Un municipio agroecológico ante la disparidad de las políticas

COLUMNA DESDE LOS FUEGOS DEL TIEMPO

Por Ramón Vera Herrera

En México crece la controversia en torno al uso del glifosato y otros muchos agrotóxicos, al tiempo que se profundizan los tratados de libre comercio con los que la compra e importación de los mismos se vuelve de suma importancia para un modelo industrial que no sólo depende de éstos sino que ha formulado una serie de estrategias, entre ellas los organismos genéticamente modificados, para promover el uso de herbicidas, con ganancias multimillonarias.

Según un reportaje de investigación de la BBC, fechado el 20 de febrero de 2020, con datos de la organización Unearthed —periodistas independientes financiados por Greenpeace y por Public Eye de Suiza— “en 2018 los pesticidas generaron ganancias del orden de los 4 mil 800 millones de dólares para las cinco principales empresas del sector”. De acuerdo el informe presentado “casi la mitad (41%) de los principales productos de los gigantes agroquímicos BASF, Bayer, Corteva, FMC y Syngenta contienen al menos un plaguicida altamente peligroso [Highly Harmful Pesticide o HHP]”. Por supuesto que “las ventas de estos productos representaron el 36% de todos los ingresos de estas cinco empresas, las que sin embargo disputan el análisis”.

Como es sabido, en noviembre de 2019 la Secretaría de Medio Ambiente mexicana (Semarnat),  negó el permiso de importación de mil toneladas del herbicida glifosato a México. En el comunicado de prensa 149/19 donde se hacía efectiva la negativa de importar las mil toneladas de glifosato, el titular de la dependencia (Víctor M. Toledo), exponía “la urgente necesidad de promover una política pública agroecológica que incluya suprimir los efectos nocivos ambientales, sociales y culturales de la agricultura moderna, lo cual supone la prohibición inmediata de 111 pesticidas catalogados como altamente peligrosos”.

Es muy importante resaltar que de acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) “el uso del glifosato a nivel mundial se disparó en los últimos años por el aumento de los cultivos de organismos genéticamente modificados (transgénicos) resistentes al herbicida, actividad prohibida, por lo que si su uso está relacionado debe restringirse también”. El comunicado agregaba un dato para la araña: “sólo entre 1974 y 2014 se produjeron 8.6 millones de toneladas de glifosato en el mundo y,  tras la introducción de los cultivos genéticamente modificados tolerantes a esta molécula, su uso se ha incrementado 15 veces desde 1996. Esto significa que el uso del glifosato se ha extendido aproximadamente al 45% de la agricultura”.

Lo que fue una medida atinada no implicaba todavía una prohibición. Pues ésta tendría que ser una política expresa, fundamentada y general de restricción absoluta a su uso, importación y comercialización.

No obstante, se ha venido filtrando a la prensa durante estos dos años que todo el aparato de cabildeo de Bayer-Monsanto, CropLife America, está activamente presionando a través del equipo de trabajo del T-MEC para insistir en que México no sólo no debe prohibir los plaguicidas sino que tendrían que comprometerse a comprar los productos biotecnológicos que EUA produce (como el algodón GM) según las reglas de operación del tratado. Aunque la campaña comenzó por lo menos desde diciembre de 2019, fue apenas en febrero de 2021 que  The Guardian hizo un recuento, mostrando rastros de ese intenso intercambio en el que “Stephanie Murphy, directora de Asuntos internacionales de Gobierno y Comercio de Bayer, pidió a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos considerar  si podían abordar el tema desde las obligaciones del nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá”.

Desde entonces también es sabido que Bayer-Monsanto ha tenido en su contra innumerables juicios. Ya para el 30 de julio de 2019, la compañía enfrentaba 18 mil 400 juicios por sus efectos sobre el aumento “inexplicable” de cáncer y había sido objeto de por lo menos tres condenas  “para indemnizar a querellantes enfermos de cáncer en California”, según información de la Deutsche Belle.

