Un Gobierno abrazado al extractivismo

“Hay que cuidar la casa común”, instó el presidente Alberto Fernández. Y prometió: “Seré el primero en jurar por el ambiente”.

En sus once meses de mandato, con pandemia e incendios mediante, dejó clara su decisión: impulso a la megaminería, apuesta a Vaca Muerta, luz verde a un plan para profundizar el agronegocio, megafactorías de cerdos para China y aprobación del primer trigo transgénico del mundo, con uso del peligro agrotóxico glufosinato de amonio.

Discurso ambiental y políticas extractivas.

Relato

21 de julio a la mañana. El presidente Alberto Fernández mantiene una charla en vivo con jóvenes de diferentes provincias, transmitida por la TV Pública. “La Argentina que tenemos que construir es una Argentina medioambientalmente sustentable, dejar de producir contaminando. Dejar de infectar el aire que respiramos, dejar de ensuciar el agua que tomamos. Esa es una oportunidad que tenemos. Eso (el ambiente), que tanto le preocupa a los jóvenes, hay que cuidarlo mucho. Esta es nuestra casa, la Argentina es nuestra casa, el mundo es nuestra casa. Y no tenemos derechos a seguir destruyendo y maltratándola como hasta ahora. Y que no me vengan con los argumentos económicos para tratar de sostener que sigamos contaminando al mundo”.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, twiteó el discurso presidencial. Celebró la postura ecológica del primer mandatario.

El mismo día, seis horas después, Alberto Fernández tuvo una reunión online ante el Consejo de las Américas, donde confluyen grandes corporaciones estadounidenses. Fue transmitida por videoconferencia. Y les hizo una extensa invitación a explotar los recursos naturales de Argentina: “Tenemos para adelante muchas oportunidades para invertir en el país. Tiene riquezas en hidrocarburos, Vaca Muerta (…) La minería tiene un enorme potencial. Un mundo que luego de la pandemia seguramente reclamará alimentos tiene una enorme oportunidad en Argentina, porque Argentina es un enorme productor de alimentos y como país tenemos que comenzar a pensar cómo desarrollamos la agroindustria y como el Estado ayuda a ese desarrollo. Lo ideal sería dejar de vender alimentos para los animales que otros tienen y comenzar a alimentar a nuestros propios animales y vender nuestra carne faenada. Siento que además tenemos una enorme actividad pesquera que está absolutamente poco desarrollada y que podría ser una gran oportunidad para Argentina.”

El 21 de septiembre, el Presidente recibió en la quinta de Olivos a organizaciones ambientales, entre ellas. Jóvenes por el Clima y la Alianza por el Clima.

Alberto Fernández volvió sobre su discurso ambiental. Instó a “dejar de contaminar”, afirmó que “una humanidad que no cuida el mundo es como un habitante que no cuida su hogar” y pidió dejar de “maltratar la casa común”.

Propuso que los niños de cuarto año de escuela primaria, al momento de prometer a la bandera argentina, juren también por el ambiente. Y fue tajante: “Debemos ponernos firmes (frente a las corporaciones), porque en caso contrario se privilegiaría la rentabilidad de unos pocos en perjuicio de las inmensas mayorías“.

Gobierno transgénico

“Es un paso hacia la soberanía alimentaria”, afirmó Alberto Fernández a inicios de junio, cuando cuando anunció la estatización de la cerealera Vicentín.

Fue la primera vez que el Presidente mencionó esas dos palabras tan sentidas para los movimientos campesinos. El concepto es impulsado desde hace más de veinte años por el movimiento internacional  Vía Campesina (que reúne a 200 millones de campesinos en 81 países).

La estatización naufragó, la derecha ganó la calle, los apoyos al Gobierno fueron retóricos. Vicentín quedó en manos privadas, con deudas millonarios con el Estado y el Presidente no volvió hablar de soberanía alimentaria.

El Gobierno sí avanzó en diálogos con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un nuevo espacio que reúne al sector empresario del agronegocio. Su plan para la próxima década ya tiene nombre: “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.

Se trata de la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, más hectáreas sembradas, más transgénicos y agrotóxicos.

En el documento de presentación, de 19 carillas, explicitan qué buscan: “Definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas”. La promesa, que tanto sedujo al Gobierno, es aumentar en 35.000 millones de dólares las exportaciones (pasar de los 65.000 actuales a 100.000 millones) y “generar 700.000 empleos”. No precisa cómo llegarán a esas cifras, pero igual lograron que muchos artículos periodísticos lo dieran por cierto y difundieran como la salvación pospandemia.

