Pueblos indígenas

Los países de América, de norte a sur, criminalizan, reprimen y violan los derechos humanos de los pueblos originarios. Lo detalla un informe de Amnistía Internacional. Empresas y gobiernos actúan en conjunto para hacerse de los territorios indígenas.

El día lunes 17 de Noviembre se realizará en la comuna de Chol-Chol un Encuentro preparatorio hacia el II Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. En este espacio se abordarán temas importantes para el pueblo Mapuche como es la soberanía alimentaria y la ley de privatización de las semillas.

Los Ayoreo Totobiegosode denunciaron una nueva invasión de sus tierras ya tituladas, constatado en la jornada de monitoreo de sus bosques y dominios, realizada el pasado 21 de Octubre. Según un reporte de la ONG Gente Ambiente y Territorio, los nativos informaron al Ministerio Público, a través de su representante jurídico, que pudo certificarse “la presencia de hombres construyendo cercas con postes de palo santo e hilos de alambre, tractor, motosierras, herramientas de todo tipo, y campamento que les permite cercar la propiedad en forma acelerada, oculta e ilegal”.

En su segundo día de protestas en rechazo al incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa Pluspetrol, los nativos del pueblo Quechua que se encuentran en la comunidad nativa de Nuevo Andoas, ubicada en la provincia loretana de Datem del Marañón, tomaron el aeropuerto esta mañana.

"El Estado ha excluido al sistema de justicia indígena de todo tipo de recursos y más bien ha optado por deslegitimar este sistema, haciendo uso de contenidos racistas y discriminadores, que lo ha propendido el propio Presidente de la República, al manifestar públicamente que la justicia indígena “son prácticas bárbaras, intolerables para el siglo 21”, lo que ha conllevado a que los operadores de la justicia ordinaria legitimen su rechazo hacia las autoridades indígenas que ejercen sus funciones jurisdiccionales y, por tanto, debilitar el sistema de justicia indígena."

La historia de los monocultivos forestales industriales en Chile contiene los todos los elementos nocivos que caracterizan estos modelos de producción en América Latina: acaparamiento de tierras, captura corporativa del Estado, pérdida de biodiversidad, despojo y expulsión de comunidades originarias.

La estrategia de empresas nacionales y multinacionales en alianza con patrones de fundo y sectores de la clase política han ido configurando a estos territorios como una “batería de electricidad”, que se conecta al Sistema eléctrico chileno para abastecer a las industria extractiva de minerales de oro, cobre y plata, que opera en la Cordillera de Los Andes.

En fecha 15 de octubre de 2012 fue promulgada la “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”. El 15 de octubre de 2014 se cumplieron dos años desde su promulgación, pero hasta el momento no cuenta con reglamentación, cuyo plazo fue estipulado en el capítulo Disposiciones Transitorias, claúsula cuarta: “El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley, en el plazo máximo de ciento veinte (120) días, computables a partir de su publicación oficial”.