Variedades privadas, agricultores encarcelados
A cinco agricultores de la provincia andaluza de Huelva (España) se les han confiscado sus plantas de arándanos. No habían pagado los derechos de licencia de las tres variedades que cultivaban. Se enfrentan a multas y hasta tres años de prisión. Desde hace varios años, se sabe que en España se encarcela a los agricultores por no conceder licencias a las variedades vegetales. En otros países europeos, la ley también prevé penas de prisión en algunos casos.
Más de 20.000 plantas de arándanos fueron «inmovilizadas» en mayo de 2021 a la espera de juicio en los municipios de Moguer y San Bartolomé de la Torre (provincia de Huelva, Andalucía, España). La Guardia Civil tomó muestras en cinco explotaciones, que revelaron, tras un análisis genético, que tres variedades de arándanos [ 1] se estaban cultivando sin haber pagado las tasas de licencia de su certificado de obtención vegetal (COV).
Precedentes costosos para los infractores
No es la primera vez que se dan estos casos. Geslive [ 2], filial de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove), está detrás de las denuncias y los procesos. Enumera una treintena de casos desde 2011, en diversos cultivos (cereales, almendras, arándanos, legumbres, frutas, flores...) [ 3]. Según Geslive, el 53% de los viveros controlados en 2016 estaban fuera de la ley [ 4].
La ley española [ 5] condena duramente a los infractores: nueve meses de cárcel en 2015 por la posesión y reproducción de variedades protegidas de melocotones y nectarinas, seis meses de prisión en 2016 para un productor de melocotones planos procedentes de China (variedad paraguaya), arranque de 1.500 plantas de arándanos y multas de más de 4.000 euros en 2018, en la misma zona que los productores recientemente controlados... Recientemente, en febrero de 2021, un agricultor de la región de Ávila (Castilla) fue condenado a seis meses de prisión, sin posibilidad de recurso, por haber regalado a su vecino la variedad de trigo blando «Berdún» [ 6]. Según el Convenio de la UPOV, ratificado por la Unión Europea, la transferencia es un delito, aunque sea gratuita. El delito por el impago de los derechos de licencia se aplica a todos los agentes del sector, desde los viveristas hasta los minoristas, pasando por los agricultores... que pueden ser castigados en España, desde 2015, con hasta tres años de prisión [ 7].
En el reciente caso de Moguer, una de las variedades implicadas, Snowchaser, está protegida por un COV presentado por la Universidad de Florida, que licenció a la empresa sevillana de semillas Rústicas del Guadalquivir. Sin embargo, ninguno de los cinco productores fiscalizados había comprado sus plantas pagando los derechos debidos a esta empresa.
Hace poco más de dos años, los tribunales estadounidenses condenaron justamente a Hartmann’s, un vivero de Michigan (Estados Unidos), por haber suministrado variedades de arándanos, propiedad de la Universidad de Florida, a productores españoles de Huelva: casi un millón de dólares de multa y la prohibición permanente de producir y vender estas variedades.
¿Y en Francia?
El certificado de obtención vegetal es un derecho de propiedad industrial concedido al obtentor de la variedad en 75 países del mundo [ 8], y en Francia, por el artículo 623-4 del Código de la Propiedad Intelectual [ 9]. En este mismo Código, el artículo L623-32 fija la cuantía de la multa impuesta a una persona física: 10.000 euros. Y hasta seis meses de prisión si el delito se repite.
Sicasov (Société d’Intérêt Collectif Agricole des Sélectionneurs Obtenteurs de Variétés Végétales), primero en Francia y ahora en otros países (Italia, Alemania... y hasta Oceanía [ 10]), gestiona colectivamente algunos COV : cobro de licencias, reembolsos, controles... Esta sociedad agrupa a las principales empresas de semillas. Su director, Jean-Fred Cuny, nos dice que en los últimos diez años ningún caso ha acabado en condena, pero que, en cambio, tienen «un caso judicial abierto que podría acabar en sentencia firme en 2022» sobre el cual no pueden comunicar. Especifica que Sicasov «actúa como último recurso en el procedimiento civil y busca en todo caso y en todo momento establecer un protocolo transaccional con el infractor para poner rápidamente fin al litigio de forma amistosa».
A la pregunta de Inf’OGM sobre las posibles condenas a los agricultores en Francia, la Unión Francesa de Productores de Semillas (UFS), aunque constituida por empresas de semillas también presentes en Sicasov, « no puede responder a nuestra pregunta ya que las misiones de la UFS no se dirigen al seguimiento de la gestión de los derechos de los obtentores, que es un asunto privado de los obtentores ». La Instance Nationale des Obtentions Végétales [ 11], (Inov), tampoco puede responder. Examina las solicitudes de certificados de obtención vegetal e inspecciona la conservación de las variedades para las que se han expedido certificados. Pero Inov, nos dice, no tiene « ningún conocimiento de lo que ocurre en los litigios entre titulares e infractores ». Parece difícil obtener información sobre estos litigios de derecho privado. La única fuente son las sentencias del Tribunal de Gran Instancia, donde hemos podido encontrar dos condenas a pagar 10.000 euros y 3.000 euros a los obtentores a raíz de dos litigios sobre variedades de patata... en 2005 y 2017 [ 12], y un tercer caso sobre una forsitia en 2008 [ 13]. Así que, al final, los acuerdos extrajudiciales mencionados por Sicasov parecen funcionar bastante bien.
Un año de prisión para un agricultor italiano
Para la Unión Europea, Francesco Mattina, vicepresidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), recuerda que « en el derecho penal, no hay armonización, a nivel de la UE, entre los Estados miembros de las medidas como en el derecho civil ». Por lo tanto, no se prevé ninguna sanción común en caso de que no se conceda la licencia a un PVP. No obstante, la OCVV ha creado una base de datos de jurisprudencia sobre el derecho de obtentor, disponible en su sitio web [ 14] y publica un libro de casos cada cinco años [ 15]. En esta base de datos, la palabra clave « prisión » se refiere a 41 casos desde 2004... ¡todos en España !
Cabe señalar que una asociación internacional, con sede en Bruselas, se ha especializado, al igual que Sicasov o Geslive, en la detección de fraudes: la Oficina de Lucha contra la Infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre el Material Vegetal (AIB). La forma más habitual de detectar infracciones es identificar las ventas que parecen estar sobrevendidas en el mercado y, a continuación, poner en marcha investigaciones para verificar los derechos. En el haber de la AIB, la condena, por primera vez, de un productor de tomate siciliano en noviembre de 2019 por falta de licencias en un COV: 15.000 euros de multa, más el pago de 70.000 euros pendientes de recurso, a repartir entre la AIB (20.000 euros) y Syngenta (50.000 euros), titular de la licencia. Pero sobre todo: ¡un año de cárcel! [ 16]
A menudo se prefiere el certificado de obtención vegetal como derecho de propiedad industrial al sistema de patentes. Los debates actuales sobre el alcance de la protección que confiere - debates relacionados con la definición de «variedades esencialmente derivadas», y con la caracterización genómica para describir las variedades [ 17] - revelan, sin embargo, las crecientes similitudes con la patente: enviar a los agricultores a la cárcel es ahora una nueva característica común de estos sistemas [ 18]. ¿No es hora de abolir de una vez la propiedad de los seres vivos?
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Fuente: Info OGM