El Consejo Agroindustrial está integrado por todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja).También están presentes tres de las cuatro patas de la Mesa de Enlace (Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentina -CRA-). Las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de Puertos Privados, entre otros.

El Consejo Agroindustrial se reunió, en solo tres meses, con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), al canciller Felipe Solá; con los ministros de Agricultura (Luis Basterra) y Desarrollo Productivo (Matías Kulfas). Lograron el apoyo de los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti), Entre Ríos (Gustavo Bordet), Santa Fe (Omar Perotti) y Chaco (Jorge Capitanich). También se entrevistaron (el 30 de julio) con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y con el Presidente (el 4 de agosto, en la quinta de Olivos). “En toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”, resumió Alberto Fernández, reflejado por la agencia oficial Télam.

El 14 de octubre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial publicó la resolución 216/2020 del Ministerio de Agricultura. Explicita en papel la profundización de agronegocio: llegar a las 200 millones de toneladas para 2030, lo que incrementará la producción en 60 millones de toneladas. Propone beneficios fiscales, acceso a financiamiento y amortización acelerada de bienes de capital, entre otras, para “la reactivación agropecuaria para una Argentina de pie”.

El aumento en las toneladas implica el avance sobre nuevas hectáreas, con más desmontes, desalojos y más uso de agrotóxicos.

En el anexo de la resolución oficial se reconoce que planea “recuperar” entre 500 mil y un millón de hectáreas al modelo actual.

Agrotóxicos y transgénicos en el pan

El Gobierno aprobó el primer trigo transgénico del mundo, con uso de los agrotóxicos glifosato y glufosinato de amonio.

Se trata de una semilla modificada genéticamente por la empresa Bioceres-Indear, donde son accionistas los millonarios Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel. Una persona clave es la científica del Conicet Raquel Chan, que –con subsidios estatales– desarrolló un gen supuestamente resistente a la sequía.

Con amplia publicidad mediática, la semilla fue aprobada en 2018 por la cuestionada Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio estatal dominado por las mismas empresas que comercializan los transgénicos.

Sólo restaba la firma de la Secretaría de Mercados (del Ministerio de Agricultura). Era un trámite burocrático, casi automático. Pero el gobierno de Mauricio Macri no dio luz verde por el rechazo de los propios empresarios del agro y el temor a perder mercado de exportación (que no aceptan el trigo transgénico).

El 9 de octubre, en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció la aprobación del trigo transgénico.

Más de 250 organizaciones sociales, campesinas y ambientales retomaron la  campaña “con nuestro pan no”, iniciada hace tres años, cuando comenzaban los intento de lanzar el transgénico. Calificaron la aprobación como un avance del agronegocio sobre la alimentación de los pueblos y la agricultura. Exigieron al gobierno nacional que dé marcha atrás con “la medida autoritaria que sólo puede explicarse por la sumisión a los intereses corporativos”.

Precisaron 20 puntos que justifican el rechazo. Entre ellos: porque multiplicará el consumo de agrotóxicos, porque contaminará a los trigos no transgénicos, porque los transgénicos promueven los monocultivos y éstos degradan los ecosistemas y la soberanía alimentaria, y porque no se garantizó la participación ciudadana en el proceso de aprobación de este evento transgénico.

“El trigo es la base de la alimentación de las y los argentinos. Con él se elabora el pan y gran parte de nuestras comidas que están basadas en sus harinas (otros panificados, empanadas, pizzas, pastas, tartas, entre otras). A partir de esta autorización, el trigo tendrá residuos de glufosinato de amonio al igual que las harinas y sus derivados, es decir, habrá glufosinato en alimentos básicos de consumo diario, hecho inédito en la historia de nuestro país, con lo cual toda la población estará expuesta a la ingesta de este veneno en su dieta diaria”, explicaron las organizaciones.

La aprobación del transgénico también provocó el masivo rechazo del sector científico: más de 1000 científicos del Conicet y de 30 universidad públicas nacionales se expresaron en rechazo. Fue en una carta abierta al gobierno nacional, donde solicitan que se cancele la aprobación del transgénico. “Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”, comienza el escrito, firmado por Alicia Massarini, Patricia Kandus, Rafael Lajmanovich, Walter Pengue, Haydée Norma Pizarro, Elena María Abraham, Matías Blaustein, Damián Marino, Patricia Puntos, Guillermo Folguera, Maristella Svampa, Juan Wahren y Damián Verzeñassi, entre otros.