En paralelo, se ha venido decantando un movimiento agro-ecologista del sur de Jalisco, configurado paso a paso entre las familias productoras que con los años se han percatado de los graves riesgos a la salud que representa el llamado  “Gigante Agroindustrial” jalisciense. Éste no sólo inunda la región con plaguicidas de varios tipos, entre ellos el cuestionado glifosato en varias presentaciones, sino que es un factor de acaparamiento de tierras, desplazamiento de comunidades campesinas, precarización de las relaciones laborales, al punto de contar con enclaves de mano de obra esclava y semi-esclava, y amenaza la región con sus ligas con grupos delincuenciales.

Este movimiento agroecologista, relacionado con grupos de académicos comprometidos con las comunidades y la gente que los necesita y no con las corporaciones que les inundan sus investigaciones de fondos e infraestructura, fue arribando a la evidencia de que  sus niños y niñas estaban siendo envenenados, al igual que sus cosechas, su agua, su entorno vital, y que son una presencia que promueve un modelo de despojo, devastación y muerte.

Ya desde enero de 2020, habían llegado de visita a El Limón, en el sur de Jalisco, Carlos Vicente de GRAIN y su compañera Ingrid Kossmann del Instituto La Fuente, que relataron sus experiencias en la provincia de Marcos Paz en Argentina donde “desde 2009 una ordenanza municipal prohibió las fumigaciones en espacios públicos y para 2011 la fumigación aérea, que es un grave problema.  En 2019, lograron también frenar las fumigaciones a menos de mil metros de las escuelas, y se sigue impulsando una ordenanza de producción agroecológica sin transgénicos ni agrotóxicos”. Esto alentó mucho a las comunidades agroecológicas de El Limón pues igual comenzaban a promover ahí la lucha contra el envenenamiento general de la agroindustria,

La lucha ecologista contra el gigante agroindustrial en Jalisco continuó durante toda la pandemia, mientras las presiones de Estados Unidos y el famoso T-MEC desataron conflictos al interior del gobierno de López Obrador y los equipos de Sader, Semarnat y el asesor jurídico de la presidencia, en torno al posible decreto que restringiera o no los plaguicidas, o pusiera en orden a las pocas industrias dueñas de esos negocios del veneno.

Era una disputa de la clase política por la política pública, que es evidente que está condicionada a los tratados de libre comercio y a los jaloneos comerciales que esto implica.

Finalmente, cuatro meses después de la salida de Víctor Toledo de la Semarnat y el advenimiento de María Luisa Albores, el presidente emitió un documento al que le llamaron  “decreto”, en el que se sugería, se indicaba y se instruía a las dependencias de gobierno, de las posibilidades de actuación para ir sustituyendo gradualmente el glifosato siempre “en el ámbito de sus competencias” y en apego a “la normativa aplicable”, abriendo entonces todo un ámbito de discrecionalidad y relativización de la supuesta indicación, al tiempo que se jugaba con las presiones exteriores “pateando el bote”, como se dice en jerga política, al situar las acciones más decisivas hacia finales del periodo gubernamental de AMLO.

Lo paradójico es que tras la publicación del “decreto” se normalizó el flujo de glifosato, como lo afirmo también la  Red en Defensa del Maíz, y el propio vocero del Consejo Nacional Agropecuario en ese momento (Bosco de la Vega), se congratuló de que se hubiera abierto el flujo de herbicidas hacia México. De hecho, el 4 de abril de 2021, el Conacyt emitió un boletín de prensa donde se reconoce que la disminución en la importación de glifosato para este periodo representa un 5% respecto de lo importado en 2018. Estableció también que la cantidad que se podrá importar en 2021  es de 16 mil 500 toneladas de glifosato formulado y mil 200 toneladas de glifosato, lo que se puede ecualizar al equivalente de un poco más de 20 mil toneladas de glifosato según lo establece un comunicado previo del 31 de marzo: o recomendado como  “cuota máxima a los particulares para su importación”.

Mientras se desarrollaba el disenso y las escaramuzas a nivel institucional por el glifosato, en lo nacional y lo internacional —y las supuestas protecciones a la “autosuficiencia alimentaria y la agroecología” al maíz nativo y a los “pueblos indígenas”, en muchísimas comunidades de México, América y el mundo, las comunidades reivindican la convicción de la Red en Defensa del Maíz cuando afirma: “ seguiremos reivindicando nuestra agricultura campesina, la agroecología como una conciencia para impulsar la soberanía alimentaria produciendo nuestros propios alimentos con dignidad y salud. Y entendemos, como tantas veces antes, que sólo la gente común —desde nuestras regiones, nosotras, nosotros, sociedad civil rural y urbana de tantísimas comunidades, organizaciones y redes— defendemos y habremos de defender nuestro maíz, nuestras semillas nativas, la salud de nuestros territorios, y mantendremos nuestra decisión de frenarle el paso a los nocivos OGM, al nocivo glifosato y a los otros agrotóxicos que inundan nuestros campos”.

