir del año pasado, permitieron al Ministerio de Agricultura comprar directamente, y sin pasar por un proceso de licitación, semillas a los productores nacionales, en el marco del Plan de Agricultura Familiar.

"No creemos que sea posible una evolución transformadora de las realidades locales desde los tradicionales esquemas de intervención planificada para el desarrollo. Del mismo modo, consideramos que las iniciativas que no tienen en cuenta las relaciones de poder internas y generalizadas dentro de las comunidades están condenadas a reproducir los patrones de desigualdad."

Se registraron intimidaciones, uso de un lugar privado para celebrar la reunión y control de asistentes. Los ejidatarios anuncian que pedirán la revocación de la decisión y se declaran en plantón permanente.

La Red por la Paz y organizaciones hermanas, se pronuncian ante el clima de violencia, tensión y conflicto que se vive en torno a la Selva Lacandona y Biósfera Montes Azules.

"Pudemos constatar que a incorporação do enfoque agroecológico é também expressão da resistência da produção camponesa e familiar às crescentes pressões sobre ela exercidas pela ocupação de seus territórios pelo agronegócio e pelos grandes projetos de infraestrutura e de exploração mineral. Na análise que realizamos sobre os conflitos territoriais,... constatamos que ao resistir em seus lugares de vida e produção, a agricultura familiar camponesa e os povos tradicionais produzem respostas consistentes e diversificadas para críticas questões que desafiam o futuro de toda a sociedade."

"Familias afectadas por conflictos de tierra en los departamentos Ancasti y La Paz, ubicados al este de la provincia de Catamarca, habían solicitado el apoyo de ACINA para denunciar el avance de empresarios locales y extranjeros, sobre territorios campesinos."

"El Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión, cuya aplicación se ve cuesta arriba y se puede transformar en el caldo de cultivo para posibles conflictos sociales en el campo venezolano. Intentar despojar a campesinos asentados en tierras productivas, que fueron recuperadas, tras largas luchas y con el apoyo de la Revolución Bolivariana, no tiene nada de decisión jurídica aséptica y es el preámbulo de situaciones de enfrentamiento entre dos formas de concebir la propiedad de la tierra en el campo."