Pueblos indígenas

"La forma que han encontrado para despojar a los pueblos es reformar el Estado para poner las leyes, las instituciones y las políticas gubernamentales al servicio del capital privado, mexicano y transnacional. Eso es lo que se ha hecho en los últimos años, desde 1992, cuando se reformó el artículo 27 constitucional, terminado con el reparto agrario y abriendo el camino para que las tierras de propiedad social perdieran su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, características que las diferenciaban de la propiedad privada [...]. De esta manera, las tierras y los recursos naturales dejaron de tener como objetivo el bienestar de sus propietarios y se convirtieron en mercancía".

"Salvo excepciones, los Estados latinoamericanos se muestran incapaces de articular algo más que discursos por el reconocimiento de la multiculturalidad y contra el calentamiento global, la destrucción de la naturaleza, el despojo a los pueblos de tierras y recursos, la migración desesperada. Los pueblos indígenas son reprimidos y calumniados por todos los Estados."

La situación actual de los pueblos indígenas del Cauca, quienes se han visto obligados a vivir en las tierras altas de baja productividad, tiene origen en el despojo histórico realizado por la clase terrateniente.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, expresó su profunda preocupación por la falta de consulta y la reducción de protecciones al pueblo indígena Sami en el actual proyecto de ley sobre el Servicio Finlandés de Bosques y Parques (Metsähallitus) que regulará la gestión de las tierras de propiedad del Estado.

La larga historia de Los Chimalapas y más específicamente, del pueblo indígena zoque chimalapa, y de sus aliados integrantes de otros pueblos indígenas, admitidos y reconocidos como comuneros-as, por aquéllos, no es sino una muy larga, tenaz, paciente y pacífica lucha en defensa de su territorio ancestral y de sus invaluables bienes naturales (conocidos por ellos -como por todos los pueblos indígenas de Mesoamérica-, bajo el concepto de la Madre Tierra).

Una nueva infamia se ejecuta en Donoso en contra el campesinado indígena del país, con la complicidad de los autoridades locales y las empresas extranjeras, amparadas en la ley 9 del 28 de febrero de 1997 concebida por las clases dominantes.

"Como era de esperar, los mecanismos de mercado de carbono salieron convertidas en las recetas idóneas para “contener” el cambio climático, situación que favorecerá a las grandes empresas contaminadoras y aumenta el peligro de desplazamiento de los pueblos indígenas".

"Con un embalse de 722 kilómetros cuadrados y una caída de 35,9 metros, la hidroeléctrica inundaría un área de 330 kilómetros cuadrados, entre otros de esta aldea de 178 habitantes".