Chile: ¡Creemos firmemente que todavía podemos parar el TTP!

Una de ellas es la producción y consumo alimentario, pues en una de sus cláusulas exige la adhesión de Chile, y de todos los Estados miembros, al Convenio UPOV91, el cual tiene como condición que las semillas (y las variedades vegetales en general) queden bajo el control de “obtentores”, es decir, empresas o personas naturales a las cuales habría que pedir permiso, e incluso pagar, para ocupar ejemplares que estén bajo su control ( Ver más).

Por otra parte, en Europa, las empresas de la agroindustria y algunos Estados funcionales a sus intereses intentan ignorar las investigaciones que acreditan las letales consecuencias de la aplicación de sus productos, las cuales también se han sentido en Chile, sin que los graves padecimientos de parte de la población expuesta a estos tóxicos o la muerte de grandes cantidades de colmenas, sea motivo para que el Estado implemente políticas de prevención respecto al uso de éstos. Para actualizarnos en cuanto a lo ocurrido respecto a estos temas, Lucía Sepúlveda Ruiz, encargada del área de semillas y transgénicos de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, respondió a las consultas de Resumen.

Recientemente, la Unión Europea ha postergado la votación respecto a renovar la aprobación del uso del glifosato sobre cultivos agrícolas, luego de que países como Francia y Holanda se mostraran partidarios de prohibirlo, dado que la OMS lo considera como probable carcinógeno. Quisiéramos preguntarte en qué cultivos son aplicados los herbicidas portadores del glifosato, y cuál es la extensión de su uso en la agricultura.

Este es el herbicida más aplicado en todo el mundo, inicialmente como Roundup de Monsanto, hoy con distintas formulaciones de la industria china, israelí y otras. Pero en los cultivos transgénicos se sigue aplicando Roundup en algunos casos combinado con otro herbicida.

El científico norteamericano Charles M. Benbrook acaba de publicar en Environmental Sciences Europe una investigación (revisada por pares) que dimensiona este uso global. Él sostiene que con la masificación de los cultivos transgénicos se intensificó este uso en el mundo en los últimos 10 años, alcanzando a 6.1 billones de kg de glifosato, lo cual representa un 71.6 % o sea de su uso en cultivos convencionales más los transgénicos. En total se usaron 8.56 billones de Kg entre 1974 y el año 2014.

En Chile sólo tenemos información por hectáreas de uso: en la temporada 2012/2013 se cultivaron un total de 27.776 hectáreas de cultivos transgénicos resistentes al glifosato, un 83% de las cuales corresponden a semilla de maíz transgénico, según ODEPA y SAG. Pero el glifosato se utiliza también ampliamente en maíz convencional, y en hortalizas, frutales y plantaciones forestales. También se utiliza para desmalezar los bordes de carreteras, caminos, calzadas y senderos, asimismo en parques y áreas verdes.

¿Cuáles son los efectos que glifosato tiene o puede tener en el ambiente y las personas?

Es un herbicida altamente peligroso. Es tóxico para las abejas. Deja residuos peligrosos en agua, y en el azúcar, el maíz, trigo y soya forrajera y en todos los cultivos en los que se usa incluso poco antes de la cosecha, cuestión que se está denunciando en el último tiempo. Eso significa que prácticamente está llegando a nuestra mesa junto con el pan, cereales u otros alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud OMS, glifosato es promotor de efectos dañinos en los alimentos de otros residuos químicos y toxinas ambientales.

La OMS clasificó a glifosato como probable carcinógeno, es decir lo asocia al aumento de riesgo de la presencia de cáncer (como el linfoma no Hodgkin) en las personas que están en contacto con este agrotóxico. Además induce malformaciones congénitas, un impacto que es evidente en Argentina en las comunidades cercanas a las plantaciones de soya transgénica. Esto ha sido documentado científicamente por la Asociación de Médicos de Pueblos Fumigados con estudios en terreno, tales como el realizado en la localidad de Monte Maíz. A la vez, incide en trastornos gastrointestinales, obesidad, diabetes, cardiopatías, depresión, autismo, infertilidad, cáncer y en la enfermedad de Alzheimer.