Esto, desde Jalisco, e tradujo en profundizar una movilización que creció con la alarma del envenenamiento de niñas y niños constatado mediante un estudio de  CIESAS Occidente y la Universidad de Guadalajara más organizaciones de la sociedad civil de la región, que tomaron muestras para cuatro plaguicidas nocivos en extremo y hallaron un aumento desmedido en las insuficiencias renales de la población infantil de la zona aledaña a Autlán en Jalisco, en niños de primaria y secundaria. Dicha movilización fue creciendo en talleres de prácticas agroecológicas, recuperación de la memoria y la historia de las comunidades. Creció con el trabajo de poner en alerta a las autoridades con información fidedigna, con el trabajo de concientización de los efectos nocivos de los plaguicidas y con la búsqueda del entendimiento de que con semillas nativas, propias, independientes, más una agroecología de base campesina que abreve de la memoria agrícola de relación profunda con la tierra —más las nuevas aproximaciones a la siembra y la recuperación de suelos de la agroecología—, podía ejercerse una transformación autogestionaria crucial de toda la comunidad de comunidades que, relacionadas, van haciendo crecer la convicción de que es urgente frenar a la agroindustria y sus efectos corruptores y deshabilitadores.

Así, del 4 al 6 de octubre de 2020 se reunieron mujeres de El Grullo, San Gabriel, Tolimán, Tapalpa, Mezcala, El Limón y ciudad Guzmán de las regiones de la Sierra de Amula y el Sur de Jalisco a compartir experiencias agrícolas y a cotejar los cambios sufridos con el advenimiento del gigante agroindustrial. Tras este encuentro ocurrieron varios encuentros más que expandieron la comprensión, la urgencia, de transformar la región, compartir semillas por canales diferentes a las corporaciones y hasta con trabajo de reproducción semillera realizado en instalaciones penitenciarias de la zona, en proyectos muy loables.

A la par de estas reuniones comenzó el trabajo concreto de promover que El Limón se asumiera un municipio agroecológico, promoviendo el acopio de información, la elaboración de un dictamen, la proliferación de reuniones de discusión, pero sobre todo de talleres que impulsaran, desde la base campesina amplia de la región, la conciencia de que un cambio no sólo era posible sino urgente. Comenzaron también a proliferar proyectos de largo alcance, como el huerto escolar del ejido La Ciénega. Con niñas y niños en casa la gente comenzó a imaginar y a ejercer la siembra con esa población infantil mediante las actividades esenciales del cultivo, el riego, la reproducción de la vida y los quehaceres domésticos, las plantas medicinales y de cocina, la importancia de la vida cotidiana, la recolección de residuos orgánicos y la acumulación y elaboración de composta.

Fomentar la agricultura de temporal, las huertas de árboles frutales, la disponibilidad y salud del agua, la distinción entre una agricultura urbana, los huertos de frutales, la agricultura de riego, la agricultura de temporal, los sistemas silvopastoriles y los viveros, ampliando el vivero municipal a especies de frutas y verduras criollas o propias de la región.

Los logros y la presión social fueron empujando a las propias autoridades (enfrentadas a la dramática constatación del envenenamiento general debido a la agricultura industrial) a tomar decisiones radicales que sin duda inician una transformación profunda en la región.

Así, se realizó un detallado y puntual dictamen (que se transformó en declaratoria) que puede ser un ejemplo para la infinidad de comunidades y municipios que sufren esta misma contaminación, este envenenamiento expreso por parte de quienes dicen producir alimentos y que no hacen sino pensar en dividendos y no en los alimentos o la salud ambiental o comunitaria.

