TLC y Tratados de inversión

El informe «Un peligroso dúo regulador», editado por Corporate Europe Observatory, Lobby Control y Ecologistas en Acción, explica cómo los grupos de presión de las principales multinacionales influyeron en las negociaciones del tratado comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Después de que la Corte Constitucional dictara un fallo a favor de una demanda interpuesta por congresistas del Polo Democrático, en la que se impide hacer minería en zonas de Páramos, la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp, ha anunciado la intención de demandar a Colombia bajo el capítulo de inversión del TLC entre Canadá y Colombia.

Entre los días 4 al 6 de abril se está llevando a cabo el Encuentro de Redes de Movimientos Populares y Sindicales Regionales en la ciudad de Montevideo (Uruguay), donde participaron diversos movimientos sociales entre ellos la CSA, ALBA Movimientos, Amigos de la Tierra y la CLOC – Vía Campesina.

Tobie Mining Inc. exige 16,5 billones de dólares o que se le permita explotar oro en el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis, entre los departamentos de Vaupés y Amazonas.

El caso fue dado a conocer por el sitio Primera Página. ”Se trata de Cosigo, de su filial en Colombia y de Tobie Mining and Energy, que decidieron llevar a Colombia bajo una demanda de arbitraje ante principal órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional (que preside Colombia)”.

“No se puede comparar beneficios de acceso al mercado con costos de soberanía, son incomparables”, señala Sebastián Ainzúa en relación a los supuestos beneficios que tendrían tratados como el TPP.

El posible ingreso de Chile al TPP (Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio) nos colocará frente a poderes prácticamente omnímodos en distintas áreas de nuestra vida que el empresariado transnacional busca mercantilizar completamente.

La larga campaña de ataques desarrollada en contra de los trabajos y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha caracterizado por sus objetivos de desprestigiar la metodología y la fiabilidad de su trabajo y por la absoluta ausencia de atención a los datos que reconstruyen los eventos dramáticos, hasta la fecha impunes, que habían motivado la necesidad urgente de nombrar a este grupo internacional independiente y competente por un organismo tan conocido por su autoridad moral y su trayectoria rigurosa.