En Chile no contamos lamentablemente con estudios específicos sobre el impacto de glifosato y sólo se pueden hacer presunciones fundadas asociando la mayor presencia de cáncer y malformaciones, con las zonas en que la agroindustria frutícola, semillera y forestal hace un uso intensivo de este y otros venenos. Pero el año 2006, Wilson Rojas, aplicador de Roundup en el fundo Bellavista, de propiedad de Luksic, en Montegrande (valle del Elqui, región de Coquimbo) falleció por cáncer, linfoma No Hodgkin. El diagnóstico lo hizo en Santiago –donde llegó a atenderse el trabajador agrícola – el Dr. Sergio Pablo Rojas, entonces Secretario del Colegio Médico, quien asoció su muerte al uso de este agrotóxico. Sin embargo esta causa de muerte no fue reconocida oficialmente y la denuncia de ambientalistas de esa región fue acallada, el caso ni siquiera se conoció públicamente a través de los medios, y la denuncia en tribunales no prosperó. En esos años, se conocían recién los primeros estudios que asociaban a glifosato con linfoma No Hodgkin.

El año pasado, l a Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile) demandó al Gobierno chileno y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) la prohibición del uso del glifosato. ¿Qué resultados tuvo esta petición y cuáles son sus repercusiones en nuestras vidas?

La Presidenta derivó la petición al Ministerio de Salud, que jamás respondió, y al SAG, que lo hizo denegando la petición sin entregar antecedentes nuevos.

Para contar con nuevos argumentos, intentamos conocer las cifras exactas de uso, invocando la ley de transparencia para conocer la cantidad de glifosato importado en los últimos años. Con sorpresa descubrimos que Aduanas no tiene la cifra desglosada (en la petición debíamos citar la glosa específica) pues las importaciones están individualizadas sólo como herbicidas, con una glosa común a todo ese rubro, lo cual contraviene las disposiciones internacionales. Hay un Sistema Global Armonizado de denominación de plaguicidas al que Chile está adscrito, cuyo objetivo es que sea usado en las estadísticas e informes. Argentina y otros países sí tienen glosas específicas de importación de plaguicidas según principio activo. Aquí hay una peligrosa negligencia oficial, combinada con el habitual secretismo con que actúa el Estado chileno en materias relacionadas con plaguicidas y la salud de la población. El gobierno de Bachelet no sólo se niega a adoptar medidas que protejan nuestra salud sino impide que podamos dimensionar la gravedad de la situación a la que estamos expuestos, lo que incluye a los trabajadores rurales y temporeros pero también a quienes consumimos los alimentos cultivados con glifosato.

Respecto a la nocividad del glifosato hay una discusión que tiene elementos relevantes para dimensionar los “tentáculos” de las empresas agroindustriales orientados a permitir la comercialización de sus productos sin trabas y controlar la producción de alimentos del planeta. Me refiero a los intentos por desacreditar los estudios que identifican efectos nocivos y letales en productos como el Roundup, que contiene glifosato. Particularmente, han sido muy atacadas las investigaciones de Gilles-Eric Seralini, quien ha concluido que “aun en dosis diluidas mil veces, los herbicidas Roundup estimulan la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas hormonales, genitales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres”. Seralini, también ha afirmado al diario argentino Página12 que para verificar la inocuidad de sus productos “los únicos que hacen test son las propias compañías, porque son ensayos carísimos. Las empresas y los gobiernos no dejan ver esos trabajos. Esos estudios debieran ser realizados por universidades públicas y debieran ser públicos”. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación y qué pasa en Chile en cuanto al desarrollo de investigaciones en torno a los efectos de estos compuestos?

La investigación de Séralini está citada justamente como una de las fuentes de la decisión adoptada en marzo de 2015 por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, IARC, dependiente de la OMS, reclasificando glifosato como probable carcinógeno en seres humanos. La IARC se basó en una exhaustiva revisión de estudios de carácter independiente. Por el contrario, en fecha reciente la EFSA, agencia alimentaria y de seguridad de la Unión Europea aceptó conclusiones contradictorias con las conclusiones sobre glifosato de la OMS basadas en estudios secretos de Monsanto. Esto reitera el poder del lobby empresarial de las agroquímicas en la Unión Europea y el mundo. Ello fue tan escandaloso y tuvo tal repercusión en la opinión pública que la Unión Europea, a última hora, debió postergar la votación en la que se decidiría si se volvía a aprobar el uso de glifosato en ese continente.