En los antecedentes se señalaba: “México fue uno de los países pioneros en la mal llamada ‘revolución verde’, que generó un ciclo de dependencia a los insumos de combustibles fósiles y reemplazó la diversidad y sabiduría campesina por los paquetes tecnológicos con agrotóxicos. En la actualidad, el Gobierno de Jalisco y su proyección de un campo orientado a los cultivos agroindustriales de exportación, sigue con la intención de dedicar el trabajo del campo, la mano de obra, el agua y el suelo a producir mercancías disfrazadas de alimentos”. Entonces se insistía: “En nuestra región, el valle de El Limón-El Grullo-Autlán, se demostró la presencia de agrotóxicos en sangre y orina del 100% de niñas y niños muestreados, siendo quienes son más vulnerables por estar en su etapa de formación y crecimiento. Esto nos alerta y obliga a tomar decisiones para impulsar y mejorar la salud de nuestros habitantes y del medio ambiente. Frente a esto, el municipio de El Limón, Jalisco, propone una ruta de producción, transformación e intercambio sustentable de alimentos, que rompa con el ecocidio y con negativa de los vínculos entre sociedad y naturaleza”.

La firma de la declaración ocurrió al presentarse el resolutivo el primero de mayo durante el Festival de las Frutas y las Semillas nativas organizado por el Grupo de Agricultura Orgánica de la Ciénega y el Colectivo por la Autonomía

La declaración de ser un municipio agroecológico se firmó “a efecto de garantizar, promover y proteger los derechos de campesinas y campesinos de esta población y garantizar su soberanía alimentaria, dentro de la cual se comprenden sus derechos a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, así como sus derechos a definir sus propis sistemas de alimentación y agricultura”. Después se procedió a establecer las acciones que pudieran instrumentar dicha declaratoria, para que ésta no fuera vacía.

Esto no es cualquier cosa.

En el momento que vive el país y en medio del diferendo entre las instituciones y la sociedad civil rural y urbana, que la población de una región logre que sus autoridades municipales den el paso de asumir acciones contundentes permite una brecha para que la voz de la gente se abra paso. Como dice la abogada Evangelina Robles González, integrante de la Red en Defensa del Maíz y una de las decididas promotoras de esta transformación autogestionaria en la zona, “El origen de la ley es la costumbre. Esta declaración refleja algo que ya se vivía en la comunidad desde hace muchos años […] la dependencia a los agroquímicos es insostenible pues violenta el bosque, provoca deuda económica y enferma a la población”. Así lo declaró a  Letra Fría, esta activista también integrante del Colectivo por la Autonomía, con sede en El Grullo.

Olvidados de lo que ocurre en las regiones, o haciendo caso omiso de estas transformaciones, tanto Bayer-Monsanto como el Consejo Nacional Agropecuario interpusieron sendos amparos ante las acciones del famoso decreto ya comentado más arriba, que prosperaron en un principio, y que hace unos días fueron revocados. Primero el de Bayer-Monsanto y apenas ahora el que interpuso el CNA.

Si bien dicho amparo parecería ser provocado por la contundencia del cuestionado decreto, no puede verse sino como una “cura en salud” de parte de Bayer, que no quiere ver cuestionada su razón de que “el glifosato no hace daño” ni aumentar la cauda enorme de juicios en su contra.

Y debe quedar claro que el amparo fue interpuesto teniendo permiso para importar glifosato como lo estableció Conacyt en los comunicados mencionados. Después, el juzgado sexto en materia administrativa del Distrito Federal, y el noveno tribunal colegiado en materia administrativa  lo echaron abajo fácilmente dando tácitamente la razón a lo expuesto por la Red, al considerar que “actualmente los efectos de dicho instrumento no implican la prohibición, mucho menos sanción del empleo de dicho agente químico por los particulares…”

Así, el documento en cuestión queda blindado aunque sea un poquito por la acción del juez, pero la interrogante continúa: mientras en un municipio jalisciense se arman de valor y dan un paso trascendente y comprometedor, a nivel federal, las corporaciones y sus Consejos de cabildeo siguen utilizando glifosato, y envalentonadas hasta piden amparo contra algo que todavía no opera… y mientras, las piezas se desacomodan.

Mejor voltear a la tierra, y hacerle caso a la gente que seguirá luchando por un futuro diferente.

Fuente: Desinformémonos