Minería

En noviembre de 2009, Mariano Abarca Roblero, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado frente a su hogar, tras haber participado en una serie de enfrentamientos con trabajadores de una empresa canadiense que extraía minerales cerca de la zona. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna persona ha sido sancionada conforme a lo que marcan las leyes mexicanas cuando se comete un asesinato, denunció José Luis Abarca Montejo, hijo del activista.

Más de 2 mil 600 concesiones que el Estado mexicano ha entregado a empresas mineras –documentos que permiten explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 del territorio nacional– generarán en breve conflictos con comunidades indígenas, aseguró hoy Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación.

"Considerando el contenido del plan de gobierno de la administración entrante, que se compromete a decretar una moratoria para nuevas concesiones mineras en Panamá y a la revisión de las concesiones vigentes, mineras y energéticas, consideramos que el momento es propicio para sumar voluntades por el bien del país, por lo cual solicitamos la implementación de una moratoria a la actividad de minería metálica en todo el territorio del país."

"Con base a estas consideraciones el TPP declara la responsabilidad de las empresas Barrick Gold y su filial Nevada SpA, Gold Corp y su filial Entre Mares, Tahoe Resources y su filial San Rafael S.A., Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. y Excellon Resources Inc. y su filial Excellon de México S. A. de C. V. por incurrir en la violación de los DDHH que han sido objeto de este sumario, así como la responsabilidad del Estado de Canadá y los países en que se asienta la explotación de recursos naturales por estas empresas por no haber prevenido, haber facilitado, tolerado o encubierto tales violaciones..."

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala criticó este martes el violento desalojo ocurrido la semana precedente contra pobladores que se oponen a la construcción de una mina en el norte de la capital.

Entrevista con la dirigenta guatemalteca Yolanda Oquelí, tras un violento intento de desalojo en La Puya.

Las sociedades mineras canadienses son acusadas de atentar a los derechos fundamentales de los pueblos en América latina. Y el Estado canadiense es acusado de contribuir a la violación de los derechos de los pueblos en América latina sosteniendo la industria minera a través de mecanismos y por favorecer un contexto de impunidad.

Representantes de la Minera San Xavier, que realizan labores de explotación en el municipio de Cerro de San Pedro, se niegan a informar a la alcaldesa María Rosaura Loredo Loredo sobre la supuesta contaminación en los pozos de agua que abastecen al municipio. Esperamos que, en tiempo y forma nos dé la información que solicitamos, dijo.