Pueblos indígenas

El proyecto de instalación de una unidad para la explotación de oro y plata en Puebla, México, promovido por Almaden Minerals, eludirá pedir el consentimiento de los pueblos nativos, con el supuesto argumento de que “no existen”.

"Sabemos que el capitalismo y el patriarcado no descansan en el afán de apropiarse de la totalidad de los bienes comunes de los pueblos, pero así también los pueblos organizados y las mujeres en abierta lucha consciente y organizada les diremos una y otra vez, no pasarán."

"Los indígenas van a exigir que esta consulta se haga con los estándares internacionales para que la comunidad pueda objetar el proyecto”.

Más de tres mil comuneros provenientes de diferentes comunidades que hacen parte de los 10 pueblos indígenas (Nasas, Yanaconas, Totoroez, Kokonucos, Misak, Kisgo Ambalo, Polindaras Ingas y Eperaras-Siapidaras) y las 11 Asociaciones de Cabildos hacen parte de la Junta Directiva Regional de Cabildos en el marco de la conmemoración de los 47 años de lucha y resistencia en defensa de la unidad, tierra, cultura y la Autonomía de nuestra organización.

"Las personas que están legitimadas para hablar en nombre de los consejos somos quienes formamos parte de ellos, quienes hemos sido autorizados por los comités y consejos para realizar intervenciones públicas. Nadie más puede hablar suplantando a los consejos ni usurpar representación alguna de nuestras comunidades. Cualquier persona tiene el derecho a manifestarse en contra del Gasoducto o de otros proyectos que amenazan nuestros territorios, pero no pueden hacerse pasar por representantes de nuestras comunidades o de nuestras autoridades tradicionales, como tampoco pueden hacerse pasar por nuestros asesores o abogados."

"Flores en el desierto es un testimonio del renacimiento y florecimiento de los pueblos indios, pero en particular de las mujeres: todas mujeres indígenas, líderes de sus pueblos, que muestran el camino."

El Consejo Wixárika de Nayarit denunció que sin haber sido consultados autoridades vendieron 100 hectáreas de su territorio donde se incluye su centro ceremonial, parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales por la UNESCO y Área Natural Protegida por el gobierno mexicano para la creación de un desarrollo turístico.

Expertas internacionales de la CIDH y de la ONU manifestaron su rechazo contra la Ley 30723. Exigen que el Estado respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de los PIACI.