La carta remarca que ya existen numerosas evidencias sobre las consecuencias negativas que producen los modos y los paquetes tecnológicos usados actualmente en la producción agrícola en Argentina, en Latinoamérica y en países centrales, especialmente en Estados Unidos. “Cientos de investigaciones sobre daños ambientales y sanitarios han sido publicadas en revistas científicas internacionales y muchos más testimonios y denuncias han sido impulsadas de manera sostenida por comunidades, trabajadores de la salud y movimientos sociales de nuestra región. Es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente”, afirman.

Además de cientos de firmas del Conicet, figuran investigadores de casi todas las universidad públicas de Argentina: del Litoral (UNL), de Buenos Aires (UBA), La Plata (UNLP), Rosario, Río Cuarto, Córdoba, Comahue, San Martín, Luján, San Juan Bosco, del Centro (Unicen), de Tucumán, de Quilmes, de General Sarmiento y de Cuyo, entre otras. También firmaron investigadores del INTA.

En contraposición, solo se expidieron a favor del trigo transgénico Raquel Chan (que trabaja con Bioceres-Indear); el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza; y la presidenta del Conicet, Ana Franchi.

Megaminería

“El acceso al agua es un derecho humano”, afirmó el Presidente el 21 de octubre en un acto junto a los gobernadores Omar Perotti y Juan Schiaretti.

Es justamente una de las banderas de lucha de las asambleas socioambientales de todo el país, que complementan con “el agua vale más que el oro”.

El 14 de octubre, en el 56° Coloquio de IDEA (organización autodefinida como “la voz activa del empresariado argentino”), el Presidente remarcó los caminos para salir de la crisis económica: “Tenemos la posibilidad de desarrollar la minería, que es una actividad que todavía no se ha desarrollado lo suficientemente bien, y que cumpliendo con ciertos estándares sociales se puede desarrollar sin riesgo ambiental. Y ahí tenemos cobre, y ahí tenemos oro, y ahí tenemos plata, y ahí tenemos litio que es la reforma energética del futuro”.

El 3 de agosto, el Gobierno publicó en el boletín oficial la Resolución 47/2020. El artículo 1 establece: “Apruébase la planificación de la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo para el ‘Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino’, con el propósito de consolidar a la actividad minera en el desarrollo productivo nacional”.

“El Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino para los próximos 30 años propone consolidar el rol de la minería en el desarrollo productivo nacional y las condiciones que se requieren para aprovechar en plenitud las oportunidades que esta ofrece”, destaca el boletín oficial. Señala “la institucionalización de la vinculación pública privada para el desarrollo productivo minero”, el incremento de ingresos fiscales por exportación, “simplificación de procesos y flexibilidad para la competitividad del sector”.

En el anexo de la resolución 42020 se detallan las acciones consideradas estratégicas: potenciar el desarrollo del sector minero, promover inversiones en la exploración y explotación. Cuenta con un punto específico para cambiar la imagen negativa de la megaminería: “Cuarto objetivo estratégico será comunicar a la comunidad el potencial de la minería en el marco del modelo de desarrollo productivo nacional, procurando la difusión y la legitimación de la actividad minera”.

No menciona regiones ni proyecto en carpeta, pero desde hace años que son públicas los intentos de nuevos proyectos en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El 30 de julio, un mes antes de la publicación en el boletín oficial, ya funcionaba la mesa de fomento de la megaminería, encabezada por los ministros de Ciencia, Roberto Salvarezza, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También estuvieron presentes, todo en videoconferencia, el secretario de Minería, Alberto Valentín Hensel; la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci; y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Alberto Hensel es muy conocido en San Juan, donde fue Ministro de Minería, negador de los impactos de Barrick Gold en la provincia (incluso luego del derrame de 2015). Fue ascendido a Secretario de Minería de la Nación. Nunca ocultó su deseo y esfuerzos por el avance de la actividad, aún en provincias donde ya se expidieron por el rechazo.

El 23 de octubre Hensel participó de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado Nacional: “Acompañamos la iniciativa del gobernador de Chubut de desarrollar la minería en la meseta. También tratamos de aportarle a la provincia todos los instrumentos térmicos, legales, económicos y sociales que fuimos desarrollando”, afirmó ante los legisladores.

Confirmó el desarrollo del Plan Estratégico Minero para definir “las reglas de juego para los próximos 30 años y propuso lo insólito: “Apuntamos a una minería más verde”.