En Chile, el Ministerio de Salud no realiza una vigilancia epidemiológica específica relacionada con cáncer y exposición a plaguicidas y actualmente no hace pública la información desagregada por comuna sobre morbilidad por cáncer y sobre recién nacidos que mueren por malformaciones congénitas en las regiones de O´Higgins y del Maule, u otras. En esos territorios la agroindustria esparce cada año miles de toneladas de glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos. Así se esconde la relación existente entre el uso de estos venenos y el sufrimiento de muchas familias campesinas. Estos costos ocultos de la agroindustria son una verdad incómoda que es mejor disfrazar con estadísticas generales.

La política oficial desalienta la investigación independiente y por el contrario, incentiva alianzas público-privadas que permiten a la propia industria productora de venenos y transgénicos, diseñar y llevar adelante proyectos en función de sus propias necesidades. Lo hacen con cargo a los fondos que financiamos todos los chilenos y chilenas. Por ejemplo, está en desarrollo el proyecto Fondef Idea CA13I10173, titulado “Coexistencia de Transgénicos con vegetales orgánicos y convencionales” en el que participan INIA y Monsanto, a través de ChileBio, el gremio de los productores de transgénicos, con Miguel Angel Sánchez. Publicaciones en revistas científicas, sitios web y difusión en medios son los obvios derivados de estos proyectos que apuntan a despejar el camino para futuras leyes de impulso de la transgenia para el mercado interno. Con razón los científicos se quejan de falta de apoyo oficial…ya sabemos en qué se van los fondos.

Se ha demostrado que la aplicación de insecticidas de la familia de los neonicotinoides ha provocado la muerte de colmenas en diversas partes del mundo. De hecho, en Europa, su uso está prohibido. ¿Qué ha sucedido en Chile con su aplicación y qué medidas de protección ha implementado el Estado, al respecto?

La única investigación independiente que conocemos sobre el tema, llevada adelante en 2011 por el Centro de Investigaciones Aplicadas de la Universidad Federico Santa María de Rancagua, reveló efectivamente la presencia de plaguicidas neonicotinoides en colmenas, asociados a la muerte de abejas. Se encontró thiametoxam en 14,5% de los apiarios, y acetamiprid, ambos insecticidas nicotinoides. Pero al mismo tiempo se halló glifosato en un 80% de las muestras, considerado responsable de la muerte del 69% de las abejas de esa colmena.

Existen numerosos incidentes de muerte masiva de abejas pero no se conocen investigaciones que permitan establecer legalmente las causas, aunque para los apicultores es clara la asociación con la presencia de plaguicidas que matan a las abejas, pues se han fumigado cultivos vecinos con esos plaguicidas. SAG generalmente llega tarde a las denuncias y de esta manera bajan el perfil al problema o lo niegan.

El gobierno se ha negado a adoptar medidas respecto a los neonicotinoides comercializados por Bayer y Syngenta. El Senado actualmente estudia dos proyectos de ley que buscan regular la apicultura, y en uno de estos proyectos se ha planteado prohibir los neonicotinoides y regular la presencia de transgénicos en zonas donde hay apiarios. La propuesta del gobierno, formulada en enero de este año por ODEPA en consonancia con el lobby de Monsanto y las empresas productoras de plaguicidas y transgénicos, ha sido reducir el proyecto a aspectos vinculados a la comercialización y control de los apiarios, dejando de lado todo lo referido a los peligros que enfrenta la apicultura, derivados del uso intensivo de plaguicidas en la agricultura y de la expansión de los cultivos transgénicos. El senador Juan Pablo Letelier, impulsor de uno de los proyectos en discusión, que plantea la prohibición de estos plaguicidas, se ha manifestado contrario a seguir negando el impacto negativo de los neonicotinoides como lo hacen el gobierno y la industria.

Por otra parte, un reconocido defensor del uso de plaguicidas altamente tóxicos, Jaime Naranjo, es hoy un asesor del Ministerio de Agricultura. En 2009 cuando era senador, jugó un rol determinante en el rechazo del proyecto de ley sobre la eliminación de los plaguicidas más tóxicos. Impidiendo además que se pronunciaran sobre el tema las autoridades del Ministerio de Salud y y las organizaciones campesinas y ambientales.

