Salud

Traducimos este artículo de The Progressive en el que algunos periodistas denuncian el ciberacoso tras publicar información nociva para la agroindustria, y se describe la red de financiación de la agroindustria a eventos supuestamente "independientes" a los que se invitaba a científicos y periodistas con generosas contribuciones.

Un abogado de Rosario presentó un amparo ante la justicia federal y provincial para que el Estado garantice "el debido control de los alimentos que se consumen en nuestro medio", después de que un relevamiento realizado con escribana y analizado en los laboratorios de la Bolsa de Comercio detectara la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras, hortalizas y frutas que se venden en comercios de la ciudad.

Peter Clausing, a través de la organización ecologista Global 2000, ha publicado ahora un informe en el que analiza el proceso de evaluación del glifosato y cómo las propias agencias europeas han quebrantado la legislación internacional (y en algunos casos sus propias directrices) para emitir un juicio favorable al glifosato.

"Debemos revertir el desastre ambiental que han ocasionado empresas que, motivadas por la concentración de la riqueza, nos llevan al extremo de las posibilidades de existencia en el planeta. Son estas corporaciones las que, de manera absurda, siguen contribuyendo al ecocidio".

El modelo sojero, de fumigación desaprensiva y avaricia, estalló en el barrio Ituzaingó Anexo de la periferia de Córdoba capital: la elevadísima tasa de cáncer hizo que el barrio fuese "inhabitable" y que la justicia condenara la mala praxis. Pero el modelo siguió en en pie. Una historia de muerte y codicia

Cuatro de cada diez productos contienen sustancias prohibidas o exceden el límite permitido. Y un diez por ciento tiene una combinación de al menos tres agroquímicos. Los datos pertenecen a un estudio hecho por dos organismos de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata.

"El documento refiere que un nuevo marco regulatorio deberá tener como pilares los principios de precaución: quien contamina, paga, así como el de sustitución. Lo anterior deberá exigirse pues la legislación vigente tiene deficiencias en el manejo de estas sustancias altamente peligrosas, las cuales atentan contra los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación y el agua, la salud, entre otros".

Una escuela rural de Entre Ríos, tras ser fumigada dos veces, consiguió que su denuncia a los productores y a los dueños de la empresa de fumigación se eleve a juicio oral y público.