Al día siguiente, comunidades indígenas y asambleas socioambientales de Chubut le respondieron con  un comunicado. “Repudiamos el accionar del secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel; del gobernador Mariano Arcioni; de la Subsecretaría de Minería de Chubut, y de los jefes comunales que sirven de lacayos de las empresas megamineras, y buscan instalar en el territorio que habitamos sus actividades destructivas y contaminantes. Todos estos personajes, menosprecian y ningunean nuestra voluntad de defender el territorio y el agua, de cuidar nuestra salud, y nuestra posición en contra de la megaminería”, destacó el documento firmado por las comunidades mapuche-tehuelche Los Pino, Mallín de los Cual, Yala Laubat, Ñuke Mapu, Laguna Fría-Chacay Oeste y la asamblea de Vecinxs Autoconvocdxs de Gan Gan por el No a la Mina.

Exigieron el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios, reconocidos por el Estado argentino en el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“El discurso de Hensel en el Senado de la Nación es una muestra más del ninguneo, enunciando conceptos que son falsos y contradictorios como ‘minería sustentable’, ‘minería ambientalmente sostenible’ o ‘responsabilidad social empresarial’”, denunciaron las comunidades indígenas y advirtieron: “Seguiremos defendiendo el territorio de las empresas extractivistas que solo dejarán contaminación, pobreza y muerte”.

Vaca Muerta

“Tenemos nuestros recursos hidrocarburíferos. En los próximos días, en Vaca Muerta, vamos a estar anunciando el Plan Gas, que es un plan que seguramente va a generar mucha inversión en esa zona y en la Argentina, y va a dar trabajo. Tenemos un potencial enorme de producción que nos garantice el gas que necesitamos y tengamos hasta excedentes exportables de gas”, propuso Alberto Fernández el 14 de octubre, en el  encuentro de IDEA.

El 15 de octubre, el Presidente aterrizó en el Yacimiento Loma Campana de Vaca Muerta para presentar el  “Plan Gas Argentino 2020-2030”.

“Estoy feliz de de estar en Vaca Muerta, era una aspiración que tenía desde hace mucho tiempo, conocer cómo era el corazón de la energía argentina (…) Trajimos un plan que vuelve a convocar a estos actores de estos mercados hidrocarburíferos a confiar en la inversión, a producir más, a darle a la Argentina el gas que necesitan los argentinos para vivir y la industria para producir”, celebró. La agencia oficial Télam precisó que la medida tendrá una carga fiscal de 5062 millones de dólares, hasta el 2024.

El Presidente anunció que YPF invertirá 1800 millones de dólares en tres años. “Esto no es un gasto, esto es una inversión, es una inversión para que estemos todos más tranquilos, para que tengamos el gas que nos hace falta, para que podamos seguir con la exportación de gas porque Vaca Muerta, gracias a Dios, nos permite eso, y ese gas que exportamos son divisas que ingresan y que también nos hacen falta. Así que hoy es un día de alegría”.

Desde Greenpeace cuestionaron la iniciativa: “Reforzar los incentivos a la producción del gas y de los combustibles fósiles en este contexto de emergencia climática es negar las evidencias científicas y volver a recetas que ya fracasaron”. Y recordaron que la Patagonia de Argentina cuenta con uno de los mejores recursos eólicos en el mundo y el norte del país tiene un enorme potencial en radiación solar.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) recordó que en 2019 los subsidios del Gobierno a las empresas petroleras equivalió a 15 millones de Asignación Universal por Hijo. “El Plan Gas es otra medida más a favor de un modelo de extracción que prioriza la necesidad de generar divisas sin considerar el cuidado del ambiente”, destacó FARN.

Certezas y dudas

“Si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo”, pidió Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, al asumir su mandato.

Todos los sábados hay marchas en Andalgalá (Catamarca) contra la megaminería. Ya contabilizan 558 marchas en rechazo al extractivismo y, en particular, al proyecto Agua Rica (impulsado por Provincia y Nación).

Todos los 4 de mes se mantienen las manifestaciones en Esquel en defensa del agua. Desde hace diecisiete años.

En Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba se realizaron movilizaciones contra los incendios y por la defensa de los humedales. En la Ciudad de Buenos Aires se repitieron manifestaciones de Jóvenes por el Clima y de Extinción Rebelión (ambas organizaciones nacidas en 2019).

Una certeza: el Gobierno mantuvo su rumbo extractivo e intentará profundizarlo.

Y una duda: qué harán las organizaciones sociales y campesinas para exigir un cambio de rumbo.

Fuente: Agencia Tierra Viva