Hace unos meses el Gobierno chileno, junto a otros, ha firmado el Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica, el cuál entre sus cláusulas está la obligatoriedad de los países miembros de adherir al Convenio UPOV 91. En consecuencia, de ser ratificado por el Congreso la participación de Chile en este Acuerdo, las semillas quedarían bajo el control de “obtentores”, empresas o personas naturales a las cuales habría pedir permiso, incluso pagar, para ocupar ejemplares de estas variedades. Es decir, habrá una privatización del uso de semillas. ¿Cómo crees que incidirá esta situación en la vida de la sociedad chilena, en qué están los intentos por impedirlo y qué piensas que es necesario hacer para eso?

La tendencia en Chile es que cada vez hay más personas que desean consumir alimentos sanos, cultivados sin plaguicidas, a partir de semillas libres de patentes y transgénicos. Los conseguimos en ferias campesinas, o en diversos espacios de venta de productos agroecológicos y también existen hermosas experiencias de huertos urbanos. Frente a esto, empresas como Monsanto, Syngenta cuyo único objetivo es el lucro, quieren decidir qué comemos. Si se aprueba el UPOV 91 de privatización total de la semilla, la agricultura familiar campesina se verá muy afectada porque se ilegalizará el intercambio de semillas; el precio de la semilla “certificada” será cada vez más caro y la producción orgánica y agroecológica estará plagada de obstáculos, con cero protección estatal. Los cultivos transgénicos y las forestales ocuparán el espacio que deje la emigración rural. Hasta ahora un poderoso movimiento social de defensa de la semilla campesina e indígena del cual somos parte, había logrado parar la Ley Monsanto, que es la versión en español del Convenio UPOV 91. Pero como las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas están entre los verdaderos redactores de este acuerdo, se aseguraron de aprobarla por esta vía. Quienes defendemos la soberanía alimentaria, o sea nuestro derecho a decidir libremente qué comemos y cómo producir, estamos interpelando a los parlamentarios para que rechacen este tratado que suplanta la función del Congreso, legislando a favor de intereses extranjeros y dejando de lado la consulta indígena, vulnerando una vez más los derechos de los pueblos originarios.

Como miembros de RAP-Chile y de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, integramos junto a más de cien organizaciones sociales, ambientales y políticas del país, la plataforma ciudadana Chile Mejor sin TPP que coordina e impulsa esta lucha.

Este tratado barre con la soberanía del país y su objetivo real no es el comercio sino poner un candado a las luchas sociales y constituyentes, instalando una suerte de gobierno de las transnacionales que defenderán sus ganancias y privilegios con nuevos mecanismos. Habría tribunales internacionales hechos a medida de Monsanto, a los que puede ser llevado el Estado chileno si se atreve a avanzar en los temas que la ciudadanía exige hoy, entre otros una nueva constitución que recoja las demandas sociales y recupere los bienes comunes y los derechos arrebatados en educación y salud entre otros.

Por eso, a nivel de cada distrito es necesario encarar a senadores y diputados para exigirles votar en contra cuando el proyecto sea plebiscitado en el Congreso. Sólo la movilización social extendida a lo largo del país podrá impedir que Bachelet consume la entrega de Chile a manos de las transnacionales. Y ya la gente está despertando: de norte a sur, de Arica a Chiloé, han comenzado las acciones de denuncia. ¡Creemos firmemente que todavía podemos parar el TTP! Nos ayudan en este objetivo todas las otras luchas en curso, desde los distintos territorios y espacios, ya que Bachelet no puede dedicar su energía a cumplir este mandato de Obama y su gobierno tiene que seguir “apagando incendios”. Eso nos da más tiempo para informar y organizarnos, contrarrestando el secretismo que ha caracterizado este proceso y buscando la unión con otros espacios de lucha y movilización.

Desde luego usaremos activamente las redes sociales con este objetivo. Hay que desenmascarar a los parlamentarios que como el senador Ricardo Lagos Weber –uno de los defensores del TPP – que se aprestan a consumar desde el Senado este atentado contra nuestros derechos. Uno a uno los iremos marcando en sus propios distritos. Los parlamentarios están en la mira de los ciudadanos conscientes, que somos cada vez más en Chile y también en los otros países involucrados en el tratado. Para una fecha próxima que informaremos, se prepara una movilización global contra el TPP en que este creciente rechazo se va a tomar la calle.

Por Lucía Sepúlveda

Fuente: resumen.cl

Publicado por OLCA, 17 de marzo de 2016